La Toma de Decisiones de Políticas Públicas por Referenda.

La Toma de Decisiones de Políticas Públicas por Referénda.

Artículo publicado el 25 Noviembre 2014 en www.eldiario.es

Este artículo analiza cómo las decisiones tomadas bajo el precepto de un individuo, un voto, puede generar en determinadas situaciones a la sociedad en su conjunto un coste social mayor que los beneficios que genera.

 

Recientemente algunos gobiernos autonómicos están tratando de utilizar las consultas ciudadanas para tomar decisiones de políticas públicas. El gobierno canario ha liderado la consulta popular acerca de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas, el gobierno catalán por su parte, ha liderado una consulta que pretendía que los ciudadanos actualmente residentes en Cataluña manifestaran su opinión acerca de la independencia del país. Ambas consultas tienen elementos en común: en primer lugar, ninguno de los dos gobiernos tenía capacidad ejecutiva, ni tampoco sus parlamentos capacidad legislativa sobre lo que se consultaba. La pregunta que me hago es: ¿si hubieran tenido capacidad para decidir hubieran hecho la consulta, o directamente hubieran ejecutado la política?

El segundo elemento en común es que tanto la consulta planteada por el Gobierno de Canarias como la del Gobierno de Cataluña, tienen como fin decidir sobre la ejecución de políticas públicas que tienen un impacto socioeconómico. Y eso las diferencia de las consultas de este tipo realizadas en España con anterioridad que han tenido siempre un perfil estrictamente político. En el caso de Canarias está claro. En el caso catalán podía haber tenido un trasfondo estrictamente político vinculado con la identidad, pero sus promotores argumentaron la independencia también por un motivo económico con el famoso “España nos roba”.

Si retomamos el ejemplo de la consulta del gobierno canario, recientemente un miembro del gobierno central en una entrevista con periodistas manifestó que como las competencias le pertenecen, en caso de referéndum sobre la extracción de hidrocarburos en Canarias, éste debería realizarse a nivel nacional. Durante la entrevista adelantó que el gobierno recibiría un 8% de los ingresos generados por Repsol, y que transferiría a las arcas canarias el 60%, entorno a 300 millones de euros anuales. En consecuencia se puede deducir fácilmente que los ingresos que retendría Repsol en su tesorería estarían entorno a 5.750 millones de euros anuales. Debido a que la petrolera es una empresa de capital principalmente no nacional el beneficio para la sociedad española serían exclusivamente los ingresos fiscales que se generaran, en torno a 500 millones de euros (300 millones para Canarias y 200 para el gobierno central).

Los costes en cambio sí serían exclusivamente para la sociedad canaria. Desde el momento en que se inicie la actividad extractiva, básicamente el impacto visual y el coste sobre la fauna marina. A esto hay que añadir el coste que generaría en las islas un posible vertido de hidrocarburos en el mar y que supondría, además de una pérdida de actividad económica para el sector turístico, el coste de la limpieza, a corto y a medio plazo la pérdida de producción pesquera artesanal e industrial, el coste medioambiental por la destrucción de flora y fauna marina en altamar, el daño medioambiental y por contaminación de los ecosistemas naturales en la costa, el coste derivado del abastecimiento de agua potable teniendo en cuenta que una parte muy importante se produce a partir de la desalación del agua de mar y, finalmente, el coste social de los efectos sobre la salud de los ciudadanos como quedó demostrado en las personas que intervinieron en la limpieza del vertido del Prestige en Galicia.

Si al comparar los beneficios y costes anteriores la rentabilidad socioeconómica resultara negativa, tomar la decisión por referéndum puede generar una situación al menos contradictoria y claramente ineficiente socialmente. Cabe la posibilidad de que una mayoría de la población residente fuera de las islas entorno a 44 millones de habitantes, manifiesten poca sensibilidad con los costes que soportarán los canarios (algo más de dos millones) y su economía, y se manifiesten a favor de la extracción. En ese caso la decisión tomada bajo el precepto de un individuo un voto generaría a la sociedad en su conjunto un coste social mayor que los beneficios que genera.

¿Cómo debería tomarse entonces la decisión? ¿Debe consultarse a los ciudadanos para tomar decisiones de políticas públicas de este perfil? Empecemos por la segunda cuestión. Como se ha demostrado en el ejemplo anterior, utilizar un referéndum para decidir sobre la ejecución de una política pública con un impacto socioeconómico supone tener en cuenta sólo el orden de las preferencias de los miembros de la sociedad. En consecuencia se pueden dar situaciones ineficientes como la del ejemplo que finalmente ejerzan un coste a la sociedad en lugar de un beneficio. En el ejemplo el motivo es porque el número de ganadores de la política es mayor que el de perdedores, pero en cambio las ganancias de los primeros no superan las pérdidas de los segundos.

Para responder a la primera cuestión, y tomar decisiones sobre políticas públicas con un impacto socioeconómico claro y definido, como las dos consultas citadas al principio de este artículo, es necesario tener en cuenta la intensidad de las preferencias de los ciudadanos, evaluando cuánto bienestar ganan los ganadores con la política y cuánto bienestar pierden los perdedores. De esa manera sí se garantiza un resultado eficiente para la sociedad, porque sólo si lo que ganan los ganadores es más que lo que pierden los perdedores, entonces la política sería deseable socialmente y la sociedad en su conjunto tendría una ganancia neta de bienestar positiva. Incluso en ese caso cabría la posibilidad de que los ganadores pudieran compensar a los perdedores y aún así seguir ganando bienestar. Es lo que se conoce como el criterio de compensación de Kaldor-Hicks. En caso contrario indiscutiblemente la política nunca debería llevarse a cabo.

¿Debía el gobierno de Canarias consultar sobre la aprobación de la política pública autorizar la extracción de hidrocarburos en Canarias?¿Debería hacerlo el gobierno central? En primer lugar la consulta pública promovida por el Gobierno de Canarias carece de valor ejecutivo porque no tiene competencias en esas políticas públicas. Tampoco debería hacerlo el gobierno central, porque la respuesta que reciba no refleja la intensidad de las preferencias de los ciudadanos. Lo que debería hacer el gobierno central es ofrecer a los ciudadanos la rentabilidad social de su política. Es decir, ofrecer la cifra de cuánto bienestar va a ganar la sociedad con esa política pública, de esa manera no habría lugar a dudas sobre su ejecución. Quiero agradecer la excelente colaboración de mis alumnos en la elaboración y discusión de este artículo.

El Sistema de Pensiones en España necesita una reforma que garantice la Equidad y su Sostenibilidad Financiera.

Artículo publicado en eldiario.es 11 Febrero de 2015

En España la base del sistema financiación de las pensiones se sustenta, principalmente, en la cotización a la seguridad social, un impuesto que grava exclusivamente las rentas del trabajo. Hasta hace unos años a medida que aumentaba el número de personas ocupadas por cuenta ajena y autónomos, la productividad, y los salarios, aumentaba también la recaudación por cotizaciones a la seguridad social. Eso permitió durante muchos años financiar mejoras en las pensiones y la incorporación de nuevos pensionistas al sistema. Sin embargo, la crisis económica en nuestro país se ha cebado particularmente en el mercado de trabajo, le ha dado la vuelta a ese proceso, y ha transformado el mecanismo de financiación de las pensiones en España en un sistema no sostenible financieramente.

En los últimos tres años los ingresos por cotizaciones a la seguridad social no han sido suficientes para pagar las pensiones, lo que ha obligado al gobierno a retirar más de 33.000 millones de euros del fondo de reservas de pensiones para poder hacer frente a los pagos. El saldo del fondo a final de 2013 era sólo de 53.744 millones de euros. La previsión para el 2015 es que el gasto total en pensiones contributivas será de 109.000 millones de euros.

La ley, 23/2013 de 23 de diciembre, propuesta por el gobierno actual y aprobada en el congreso, se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. Hasta ahora el ritmo de la inflación definía su ajuste anual, el nuevo sistema cambia radicalmente el método de actualización y lo hace depender entre otras variables del equilibrio financiero entre ingresos y gastos. En caso de desequilibrio financiero como en el que nos hemos encontrado en los últimos tres años la nueva legislación lleva directamente a que se aplique la subida mínima del 0,25% a todos los pensionistas por igual. Esto ha supuesto por ejemplo una subida de 1,25 euros al mes para una pensión media de 500 euros. La previsión realizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es que al menos hasta el 2020, el sistema siga siendo deficitario y en consecuencia previsiblemente se seguirá aplicando la misma subida anual en los próximos años. La aplicación de la tasa perjudica doblemente a los ciudadanos con subsidios más bajos, porque reciben un aumento menor en términos absolutos.  

Las políticas de extensión de la edad de jubilación propuesta por algunos economistas y puesta en funcionamiento por el gobierno es sólo un mal parche que no soluciona el problema. La extensión de la edad de jubilación puede ser posible en grupos de población que no tengan un trabajo físico exigente o repetitivo. Quiero decir con esto que para un profesor de universidad puede ser posible extender su vida laboral más allá de los 65 años que establece la legislación actual en España, sin embargo, llegado a esa edad un trabajador de la tierra, por ejemplo,  tendrá pocas posibilidades de hacerlo por las características de su trabajo. Teniendo en cuenta las condiciones del mercado laboral en España parece poco probable que una persona que pierda su empleo en edades tan avanzadas vuelva a recuperarlo. La pérdida del empleo y en consecuencia de la cotización a la seguridad social, penalizará además a esas personas en la recepción de la cuantía de sus pensiones. Por otro lado, la aplicación de tasas del 0,25% como prevé la ley deja completamente desfasada la política de estado sobre las pensiones, estas deben servir para garantizar una condiciones de vida de subsistencia digna por incapacidad laboral de las personas, ya sea por la edad, o por motivos de enfermedad,  en cambio el gobierno abandona ese criterio aprobando una ley que condiciona el pago a la recaudación del impuesto de la seguridad social.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad no cabe duda que el actual sistema de financiación ha quedado obsoleto y debe ser modificado completamente para garantizar el cumplimiento de las preferencias de la ciudadanos.

La Nueva Coyuntura Económica Mundial del Siglo XXI, Un Nuevo Marco Socioeconómico

Artículo publicado en www.Eldiario.es  .16 Julio de 2014

Entre 1960 y 2011, la población mundial ha pasado de 3,1 mil millones a 7 mil millones de habitantes, la perspectivas de la Organización de las Naciones Unidas en su informe World Population Prospects sobre el estado de la población mundial, es que en 50 años más la población mundial superará los 10 mil millones de habitantes. De manera paralela a la población ha crecido también la demanda de bienes y servicios, motivada además por un cambio en los patrones de consumo. Sólo hay que pensar en cuál era nuestra cesta de consumo en los años sesenta y setenta, y cuál es ahora. Para muchos países bienes y servicios que hace cincuenta años no formaban parte de la cesta de la compra, ahora se califican como de primera necesidad.
La calificación de bienes necesarios depende también del país en el que nos encontremos. Por ejemplo como referencia, según datos del Banco Mundial, en países como Malawi, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Madagascar, Uganda o Etiopía, menos de un veinticinco por ciento de la población tiene acceso a la electricidad. En países como Haití, Sudán Eritrea, Camboya, Zimbawe, Angola, Yemen o Nigeria el porcentaje no alcanza el cincuenta por ciento. En países como India, Indonesia, Nicaragua, Guatemala, Sudáfrica, Filipinas, Senegal, entorno al quince, treinta por ciento de la población no tiene acceso a esta fuente de energía.
En contraposición, en los países más desarrollados estos patrones ha llevado a una parte de la población a situaciones extremas con la adquisición de bienes que nunca utilizará. En ocasiones se adquieren bienes que cubren necesidades creadas artificialmente por las políticas de marketing de las empresas. En otros casos, se renueva bienes injustificadamente, de nuevo por una cuestión de imagen. Muchos se adquieren bienes que ofrecen prestaciones que nunca se utilizarán. En definitiva, en los países más desarrollados una parte de la población en algún momento cae en la trampa del derroche de recursos.
Es importante entender que cualquier bien o servicio tiene una traducción en recursos que son obtenidos de la naturaleza. De esta manera, la adquisición de cualquier tipo de bienes y servicios implica la obtención y consumo de recursos naturales que serán empleados en su producción y en el tratamiento de los desechos generan. Algunos de estos recursos naturales son renovables, otros no. Los renovables los reproduce la naturaleza, siempre que para su obtención y consumo se respete la tasa de regeneración biológica. Por ejemplo, puede regenerase un bosque, o un banco pesquero si cortan los árboles y se pesca de manera sostenible. El viento y el sol también son fuentes de recursos renovables, en este caso infinitos.
Sin embargo, la mayoría de los recursos naturales empleados en la producción de bienes y servicios, y en el tratamiento de los residuos generados, no son renovables. Se encuentran depositados en algún lugar del planeta, y una vez sean extraídos en su totalidad, simplemente se agotarán, o al menos dejará de ser rentable su extracción. El caso del petróleo es muy particular, la presencia en los procesos productivos de cualquier bien o servicio, y en general en nuestra vida diaria es muy alta, y la posibilidad de sustitución baja. Aunque la tecnología ha avanzado para generar procesos productivos más eficientes que elevan la producción de bienes y servicios con la misma cantidad de factores productivos, el aumento de la población, por un lado, y, los patrones de consumo de los países más desarrollados por otro, ha elevado considerablemente la demanda mundial de recursos naturales.
Un grupo de científicos ha definido La Huella Ecológica como la cantidad de recursos necesarios para cubrir la demanda de bienes y servicios de un individuo, y para absorber los desechos generados con su consumo, usando como base la tecnología actual. Por otro lado, la Biocapacidad de un país se define como su capacidad en función de la tecnología actual para producir bienes y servicios y para absorber sus desechos. La unidad de medida de la Huella Ecológica per cápita es el número de hectáreas que necesita un individuo para mantener su nivel de consumo actual, tanto para la producción de los bienes y servicios que consume, como para el tratamiento de los desechos que genera. La Biocapacidad per cápita mide el número de hectáreas que le corresponde para este fin.
A principio de los sesenta cada habitante del planeta disponía de una biocapacidad media de 3,7 hectáreas. El aumento de la población mundial y el agotamiento de algunas fuentes de recursos renovables y no renovables ha reducido la biocopacidad per cápita a 1,8 en el 2007. En cambio, la huella ecológica media del planeta, a pesar de las mejoras tecnológicas y a consecuencia del cambio en las pautas de consumo, ha aumentado de 2,4 en el año 1961 hasta 2,7 en el año 2007 (www.footprintnetwork.org). Esto quiere decir que en 2007 el planeta tenía un déficit ecológico (diferencia entre la biocapacidad y la huella ecológica) de -0,9. Es decir, en términos medios harían falta 0,9 hectáreas más por habitante para cubrir la demanda de bienes y servicios del planeta y tratar sus residuos. Algunos países como Estados Unidos con un déficit ecológico de -4,1 necesitan salirse de sus fronteras para poder mantener su nivel de consumo. Lo mismo ocurre con Reino Unido (-3,6), Alemania (-3,2), España (-3,8), Japón (-4,1), Corea del Sur (-4,5), China (-1,2) y una muy larga lista de países desarrollados. Sólo unos pocos países como Brasil y otros países sudamericanos, Rusia, Australia, Finlandia, Canadá, o la República Democrática del Congo y algunos de sus vecinos africanos aportan positivamente al consumo mundial de recursos naturales.
Esto implica en primer lugar, que una parte de la población mundial que principalmente reside en los países desarrollados está consumiendo los recursos que le corresponden, por paridad y también por frontera política, a una parte de la población que vive en algunos países menos desarrollados. En segundo lugar, la población actual del planeta consume recursos renovables y no renovables a un ritmo que no les corresponde y que generará irremediablemente escasez para las generaciones futuras. El nivel de consumo actual no sólo supone el agotamiento de los yacimientos como por ejemplo, el petróleo, sino que además generan un deterioro en muchos casos no recuperables de recursos renovables como por ejemplo los bancos pesqueros, los bosques, etc. El alto consumo de recursos está generando además importantes cambios en el clima que acentúan esa pérdida.
Algunos de estos países no han experimentado la crisis económica de este siglo y, han crecido, y siguen creciendo, a tasas importantes. Son los emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como países BRICS. En el caso de China, por ejemplo ha tenido durante más de veinte años entre 1990 y 2012 una tasa de crecimiento medio de su PIB superior al 10% (datos del Banco Mundial). Se trata de países con importantes recursos naturales, pero sobre todo con una población alta. Juntos sumaban en 2013 algo más de 3000 millones de habitantes lo que supondrá, sin duda cuando alcancen el nivel de consumo medio de los países desarrollados, un nuevo orden socioeconómico mundial. Los países desarrollados juntos sólo suman 900 millones de habitantes.
Dentro de un mismo Estado, el patrón derivado del déficit ecológico es el mismo, y tanto en países pobres como en países ricos se está produciendo una concentración de la riqueza. En España por ejemplo, Según la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España entre 2008 y 2011 la mediana (es decir el punto medio) de la renta de las familias en España se ha reducido un 8,6%, entorno a 2.400 euros menos al año. En 2012 la cifra de desempleo alcanzó el 26% (6 millones de personas) frente al 13,9% de finales de 2008. Según Eurostat, nuestro país presenta el peor índice de concentración de la riqueza dentro de la Unión Europea situándose sólo por detrás de Letonia. La investigación de los americanos Mishel y Gee ha revelado que en los últimos 50 años en estados Unidos el salario medio en términos reales ha aumentado sólo un 4%, mientras que el salario de los trabajadores con renta más alta se ha duplicado, y triplicado en el caso del 0,1% por ciento de la población con mayor retribución.
Algunos científicos y economistas se plantean cuestiones como: ¿es el planeta es capaz de soportar ese aumento creciente de la demanda de recursos naturales. ¿Existe paridad en el consumo de recursos del planeta?¿Cómo se está distribuyendo el consumo mundial de recursos naturales?¿Qué factores condicionan el consumo de recursos naturales de la población mundial?¿Son sólo países ricos los que más consumen recursos naturales?¿Están los países ricos depredando los recursos de los pobres?¿Qué futuro espera a las próximas generaciones?¿Pueden los estados hacer frente a la demanda de sus ciudadanos actuales con sus propios recursos?¿Qué pueden hacer los gobiernos para evitar un empobrecimiento de su población y mejorar su bienestar? En definitiva, ¿estamos ante un nuevo marco socioeconómico mundial?
Estas preguntas tratarán serán contestadas en el curso La Nueva Coyuntura Económica Mundial del Siglo XXI, un Nuevo Marco Socioeconómico de la Universidad de Verano de Maspalomas 2014 (http://www.universidadveranomaspalomas.org/materias/detalle/402).

Libro Evaluación Socioeconómica y Financiera de Políticas Públicas

PORTADApoliticaspublicas

 

Carmelo León González

             Manuel Romero Hernández

            María Victoria Ruíz Mallorquí

            Heriberto Suárez Falcón

Síntesis

Con la ejecución de las políticas públicas un gobierno persigue fundamentalmente dos objetivos, por un lado garantizar la prestación de bienes y servicios en condiciones de máxima rentabilidad socioeconómica, y por otro, corregir las alteraciones de equidad en la distribución de la riqueza. La presencia de fallos de mercado como la información imperfecta, la existencia de empresas privadas con poder de monopolio, la provisión de bienes públicos, y finalmente las externalidades, necesitan de la intervención pública para garantizar el primer objetivo de generación de bienestar social.

La políticas públicas requieren de recursos financieros para su ejecución, y la principal fuente de la que disponen los gobiernos son los impuestos. Esto supone detraer recursos de la iniciativa privada, y salvo en el caso de que se recauden para corregir externalidades, siempre generan una contracción del bienestar en los mercados de donde son detraídos. Cuando los impuestos son directos, su recaudación también implica una disminución de la renta disponible en manos privadas y consecuentemente una contracción de la economía. Es lo que se conoce como coste de oportunidad o precios sombra de los fondos públicos. Esta intervención pública está justificada si el resultado es una corrección de la distribución de la riqueza aceptable socialmente y si los fondos invertidos en el resto de políticas públicas generan un aumento de bienestar superior al coste de oportunidad de los fondos invertidos.

La evaluación socioeconómica determina el beneficio social neto de cualquier política pública financiada con fondos públicos y/o privados. Esto permite definir qué políticas sobrepasan el umbral de rentabilidad exigido a los fondos y qué alternativas son las que aportarán mayor rentabilidad a la sociedad. Se trata de una herramienta de trabajo que elimina incertidumbre y arbitrariedad, e introduce racionalidad en la inversión de fondos públicos.

La inversión de fondos públicos y privados en la ejecución de proyectos de inversión y políticas públicas tiene dos vertientes, por un lado, a nivel microeconómico, están destinados a solucionar necesidades concretas de los usuarios y empresas. Por otro, a nivel macroeconómico, la inversión en infraestructuras juega un papel determinante en la estimulación del crecimiento económico de un país o de una región económica.

Sólo invirtiendo racionalmente los recursos públicos es posible garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo del bienestar de una sociedad. El objetivo de este libro es analizar en profundidad como se evalúan las políticas con el objetivo de determinar su conveniencia socioeconómica. Acompañar la evaluación socioeconómica de un análisis financiero permitirá determinar también la viabilidad financiera de la política pública. Su ejecución está acompañada necesariamente de sus necesidades de financiación. El análisis financiero además de determinar su viabilidad financiera permitirá programar las necesidades de disponibilidad de fondos a lo largo de su vida útil.

El libro va dirigido a economistas e ingenieros con responsabilidad en la evaluación económica y financiera de proyectos de inversión y políticas públicas, y en especial proyectos y políticas donde sea necesaria una evaluación medioambiental. También puede ser usado por profesionales y académicos que deseen una guía de referencia avanzada ya que resuelve algunos aspectos menos desarrollados por la literatura.

Este trabajo realiza una aportación científica seria y rigurosa a la escasa literatura existente en España en materia de evaluación económica y financiera de proyectos de inversión y políticas públicas y complementa la escasa literatura que existente en nuestro país en esta materia.

El libro está estructurado para que pueda ser usado como una guía completa de evaluación económica. Se presenta en ocho capítulos además de una sección dedicada a la presentación de cuatro casos reales. El primer capítulo introductorio justifica la necesidad de la intervención pública para garantizar el bienestar social y define como deben seleccionarse las políticas públicas para garantizar su conveniencia socioeconómico. El segundo capítulo analiza una serie de conceptos teóricos básicos que le permitirán al lector entender cómo se mide el beneficio social de un mercado, o cómo se alcanza el nivel máximo de riqueza social en un mercado. Este capítulo analiza también qué instrumentos permiten generar financiación pública al mismo tiempo que se genera eficiencia en un mercado. Se demuestra que el esfuerzo por garantizar máximo bienestar socioeconómico debe ir enfocado no sólo a conseguir una mayor dotación presupuestaria sino también a implementar una política tarifaria que garantice una utilización eficiente de los recursos disponibles.

En el tercer capítulo se analizan los conceptos teóricos que fundamentan la cuantificación de los beneficios que genera la implementación de una política pública. Se analiza como la inversión de fondos públicos en políticas públicas buscan habitualmente solucionar problemas en el mercado donde se ejecutan, pero también cabe la posibilidad de que la intervención se realice en el mercado primario para ejercer un efecto sobre un mercado secundario. Este capítulo analiza el impacto de las políticas públicas y proyectos de inversión en mercados donde no existe competencia y donde existe la presencia de algún tipo de externalidad tecnológica.

En el cuarto capítulo se formaliza matemáticamente la estructura productiva de una empresa, formalización que es trasladable también a cualquier servicio público en general. A continuación se analiza cómo se determina el coste de oportunidad o precio sombra necesario para cuantificar el verdadero coste social de los inputs de una política pública. Finalmente, se analiza cómo deben tratarse la utilización de inputs no renovables en la implementación de políticas públicas.

Muchas políticas generan beneficios y costes que en determinados casos pueden tener un impacto relevante sobre su rentabilidad socioeconómica pero para los que no existe un mercado que refleje un valor monetario. El libro dedica dos capítulos completos a este aspecto: el capítulo quinto está dedicado a la valoración de los ahorros de tiempo y el coste de la vida, y el sexto se destina a la medición de los impactos medioambientales.

La valoración y el análisis financiero de los proyectos de inversión resultan fundamentales con independencia de que dichos proyectos sean de carácter público o privado. Este tipo de análisis permite a una empresa, ya sea privada o de capital público decidir si un proyecto es viable financieramente, y hasta qué punto requerirá de la inversión pública y privada para su puesta en funcionamiento y posterior ejecución. Con este fin en el capítulo séptimo analiza cómo debe realizarse para una política pública la elaboración de estados financieros previsionales: balances, cuentas de resultados y estado de flujos de tesorería, cómo determinar la dimensión financiera de un proyecto de inversión, y el cálculo de indicadores básicos de la viabilidad del proyecto y de su rentabilidad financiera.

En el capítulo octavo se detallan los indicadores que permiten tomar decisiones como la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, la elección entre políticas mutuamente excluyentes, la jerarquización de proyectos que compiten por financiación y finalmente la elección del instante temporal de ejecución. Finalmente se introduce el análisis de riesgo en la toma de decisiones que afectan a un proyecto de inversión. El capítulo nueve recoge cuatro casos prácticos reales que muestra la aplicación de la metodología.

Ed. Septem

Disponible en digital en:

http://www.septemediciones.es/2014/09/novedad-editorial-evaluacion.html

LA ECONOMÍA CANARIA REQUIERE UNA POLÍTICA DE REGULACIÓN DE SU INDUSTRIA TURÍSTICA

LA ECONOMÍA CANARIA REQUIERE UNA POLÍTICA DE REGULACIÓN DE SU INDUSTRIA TURÍSTICA

Artículo publicado en el diario ABC Madrid en el año 1998.

La ley de moratoria turística aprobada este año por el ejecutivo canario paraliza de forma temporal el crecimiento de las construcciones destinadas a explotación turística en el archipiélago canario. De esta moratoria se salvan las construcciones destinadas a turismo rural y las instalaciones de alta calidad siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos de equipamientos complementarios. De esta manera el gobierno paraliza un modelo de crecimiento de la industria turística con el objetivo principal de no hipotecar el futuro económico y las condiciones de vida de las islas, y conservar su principal recurso, el territorio.

La cuestión que cabe plantearse es si esta ley tiene fundamento económico que la respalde, y si la paralización de la construcción puede plantearse como una medida de equilibrio de largo plazo. Lo correcto técnicamente para responder a esta cuestión es evaluar económicamente su impacto. Para ello se comparan los beneficios y costes socioeconómicos de esta política con el objetivo de determinar su rentabilidad socioeconómica. Esto requiere de un estudio exhaustivo que no es posible resolver en un artículo de estas características, aunque sí es posible poner de manifiesto una serie de cuestiones que permitirá aclarar y encaminar los resultados esperados. Los costes de esta política deben medirse por lo que se ha dejado de ganar al paralizar el crecimiento de la oferta turística, este coste queda reflejado por el valor de la producción perdida, es decir, lo que hubiera aportado al producto interior bruto canario la expansión de la oferta turística, tanto de las empresas del sector, como de las empresas de los mercados secundarios que se han visto afectadas con la moratoria. Por otro lado, habría que contabilizar también la generación de empleo que se ha perdido. En los beneficios de esta política económica se encuentran los costes en los que no incurren las empresas del sector y todas las empresas afectadas de los mercados secundarios, es decir, los costes de los edificios turísticos, los costes de todo tipo de instalaciones que no se han llevado a cabo por esta política, como muelles deportivos, campos de golf, etc.

Pero además la industria turística genera un coste para las administraciones locales y otras empresas públicas y privadas que prestan servicios relevantes. Para la administraciones públicas porque el hecho de que la demanda se desplaza al lugar de la producción, obliga a financiar nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, puertos, servicios de transporte público (en muchos casos deficitarios), hospitales, centros de salud, servicios administrativos y judiciales, que se adapten a la población real de las islas (la población turística extranjera flotante está en torno al veinticinco por ciento de la de derecho, que no llega a dos millones). También genera costes para otras empresas que prestan servicios relevantes porque obliga a invertir en centrales térmicas para generar energía eléctrica, o a invertir en plantas potabilizadoras de agua para producir agua potable, o porque obliga a invertir en plantas de depuración de aguas residuales, etc.

La industria turística también genera costes externos importantes a la sociedad canaria en general como: la mayor presión demográfica genera un mayor deterioro de un ecosistema sensible, mayor congestión en las carreteras, en los servicios sanitarios, en el tratamiento de los residuos sólidos, tanto los propios turistas como la construcción de nuevas instalaciones generan residuos sólidos que tienen un coste importante de almacenamiento en unas islas con un territorio limitado. Finalmente el crecimiento de la oferta turística se hace en muchos casos en territorio sin construir lo que genera un coste importante sobre los recursos naturales que son la garantía de las condiciones de vida y de las generaciones futuras, pero también garantía del crecimiento económico futuro de las islas. Es importante aclarar no puede hablarse de demanda turística en un sentido homogéneo. La industria se ha diversificado en los últimos años con el fin de adaptarse al perfil de los consumidores, lo que ha dado lugar a diferentes mercados entre los que destaca por su importancia, el turismo rural, el turismo de alto poder adquisitivo, y el turismo tradicional que constituye la principal demanda de las islas. Los costes externos más importantes son los que generan éste último mercado debido a su tamaño y también a sus características. Los estudios económicos realizados por expertos en el sector demuestran que las políticas expansivas de la demanda turística generan una rentabilidad socioeconómica positiva.

Si bien esta afirmación es necesario matizarla: en primer lugar, esto es así siempre que en el precio de mercado de los bienes y servicios esté recogido el coste total social, que incluye el coste de las externalidades. Por otro lado, no hay garantía de que la generación de beneficio social se distribuya de forma equitativa entre los habitantes de las islas. Incluso puede ocurrir que el efecto sea el contrario, es decir, que esos resultados positivos queden en manos de un sector, y que, para que ese beneficio social se genere se deba hacer a costa de que los residentes soporten el coste de las externalidades que genera esta industria. Esto pone de manifiesto que si la propia industria turística soporta el coste social en el que incurren con su producción, es decir el coste de la producción más el coste de todos los efectos externos que generan, el mercado se autorregula en cuanto a su dimensión sin necesidad de que intervenga el gobierno más que para articular las medidas que garanticen que esto se cumpla. Por tanto, en estas condiciones cualquier expansión de la demanda turística promovida por la iniciativa privada, o incluso por políticas públicas asegura la generación de una rentabilidad socioeconómica positiva.

El principio económico que garantiza estas condiciones de mercado está presente en las políticas de tarificación de la Comisión Europea en otras industrias, cada agente económico debe pagar en función del coste que ocasiona. Aunque en los últimos años algunos economistas han adoptado el concepto de crecimiento sostenible o desarrollo sostenible para justificar y demandar la intervención del gobierno con el objetivo de regular la producción turística, prefiero hablar de intervención del gobierno para garantizar la internalización de los efectos externos que genera la industria, de manera que se garanticen situaciones de máximo bienestar y crecimiento económico. Cada mercado tiene su tamaño óptimo, y este tipo de políticas garantizan que el mercado por sí sólo es capaz de alcanzarlo.

La política del gobierno canario de paralizar el crecimiento de la oferta turística pone de manifiesto que el modelo de turismo de masas ha llegado en las islas a un nivel donde el aumento de la renta nacional que aportaría el crecimiento de este mercado no parece que llegue a cubrir los costes sociales que genera, como así lo evidencia el nivel actual de ocupación y alteración del territorio, de congestión presente en la carreteras que requieren nuevas ampliaciones, sobre todo en los municipios turísticos de Gran Canaria y Tenerife, congestión de servicios sanitarios, generación de residuos sólidos y aguas residuales que deben ser tratados, saturación de los canales de distribución eléctrica que ha generado cortes de energía en el sur de Tenerife, etc. Aunque la ley de moratoria es una medida temporal de limitación de la oferta turística articulada por el gobierno canario, su consolidación puede plantear serios problemas de eficiencia. La limitación artificial de la producción turística, artificial porque no es el propio mercado quien la define, no garantiza que la industria pague por el coste que ocasiona. Por otro lado, las condiciones cambiantes de la demanda y su heterogeneidad chocan con la inflexibilidad de este tipo de políticas.

Finalmente la moratoria genera rentas extraordinarias y pone en ventaja a las empresas que ya están dentro del sector, lo que no garantiza que las empresas que constituyan el sector a largo plazo sean las más eficientes, y por tanto, las que sean susceptibles de generar mayor riqueza a la economía canaria. Las políticas de regulación del sector deben ir encaminadas a repercutir el verdadero coste que genera la industria, de manera que éste quede reflejado en el precio final que se cobra al turista y que por tanto, adapte su consumo al coste real del servicio que recibe. Aquel famoso eslogan publicitario de los años setenta que demandaba ahorro energético, usted puede pagarlo, pero España no, se repite ahora en la economía canaria con la dimensión que ha alcanzado el turismo tradicional en las islas, debido a que los costes sociales que genera el sector son tan altos, que, tanto la economía canaria, como el territorio, debido su limitación física, no pueden soportarlos. El gobierno debe garantizar que el interés privado no hipoteque la conservación del principal recurso de la islas, el territorio, ni tampoco el crecimiento de la economía canaria como garantía de futuro para las generaciones presentes y futuras.

Realmente vivimos una crisis o un cambio de modelo, ¿qué opciones tiene España?

Artículo publicado en http://www.CanariasAhora.com  23 Enero 2012

El consumo de bienes y recursos lleva aparejado la generación de energía, por diferentes motivos: para la obtención de los recursos de la naturaleza, para su transformación, para su transporte, para su comercialización e incluso para su consumo. La emisión de CO2 puede ser utilizada como una aproximación de la utilización de energía, y del consumo de recursos naturales. Según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (www.iea.org) en el 2009 dos tercios de la emisión de CO2 fueron responsabilidad sólo de diez países en este orden: China, EEUU, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Canadá, Corea y Reino Unido, que en conjunto representan sólo un 45% de la población mundial. El caso de EEUU es destacado, con un 5% de la población mundial fue responsable del 18% de las emisiones de CO2. China con un 20% de la población total generó un 22% de la emisiones. En contraste, India con un 17% de la población mundial aportó un 5% de la emisión de CO2. Por sectores, la producción de energía eléctrica y calefacción son los responsables del 41% de las emisiones, el transporte el 23% y la industria el 20%. En España las fuentes renovables aportaron el 11,3% de la energía, la nucleares el 12,2%, el gas y el petróleo el 70,8%, finalmente el carbón aporta algo más del 6%.

La previsión de la Agencia Internacional de la Energía es que la demanda mundial de energía aumente hasta un 36% entre 2008 y 2035. Este crecimiento estará concentrado en un 93% en países no miembros de la OCDE, liderados fundamentalmente por China e India. En el caso de China, mientras que en el año 2000 su consumo de energía primaria era la mitad que la de Estados Unidos, ya en el 2009 su demanda superó a la americana. Para entender el alcance que esto puede tener y las consecuencias sociopolíticas hay que tener en cuenta que la población de China es de 1339 millones de habitantes muy superior a la de Estados Unidos (308 millones de habitantes), y la de la Unión Europea (501 millones de habitantes) juntos.

Estos datos muestran cómo se concentra el consumo de recursos naturales en nuestro planeta, y pone de manifiesto como la población de los países más ricos consumen los recursos de los más pobres, de manera insolidaria empleándolos en la satisfacción de necesidades no indispensables para la vida. La cuestión es que a este ritmo de crecimiento no hay recursos suficientes para todos en el planeta, pero no parece que el modelo vaya a cambiar. Por tanto, ¿cómo se ubicaran las intenciones de consumo de los nuevos países emergentes? La respuesta es que no hay normas que ordenen estas intenciones, tampoco es posible imponerlas. La realidad es que tampoco existen los derechos adquiridos para acceder al banquete de la distribución de la riqueza mundial, por lo que es posible que algunos países tengan pierdan su posición actual a favor de algunos emergentes.

La globalización implica apertura de mercados. Las economías abiertas aportan bienestar porque permiten aprovechar las ventajas comparativas de algunas economías en la producción de bienes y servicios. Sin embargo, lo que para algunos países puede resultar una gran ventaja porque se les abre nuevos mercados, para otros es una amenaza debido a que sus productos son poco competitivos en calidad y costes de producción. Básicamente hay tres tipos de modelos que permiten a los países generar poder adquisitivo para adquirir recursos, bienes y servicios en el mercado internacional. En primer lugar, se puede llegar a ser una economía con ventaja comparativa si se dispone de factores productivos baratos que permita vender sus productos en el mercado internacional a precios más bajos, y que atraiga inversiones internacionales. Es el caso por ejemplo, de algunos países asiáticos que se han beneficiado de disponer de una mano de obra barata. Una segunda opción es la capacidad de innovación. Los países más innovadores ganan ventaja comparativa y consiguen vender sus productos ofreciendo más calidad, se aprovechan de la reserva de mercados derivadas de sus patentes, y también tienen la posibilidad de ofrecer precios más bajos, si la innovación conduce a mejorar la productividad. Es el caso de los países más desarrollados como Alemania, Japón, Estados Unidos. Progresivamente China también se une a este tren. La innovación en la producción y utilización de la energía también reduce sus necesidades de recursos energéticos para abastecerse y por tanto abarata los procesos productivos. Finalmente, los países que posean los recursos naturales, adquieren la capacidad de compra con su venta, necesaria para emplearla en el mercado internacional de bienes y servicios. Es el caso de países como Noruega, o los estados productores de petróleo.

Mientras no haya un cambio tecnológico relevante que abarate la energía, la demanda creciente de recursos conducirá inevitablemente a un aumento del coste de las materias primas, entre las que está el principal recurso energético, el petróleo. El primer aviso de la que se avecina se observó en Julio del 2008 cuando el precio del barril escaló hasta 146 dólares el barril (www.iea.org) . Aunque seis meses más tarde bajó estrepitosamente hasta 35 dólares, el efecto sobre muchos estados desarrollados fueron tasas de crecimiento bajas, estancamiento, y hasta recesión en aquellos que tuvieron que adoptar medidas más restrictivas de gasto público. Desde ese momento la tasa de crecimiento del precio del crudo ha sido progresiva hasta alcanzar los 100 dólares actuales, lo que nos sitúa de nuevo a la altura del final del primer trimestre del 2008. La tasa de crecimiento esperada por la Agencia Internacional de la Energía para este año es del 9,4%, y para los próximos cinco años del 54,88%.

Los precios altos del petróleo se traducen de manera directa y escalonada, en un aumento de precios del resto de productos de la economía, sobretodo, el efecto es más importante en los más necesarios ya que son habitualmente los que tienen menos margen. Este efecto se tradujo en una escalada de la inflación y de manera inmediata en la aparición de las políticas monetarias constrictivas aplicadas por los bancos centrales. La tasa de crecimiento del PIB del 2007 en España fue del 3,8%, la del 2008 0,9%. Se corresponden con un tipo del euribor en el 2007 del 3,9%, y en Julio del 2008 alcanzó el 5,4%. En ese año también arrancó la crisis financiera. Entre otros motivos, porque quienes tenía que pagar no podían soportar los tipos tan altos, y porque los bienes que habían ofrecido en garantía habían sido sobrevalorados y no permitían cubrir sus impagos. Esto, unido a que la financiación pública se ha desviado a la recapitalización de los bancos y no al sector productivo, ha dado lugar a que algunos países europeos no han conseguido recuperar las cifras positivas de su crecimiento económico.

¿Pero que países son los que no están viviendo en crisis?, precisamente aquellos que cumplen con alguno de los tres modelos citados anteriormente, los países con reservas de recursos naturales, los que disponen de un proceso productivo de bajo coste, fundamentalmente por el coste de la mano de obra, y los países con más capacidad de innovación y menos dependientes del petróleo para la producción de energía. Así por ejemplo, no hay crisis para los países BRICS han hecho crecer su producto interior bruto en el 2010 a pasos de gigante, estos son: Brasil 7,5%, Rusia 4,0%, India 9,7%, China 10,3%, Sudáfrica 2,8%. Tampoco Estados Unidos, que creció un 2,9%, Alemania 3,6%, Francia 1,5%, Korea del Sur 6,1%, o Japón 5,1% (Fuente www.worldbank.org ). Si bien es cierto que algunos analistas pueden justificar la diferencias entre el crecimiento de EEUU y el de algunos países europeos debido a que mientras que el Banco Central Europeo insistía en mantener tipos altos para contener la inflación, la Reserva Federal ofrecía dinero público gratis; el entorno macro al que se han enfrentado todos los estado miembros es similar. O no?, la respuesta es no. España se sitúa sólo detrás de Irlanda, Italia, Portugal y Bélgica, con una dependencia energética del petróleo cercana al 80%, mientras que la media europea es del 54%.

¿Cuál es nuestro futuro?

Depende de las políticas públicas de nuestro gobierno. En primer lugar debe decir la verdad, y esta es que ya no hay crisis internacional, pero que nuestro país sí está en crisis. La población debe saber que estamos ante un cambio de modelo. Ahora le toca el turno a algunos países, que hasta ahora estaban fuera, convertirse en nuevos comensales del gran banquete de los recursos, y de los bienes y servicios, y a otros que han tenido gobiernos no diligentes y derrochadores, abandonar su lugar como comensales.

¿Qué políticas se deben articular en nuestro país para evitar la expulsión del grupo de privilegiados? En primer lugar, el primer horizonte cierto es que en 5 años el petróleo subirá más de un 50% y posteriormente tambiéncontinuará subiendo. Por tanto, cada minuto que no se ejecute una política pública que tenga como fin cierto cambiar nuestra dependencia energética de este recurso natural y de sus derivados nos cuesta dinero, nos empobrece y hace perder ventaja comparativa a nuestras empresas. Pero además la Unión Europea tiene previsto, a partir de 2013, someter a imposición las emisiones de CO2 derivadas del uso del petróleo y de sus derivados, lo que agravará este efecto. Sin duda, los dirigentes comunitarios saben que una manera de hacer más competitivas sus economías es reducir la dependencia energética del petróleo incentivando el abandono de su utilización. Teniendo en cuenta que cada minuto perdido tiene un coste, una buena manera de favorecer el cambio de modelo energético podría ser utilizar los ingresos obtenidos de la recaudación por CO2 para favorecer el uso de energías alternativas al petróleo que reduzcan nuestra dependencia energética.

Hay tres maneras de mantenerse en el tren del desarrollo económico en una economía global. En primer lugar disponiendo de reservas importantes de recursos naturales, preferiblemente energéticos, disponiendo de una mano de obra barata y de los incentivos fiscales adecuados que atraiga la inversiones de capital extranjero a producir en nuestro país. O bien, convertirnos en un país innovador y altamente eficiente, productiva y energéticamente. En el vagón de primera donde van los países con recursos no podemos subirnos, no al menos con la tecnología que existe hoy día. En el vagón donde van los países con un coste de la mano de obra barata tampoco, y además tampoco es lo deseable. Por tanto, el único vagón donde todavía podemos disputar algún asiento es donde van los países con mayor capacidad de innovación. Son países que sin disponer de recursos energéticos para autoabastecerse, y sin disponer de una mano de obra barata, ni mucho menos, han conseguido ser líderes de la economía mundial al ser capaces de ofrecer bienes y servicios innovadores y fuertemente demandados por el resto de la industria y la población mundial. Y es importante destacar que no son países con un coste de la mano de obra barata, pero en cambio, sí cualificada y con procesos productivos eficientes. Y para esto sí disponemos del recurso necesario, el capital humano. Pero sin embargo, la miopía política nos aleja lamentablemente de esta situación, al menos las cifras son muy reveladoras: en 2006 España invirtió un 1,2% del PIB en innovación, frente a la media del 2% de la Unión Europea, el 2,98 de Japón, o el 2,8 de EEUU. Y aunque con el esfuerzo de todos, nuestro sistema educativo es capaza de generar el potencial humano necesario para la innovación, la falta de visión hace que acaben siendo aprovechados por otros países.

Finalmente austeridad y recorte del gasto público no son sinónimos. La austeridad si implica la ausencia de derroche. La austeridad implica que deban ejecutarse sólo las políticas públicas que aporten una rentabilidad socioeconómica positiva. El recorte del gasto es positivo si se elimina el derroche. Pero en ningún caso se deben dejar de ejecutar políticas públicas que generen una rentabilidad socioeconómica positiva porque en ese caso estaríamos dejando de ganar riqueza. A ninguna empresa se le ocurre no ejecutar un negocio seguro que le vaya a proporcionar una rentabilidad positiva superior al mínimo exigido a sus inversiones.