LA ECONOMÍA CANARIA REQUIERE UNA POLÍTICA DE REGULACIÓN DE SU INDUSTRIA TURÍSTICA

LA ECONOMÍA CANARIA REQUIERE UNA POLÍTICA DE REGULACIÓN DE SU INDUSTRIA TURÍSTICA

Artículo publicado en el diario ABC Madrid en el año 1998.

La ley de moratoria turística aprobada este año por el ejecutivo canario paraliza de forma temporal el crecimiento de las construcciones destinadas a explotación turística en el archipiélago canario. De esta moratoria se salvan las construcciones destinadas a turismo rural y las instalaciones de alta calidad siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos de equipamientos complementarios. De esta manera el gobierno paraliza un modelo de crecimiento de la industria turística con el objetivo principal de no hipotecar el futuro económico y las condiciones de vida de las islas, y conservar su principal recurso, el territorio.

La cuestión que cabe plantearse es si esta ley tiene fundamento económico que la respalde, y si la paralización de la construcción puede plantearse como una medida de equilibrio de largo plazo. Lo correcto técnicamente para responder a esta cuestión es evaluar económicamente su impacto. Para ello se comparan los beneficios y costes socioeconómicos de esta política con el objetivo de determinar su rentabilidad socioeconómica. Esto requiere de un estudio exhaustivo que no es posible resolver en un artículo de estas características, aunque sí es posible poner de manifiesto una serie de cuestiones que permitirá aclarar y encaminar los resultados esperados. Los costes de esta política deben medirse por lo que se ha dejado de ganar al paralizar el crecimiento de la oferta turística, este coste queda reflejado por el valor de la producción perdida, es decir, lo que hubiera aportado al producto interior bruto canario la expansión de la oferta turística, tanto de las empresas del sector, como de las empresas de los mercados secundarios que se han visto afectadas con la moratoria. Por otro lado, habría que contabilizar también la generación de empleo que se ha perdido. En los beneficios de esta política económica se encuentran los costes en los que no incurren las empresas del sector y todas las empresas afectadas de los mercados secundarios, es decir, los costes de los edificios turísticos, los costes de todo tipo de instalaciones que no se han llevado a cabo por esta política, como muelles deportivos, campos de golf, etc.

Pero además la industria turística genera un coste para las administraciones locales y otras empresas públicas y privadas que prestan servicios relevantes. Para la administraciones públicas porque el hecho de que la demanda se desplaza al lugar de la producción, obliga a financiar nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, puertos, servicios de transporte público (en muchos casos deficitarios), hospitales, centros de salud, servicios administrativos y judiciales, que se adapten a la población real de las islas (la población turística extranjera flotante está en torno al veinticinco por ciento de la de derecho, que no llega a dos millones). También genera costes para otras empresas que prestan servicios relevantes porque obliga a invertir en centrales térmicas para generar energía eléctrica, o a invertir en plantas potabilizadoras de agua para producir agua potable, o porque obliga a invertir en plantas de depuración de aguas residuales, etc.

La industria turística también genera costes externos importantes a la sociedad canaria en general como: la mayor presión demográfica genera un mayor deterioro de un ecosistema sensible, mayor congestión en las carreteras, en los servicios sanitarios, en el tratamiento de los residuos sólidos, tanto los propios turistas como la construcción de nuevas instalaciones generan residuos sólidos que tienen un coste importante de almacenamiento en unas islas con un territorio limitado. Finalmente el crecimiento de la oferta turística se hace en muchos casos en territorio sin construir lo que genera un coste importante sobre los recursos naturales que son la garantía de las condiciones de vida y de las generaciones futuras, pero también garantía del crecimiento económico futuro de las islas. Es importante aclarar no puede hablarse de demanda turística en un sentido homogéneo. La industria se ha diversificado en los últimos años con el fin de adaptarse al perfil de los consumidores, lo que ha dado lugar a diferentes mercados entre los que destaca por su importancia, el turismo rural, el turismo de alto poder adquisitivo, y el turismo tradicional que constituye la principal demanda de las islas. Los costes externos más importantes son los que generan éste último mercado debido a su tamaño y también a sus características. Los estudios económicos realizados por expertos en el sector demuestran que las políticas expansivas de la demanda turística generan una rentabilidad socioeconómica positiva.

Si bien esta afirmación es necesario matizarla: en primer lugar, esto es así siempre que en el precio de mercado de los bienes y servicios esté recogido el coste total social, que incluye el coste de las externalidades. Por otro lado, no hay garantía de que la generación de beneficio social se distribuya de forma equitativa entre los habitantes de las islas. Incluso puede ocurrir que el efecto sea el contrario, es decir, que esos resultados positivos queden en manos de un sector, y que, para que ese beneficio social se genere se deba hacer a costa de que los residentes soporten el coste de las externalidades que genera esta industria. Esto pone de manifiesto que si la propia industria turística soporta el coste social en el que incurren con su producción, es decir el coste de la producción más el coste de todos los efectos externos que generan, el mercado se autorregula en cuanto a su dimensión sin necesidad de que intervenga el gobierno más que para articular las medidas que garanticen que esto se cumpla. Por tanto, en estas condiciones cualquier expansión de la demanda turística promovida por la iniciativa privada, o incluso por políticas públicas asegura la generación de una rentabilidad socioeconómica positiva.

El principio económico que garantiza estas condiciones de mercado está presente en las políticas de tarificación de la Comisión Europea en otras industrias, cada agente económico debe pagar en función del coste que ocasiona. Aunque en los últimos años algunos economistas han adoptado el concepto de crecimiento sostenible o desarrollo sostenible para justificar y demandar la intervención del gobierno con el objetivo de regular la producción turística, prefiero hablar de intervención del gobierno para garantizar la internalización de los efectos externos que genera la industria, de manera que se garanticen situaciones de máximo bienestar y crecimiento económico. Cada mercado tiene su tamaño óptimo, y este tipo de políticas garantizan que el mercado por sí sólo es capaz de alcanzarlo.

La política del gobierno canario de paralizar el crecimiento de la oferta turística pone de manifiesto que el modelo de turismo de masas ha llegado en las islas a un nivel donde el aumento de la renta nacional que aportaría el crecimiento de este mercado no parece que llegue a cubrir los costes sociales que genera, como así lo evidencia el nivel actual de ocupación y alteración del territorio, de congestión presente en la carreteras que requieren nuevas ampliaciones, sobre todo en los municipios turísticos de Gran Canaria y Tenerife, congestión de servicios sanitarios, generación de residuos sólidos y aguas residuales que deben ser tratados, saturación de los canales de distribución eléctrica que ha generado cortes de energía en el sur de Tenerife, etc. Aunque la ley de moratoria es una medida temporal de limitación de la oferta turística articulada por el gobierno canario, su consolidación puede plantear serios problemas de eficiencia. La limitación artificial de la producción turística, artificial porque no es el propio mercado quien la define, no garantiza que la industria pague por el coste que ocasiona. Por otro lado, las condiciones cambiantes de la demanda y su heterogeneidad chocan con la inflexibilidad de este tipo de políticas.

Finalmente la moratoria genera rentas extraordinarias y pone en ventaja a las empresas que ya están dentro del sector, lo que no garantiza que las empresas que constituyan el sector a largo plazo sean las más eficientes, y por tanto, las que sean susceptibles de generar mayor riqueza a la economía canaria. Las políticas de regulación del sector deben ir encaminadas a repercutir el verdadero coste que genera la industria, de manera que éste quede reflejado en el precio final que se cobra al turista y que por tanto, adapte su consumo al coste real del servicio que recibe. Aquel famoso eslogan publicitario de los años setenta que demandaba ahorro energético, usted puede pagarlo, pero España no, se repite ahora en la economía canaria con la dimensión que ha alcanzado el turismo tradicional en las islas, debido a que los costes sociales que genera el sector son tan altos, que, tanto la economía canaria, como el territorio, debido su limitación física, no pueden soportarlos. El gobierno debe garantizar que el interés privado no hipoteque la conservación del principal recurso de la islas, el territorio, ni tampoco el crecimiento de la economía canaria como garantía de futuro para las generaciones presentes y futuras.