Propuestas para un Sistema de Pensiones que garantice la equidad.

Artículo publicado en eldiario.es el 21 Septiembre 2015.

Estaba previsto que el sistema de pensiones en España sustentado sobre las rentas del trabajo quedara obsoleto y cayera en una situación de déficit conforme aumentara el número de personas dependientes. La crisis económica ha acelerado este proceso y en los últimos cuatro años el gobierno ya ha dispuesto de 34.000 millones de euros del Fondo de Reserva de Pensiones y reducido sustancialmente su saldo hasta dejarlo en sólo 41.634 millones a final de 2014. La previsión del gobierno es que hasta al menos 2020 los ingresos sigan siendo insuficientes para cubrir el pago de las pensiones en nuestro país, lo que requiere de medidas inmediatas que puedan tener repercusiones a medio plazo y solvente la insostenibilidad del sistema.

La respuesta del gobierno ha sido elevar la edad de jubilación en dos años y aprobar la ley 23/2013 que se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. El nuevo sistema hace depender la revalorización de las pensiones del equilibrio financiero entre ingresos y gastos, lo que quiere decir que si se mantiene la actual legislación al menos hasta el 2020 las pensiones recibirán una subida del 0,25% a todos los pensionistas por igual.

¿Dónde están las causas de este desajuste? En primer lugar, la caída de la actividad económica a partir de 2009 llevó a una importante reducción de las rentas del trabajo, la fuente en exclusiva de la recaudación para el pago de las pensiones. En 2008 el número de asalariados en nuestro país alcanzó la cifra de 19,3 millones de trabajadores y su salario medio en 2010 llegó a ser 19.113 euros anuales. En 2012 el número de trabajadores había caído a 17,1 millones  y su salario medio se quedó en 18.601 euros anuales (datos del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España). La consecuencia es que cayó la recaudación por cotización a las seguridad social y fue la primera vez que el gobierno tuvo que disponer del Fondo de Reserva para el pago de pensiones.

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en España generó que en 2012 el 20,47% de los asalariados recibieron una renta anual inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional. La retribución anual media de este importante grupo de trabajadores fue 1.834 euros brutos en un año. La precariedad de los ingresos de los trabajadores ese año se puso de manifiesto en que el 20% de los asalariados sólo sumaron el 2% de los ingresos totales por cuenta ajena. En ese mismo período el 44% de la población trabajadora recibió un salario inferior a 11.277 euros brutos anuales, el 13,78% del total de la renta generada por el trabajo en España (www.ine.es). Esas son las personas que pagan una parte importante de la pensiones de nuestro país, algunas de más de 2500 euros anuales.

La reducción de los salarios se explica en parte también por el progresivo aumento de la contratación a tiempo parcial, el 12,3% de los contratos en 2006 se convirtió en el 17,7% en 2013. Lo que se tradujo también en un una reducción en el número de horas contratadas de 40,2 horas en 2011 a 39,9 horas en 2013 para los varones (www.ine.es).

Por otro lado, el número de pensionistas, pensiones y su cuantía no ha dejado de crecer en ningún momento. En 2014 el número de pensiones abonadas superó los nueve millones, mientras que el número de pensionistas es ligeramente inferior, estuvo cerca de los ocho millones y medio. Aunque ambas cifras tienen una tasa anual de crecimiento similar, en el entorno del 1,5%, la tasa de crecimiento del gasto ha alcanzado cifras superiores al 4% durante algunos años. En 2014 el gobierno la redujo considerablemente, pero aún así estuvo por encima del 2,5%.

El gasto total anual en pensiones llega a alcanzar el 10% del producto interior bruto de nuestro país. La partida más importante corresponde al pago de las pensiones por jubilación, que suponen aproximadamente un 69% del gasto total. En 2013 el importe medio de la pensión por jubilación estaba en el orden de 980 euros mensual. La siguiente partida en importancia de gasto corresponde a las pensiones por viudedad que representan más de un 18% del gasto total. En Diciembre de 2014 el 44% de los pensionistas recibieron una pensión inferior a 700 euros al mes (datos del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España).

No hay que olvidar que las pensiones en España es un sistema de reparto, conocido también como sistema solidario. Los trabajadores aportan una parte de su salario, conocida en nuestro país como cotización a la Seguridad Social, que se usa para financiar el pago a las pensionistas actuales. En contra de lo que muchos piensan el Estado no retiene parte del salario a los trabajadores para devolvérselo con intereses en forma de pensión. Si fuera así, y se limitara a devolver las aportaciones individuales con intereses, muchas personas recibirían al final de su vida laboral una pensión sustancialmente inferior a la que está prevista. Veamos un ejemplo:alguien que contribuye durante 35 años de su vida laboral con 1.000 euros mensual, que corresponde aproximadamente a la contribución máxima, habría realizado una aportación de 381.000 euros en unidades corrientes (asumiendo una tasa de inflación del 2% y tasa de descuento del 1,5%). Si como le reconoce la ley recibiera una renta de 2.560 euros mensual durante 20 años, recibiría 623.000 euros en unidades corrientes, casi el doble de su aportación.

El actual sistema de pensiones en España da lugar a situaciones que son contradictorias y opuestas a lo que debería ser una política de redistribución de la renta. La razón es que el subsidio es percibido independientemente del nivel de renta del pensionista, de manera que muchas personas a las que realmente no les haría falta una subvención del Estado para mantener su poder adquisitivo la perciben igualmente. Al contrario de lo que debería ser una política pública que debe ir destinada a cubrir la incapacidad de una persona para obtener renta que garantizarle una subsistencia digna por su edad u otro motivo, ocurre que con el actual sistema individuos con un mayor nivel de renta reciben mensualmente del Estado un subsidio mayor que otros más necesitadas con un nivel de renta inferior. Esto es así debido a que la estructura del sistema actual de cálculo del subsidio por jubilación asegura que las personas que más impuestos pagaron porque tenían una renta del trabajo mayor, serán también las que más subsidio recibirán del Estado, independientemente de su capacidad de renta actual. Las pensiones es una política fundamental a la que el Estado no debe ni quiere renunciar. Si se consulta a los ciudadanos estos la situarán con toda certeza como una prioridad en sus preferencias. Con la actual legislación la actualización de las pensiones y la viabilidad financiera del sistema depende de la recaudación del impuesto de cotización a la seguridad social.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad, la pérdida de poder adquisitivo, el envejecimiento de la población, y el aumento de la esperanza de vida son los factores que definitivamente dejan obsoleto el sistema en España. El sistema debe ser modificado para garantizar su viabilidad financiera y el carácter equitativo que debería tener esta política pública. La respuesta de muchos economistas y del gobierno ha sido frenar el número de pensionistas retrasando la edad de jubilación. Esa solución perjudica a todos los ciudadanos en general, pero sobre todo a los que tienen empleos repetitivos y físicos que sufren un mayor deterioro. Sólo es un parche que no resuelve las dificultades de financiación del sistema ni su equidad.

Otros factores también ponen de manifiesto que el sistema necesita una reforma: en primer lugar, el grupo de expertos al que el gobierno ha encargado el informe para la reforma del sistema fiscal en España ha puesto de manifiesto que la cotización a la seguridad social es un impuesto poco equitativo en su recaudación y que debe evolucionar para integrar progresividad en el tipo de gravamen. Con el sistema actual un trabajador del régimen general que gana el salario mínimo paga en concepto del impuesto de la cotización a la seguridad social un tipo impositivo real del 33%. En cambio para un trabajador con un ingreso 10 veces superior proporcionalmente su tipo de gravamen real  supone sólo el 15,6%. El motivo es que ambos pagan un 28,3%, pero el primero sobre una base que superior a su salario (753 euros en 2014) y el segundo sobre una base que sustancialmente inferior a su salario (3.606 euros anuales en 2014)

A pesar de que el sistema de pensiones contributivas en España es una política de estado solidaria, recae enteramente en el mercado de trabajo, y no siempre en sentido estricto los beneficiarios de la pensiones serán personas que hayan sido asalariados, como puede ser el caso de las pensiones por viudedad o favor familiar. Por lo que no se justifica que un impuesto finalista como este se recaude exclusivamente sobre ese mercado.

El impuesto de cotización a la seguridad social además, grava un mercado muy sensible en nuestro país como es el mercado laboral. Hay que recordar que la tasa de paro ha alcanzado límites inverosímiles e insostenible, el 26%, y en algunas comunidades autónomas ha superado el 30%, muy superior a la media de la Unión Europea. España con un 28,3% es de los países de la OCDE con los tipo más altos del impuesto que tiene la media en el 19,6%. Muy superior a Francia con un tipo del 16,7% o EEUU con el 10,4%. Sin duda se trata de un impuesto que esta introduciendo ineficiencias importantes en el mercado laboral y es un factor que también contribuye a explicar los diferenciales de tasa de desempleo que siempre ha existido en España. En países como Islandia, Noruega, Irlanda, Portugal, o el Reino Unido no existe un impuesto a las rentas del trabajo por este motivo aunque sí aportaciones del Estado al pago de pensiones. En Australia, Dinamarca o México, por ejemplo, sólo existe un sistema privado de pensiones (datos de la OCDE).

Lo óptimo sería que la política se financiara de los ingresos del Estado como se hacen con  las carreteras, la sanidad, o la educación. Se trata de una política pública que es prioritaria para los ciudadanos por lo que su financiación debe ser prioritaria también. La eliminación total o parcial de manera selectiva de la cotización a la seguridad social para las rentas más bajas supone una pérdida de ingresos para el Estado que puede ser recuperada por diferentes vías.

En primer lugar el gobierno puede recuperar parte de la pérdida de recaudación a través del IRPF. Si el trabajador reclama a la empresa su salario bruto tras la desaparición de la cuota de la seguridad social en el momento de su declaración del IRPF su base imponible será mayor y como consecuencia la cuota resultante en su liquidación del impuesto será también mayor. En este momento los trabajadores estarán tributando y en consecuencia aportando al pago de las pensiones bajo el paraguas de un impuesto progresivo y con un carácter más redistributivo que la cotización a la seguridad social. De manera que las rentas más altas tendrán una aportación mayor. Si las empresas deciden retener el ahorro de costes y no invertir en aumentos de la producción ese ahorro permanecerá en su cuenta de resultados y el Estado podrá recuperar una parte vía impuesto de sociedades. No parece que una empresa decida aumentar la contratación del número de directivos porque se reduzca el pago de su coste de la seguridad, pero sí cabe esperar que el efecto sobre la contratación sea mayor en las rentas del trabajo más bajas donde el impuesto puede superar el 30% del coste laboral. Ya sea con nuevos contratos o aumentando las horas contratadas a los trabajadores ya existentes.

Es también en este segmento del mercado donde más economía sumergida existe, que junto con los autónomos de ingresos bajos serían también grandes beneficiados. Esta política también es un incentivo a la iniciativa empresarial al eliminarse el coste fijo que se les impone independientemente de los ingresos en el inicio de la actividad.

El efecto dependerá de las condiciones específicas de cada empresa, si ésta emplea su ahorro de coste para rebajar los precios de sus productos y ganar en competitividad cabe esperar que aumente su demanda, por lo que necesitará contratar más horas de trabajo para atenderla. En ese caso el efecto también se hará notar en sus clientes. No cabe esperar tampoco una respuesta homogénea de las empresas en esta línea, dependerá en primer lugar de la importancia del gasto en mano de obra en sus estructuras productivas, y de la estructura de los mercados en los que venden sus productos. Si las empresas operan en mercados altamente competitivos ya sean nacionales o extranjeros sí cabe esperar que bajen sus precios para aumentar sus ventas. Si los mercados son poco competitivos ese efecto se irá diluyendo.

La pérdida de ingresos por cotización a la seguridad social puede ser compensada con políticas fiscales finalistas en políticas y servicios que aunque son importantes para la sociedad ocupan una posición inferior en las preferencias de los ciudadanos. Sin duda los ingresos del Estado son limitados, y en consecuencia, si lo que los ciudadanos desean es que se financie esta política deberá ser a costa de que se paguen otras. En este sentido existen muchas oportunidades que pueden ayudar también a introducir eficiencia en la economía. En muchos países por ejemplo, es habitual que se pague por el uso de las carreteras u otras infraestructuras. Esto tiene varias ventajas: ajusta el gasto público a las verdaderas necesidades de la demanda. Nadie duda de que haya que pagar una tasa por el uso de un aeropuerto, o por el uso del metro o incluso de un autobús público, por qué no debería pagarse también por una carretera. De Rus y Romero (2004) en su trabajo demuestran como incluso en carreteras donde hay congestión el pago de un canon en función del tráfico puede ser suficiente.

En nuestro país queda mucho por hacer aún en inspección fiscal. Según un informe de Funcas la pérdida de recaudación anual por economía sumergida asciende a 31.000 millones de euros. Por otro lado el aumento de la esperanza de vida hace inviable financieramente el actual sistema de jubilación ya que supone más años para las arcas del Estado. Según el trabajo de Wang et al (2012) la esperanza de vida ha aumentado de 56,4 a 67,5 años para los hombres y de 61,2 a 73,3 años para la mujeres en los últimos 40 años. Para los niños recién nacidos la esperanza de vida aumenta una media de 3 a 4 años en cada decenio. Conforme aumenta la esperanza de vida también aumenta la calidad y las condiciones físicas. Una opción es hacer flexible el mantenerse en el mercado de trabajo de manera voluntaria y permitir la recepción de una pensión por jubilación del Estado de manera parcial en función de la renta.

Por otro lado, la política del pago de pensiones debe cambiar e introducir racionalidad en su gestión. La política debe garantizar un subsidio social que debe tener como fin compensar la falta de poder adquisitivo de las personas que por motivos de edad y físicos no pueden realizar un trabajo para garantizar su subsistencia. En consecuencia debería integrarse con la política de dependencia y el someter su pago a la disponibilidad de renta de los beneficiarios. El subsidio más alto debería ser destinado a la persona con más necesidades por su dependencia y por su nivel de renta.

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Pensiones en España necesita una reforma que garantice la Equidad y su Sostenibilidad Financiera.

Artículo publicado en eldiario.es 11 Febrero de 2015

En España la base del sistema financiación de las pensiones se sustenta, principalmente, en la cotización a la seguridad social, un impuesto que grava exclusivamente las rentas del trabajo. Hasta hace unos años a medida que aumentaba el número de personas ocupadas por cuenta ajena y autónomos, la productividad, y los salarios, aumentaba también la recaudación por cotizaciones a la seguridad social. Eso permitió durante muchos años financiar mejoras en las pensiones y la incorporación de nuevos pensionistas al sistema. Sin embargo, la crisis económica en nuestro país se ha cebado particularmente en el mercado de trabajo, le ha dado la vuelta a ese proceso, y ha transformado el mecanismo de financiación de las pensiones en España en un sistema no sostenible financieramente.

En los últimos tres años los ingresos por cotizaciones a la seguridad social no han sido suficientes para pagar las pensiones, lo que ha obligado al gobierno a retirar más de 33.000 millones de euros del fondo de reservas de pensiones para poder hacer frente a los pagos. El saldo del fondo a final de 2013 era sólo de 53.744 millones de euros. La previsión para el 2015 es que el gasto total en pensiones contributivas será de 109.000 millones de euros.

La ley, 23/2013 de 23 de diciembre, propuesta por el gobierno actual y aprobada en el congreso, se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. Hasta ahora el ritmo de la inflación definía su ajuste anual, el nuevo sistema cambia radicalmente el método de actualización y lo hace depender entre otras variables del equilibrio financiero entre ingresos y gastos. En caso de desequilibrio financiero como en el que nos hemos encontrado en los últimos tres años la nueva legislación lleva directamente a que se aplique la subida mínima del 0,25% a todos los pensionistas por igual. Esto ha supuesto por ejemplo una subida de 1,25 euros al mes para una pensión media de 500 euros. La previsión realizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es que al menos hasta el 2020, el sistema siga siendo deficitario y en consecuencia previsiblemente se seguirá aplicando la misma subida anual en los próximos años. La aplicación de la tasa perjudica doblemente a los ciudadanos con subsidios más bajos, porque reciben un aumento menor en términos absolutos.  

Las políticas de extensión de la edad de jubilación propuesta por algunos economistas y puesta en funcionamiento por el gobierno es sólo un mal parche que no soluciona el problema. La extensión de la edad de jubilación puede ser posible en grupos de población que no tengan un trabajo físico exigente o repetitivo. Quiero decir con esto que para un profesor de universidad puede ser posible extender su vida laboral más allá de los 65 años que establece la legislación actual en España, sin embargo, llegado a esa edad un trabajador de la tierra, por ejemplo,  tendrá pocas posibilidades de hacerlo por las características de su trabajo. Teniendo en cuenta las condiciones del mercado laboral en España parece poco probable que una persona que pierda su empleo en edades tan avanzadas vuelva a recuperarlo. La pérdida del empleo y en consecuencia de la cotización a la seguridad social, penalizará además a esas personas en la recepción de la cuantía de sus pensiones. Por otro lado, la aplicación de tasas del 0,25% como prevé la ley deja completamente desfasada la política de estado sobre las pensiones, estas deben servir para garantizar una condiciones de vida de subsistencia digna por incapacidad laboral de las personas, ya sea por la edad, o por motivos de enfermedad,  en cambio el gobierno abandona ese criterio aprobando una ley que condiciona el pago a la recaudación del impuesto de la seguridad social.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad no cabe duda que el actual sistema de financiación ha quedado obsoleto y debe ser modificado completamente para garantizar el cumplimiento de las preferencias de la ciudadanos.

Un Sistema de Pensiones Avanzado que favorezca la Solidaridad y la Equidad

Artículo publicado en www.CanariasAhora.com Febrero 2010    No hay duda de que la población de nuestro país es solidaria, lo demuestra su comportamiento. La gran mayoría aporta parte de su renta a causas solidarias. Muchas personas también aportan su esfuerzo, dentro y fuera de nuestro país, para ayudar a otras personas que lo necesitan. Nadie duda que una persona que pierde su trabajo deba recibir un subsidio de desempleo si no dispone de otra fuente de ingresos, así como, que sea estrictamente necesario que se pague un subsidio a las personas dependientes, como se reconoce en la ley de dependencia. Muchas personas dedican su tiempo a cuidar de familiares enfermos, conozco el caso de madres que han dejado su trabajo para cuidar de sus hijos. Todos nos sorprendemos, y muy a menudo nos resulta incomprensible, que algunos de nuestros mayores no reciban pensiones que les permitan tener una vida digna, ¿es posible que alguno sea una madre que no cotizó porque decidió permanecer en casa a cuidar de su familia? Básicamente hay dos sistemas de pensiones: por un lado en algunos países, preferiblemente los de cultura anglosajona, podemos encontrar los sistemas de capitalización que garantiza que cada persona recupera sus aportaciones individuales al final de su vida laboral. Como alternativa, el modelo centroeuropeo está basado en un sistema de reparto, conocido también como sistema solidario. Las personas trabajadoras aportan una parte de su salario, conocida en nuestro país como cotización a la Seguridad Social, que se usa para pagar el subsidio por jubilación a las personas mayores de sesenta y cinco años, que por ley no se encuentran en edad de trabajar. En contra de lo que se piensa de forma general, en nuestro país el Estado no retiene parte del salario a los trabajadores para devolvérselo con intereses en forma de pensión, lo hace para pagar las pensiones de las personas actualmente jubiladas, por eso es un sistema solidario. Si no fuera así, y se limitara a devolver las aportaciones individuales con intereses, muchas personas recibirían una pensión inferior a la que está prevista al final de su vida laboral. Algunos países como Suecia combinan ambos sistemas. Actualmente nuestro sistema de pensiones es autosuficiente, y además, genera superávit, lo que unido a las aportaciones del Estado fruto del pacto de Toledo, ayuda a crear un fondo que servirá de colchón en el futuro. Este fondo permitirá seguir pagando las pensiones cuando el sistema deje de autofinanicarse. En España hay cuatro personas en disponibilidad de trabajar por una persona mayor de sesenta y cinco años, lo que permite que con las aportaciones que los primeros realizan se pueda pagar los subsidios por jubilación de los segundos. Según algunos expertos la situación de superávit puede cambiar en sólo diez años debido al envejecimiento de la población. La relación entre el número de tarbajadores y de pensionistas se reducirá y pasaremos a una situación de déficit, donde la recaudación del Estado será inferior a los pagos de las pensiones. En el año 2050 se espera que la relación sea de 1 pensionista por 1,8 trabajadores. Nadie puede predecir con certeza cuando se dará esta situación debido a que los ingresos fluctúan con la situación económica del país. Una situación económica de crisis reduce el empleo y por tanto los ingresos, una situación de crecimiento económico eleva el número de trabajadores con empleo y por tanto, eleva los ingresos del Estado por este concepto. Por otro lado, no cabe duda que la economía buscará sus propios equilibrios. La propia población pensionista demandará servicios que generará de demanda de trabajo que podría ser cubierta con inmigración. El sistema de pensiones presenta además otras peculiaridades: La pensión es un subsidio más, que en este caso el Estado paga a las personas mayores de sesenta y cinco años. Aunque no siempre ha sido así, actualmente, la ley establece que la persona debe haber hecho aportaciones al Estado por un mínimo de quince años. El importe de la pensión está en función de salario de cada trabajador. Por otro lado, la aportación de cada persona a la Seguridad Social no es voluntaria. En definitiva, esto convierte las aportaciones en un impuesto, que como el impuesto sobre la renta para un trabajador, también está en función de su salario. El pago a la Seguridad Social es un caso excepcional de fiscalidad finalista. Es decir, el impuesto que se recauda, con la denominación de cotización a la Seguridad Social, se utiliza exclusivamente para pagar las pensiones. Y esto es particularmente excepcional en nuestro sistema fiscal, porque lo habitual es que los impuestos se implanten con un fin puramente recaudatorio. Por ejemplo, el impuesto sobre el combustible no se usa para construir carreteras, se usa para financiar en general las políticas del gobierno. Por tanto, la pensión por jubilación es una subvención, que por costumbre, y porque así la ley lo establece, por ahora, cada persona recibe en función de cuál ha sido su salario durante los últimos años de su vida laboral. El objetivo es cubrir la pérdida de poder adquisitivo de las personas que por su edad no pueden trabajar. Pero se da la cicunstancia de que este subsidio, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, es percibido independientemente del nivel de renta del pensionista. De manera que muchas personas a las que realmente no les haría falta una subvención del Estado para mantener su poder adquisitivo la perciben igualmente. En particular, la estructura del sistema actual de cálculo del subsidio por jubilación asegura que las personas que más renta del trabajo percibieron serán también las que más subsidio recibirán del Estado. De manera que puede darse el caso de que una persona, a pesar de disponer de un patrimonio generador de renta, porque por ejemplo, disponga de propiedades que le renten un alquiler, porque posean una empresa que le aporte beneficios, o porque posea diferentes tipos de valores que le generen rendimientos, además pueda estar percibiendo un subsidio alto, mucho más alto que muchas otras personas para las que la pensión es su única fuente de ingresos. Les invito a pensar en lo siguiente: la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece de forma solidaria que las personas con mayor renta deben aportar más al Estado. La escala, aunque con saltos, es progresiva con un máximo. Es un sistema que tiene como finalidad introducir equidad al redistribuir la riqueza de un país. Nadie en nuestro país, por costumbre, y por solidaridad, lo pone en duda. Tampoco en ningún caso, se da una situación, de nuevo por costumbre y por solidaridad, en la que, por ejemplo, una persona que paga un treinta por ciento de su renta se le pueda ocurrir, y ni siquiera pensar, que porque paga más impuesto que su vecino, que puede estar aportando sólo un veinte por ciento de su renta, tenga derecho a percibir más servicios que éste. Es decir, que pueda tener derecho a situarse delante en la listas de espera de la sanidad pública, a tener un carril privilegiado en las carreteras, a tener mejores servicios en la urbanización en la que vive, etc. La pregunta que les propongo nos hagamos todos es la siguiente: ¿por qué entonces a esa misma persona la ley le asigna el derecho a percibir una subvención mayor que la de su vecino? La respuesta que se me ocurre es porque simplemente por costumbre así es como se ha hecho. También les invito a autocontestarse las siguientes preguntas: ¿es solidario que una persona que tiene un patrimonio que le proporciona una renta alta, perciba también del estado un subsidio que puede ser muchas veces superior al que reciben otras personas que carecen en la mayoría de otras fuentes de renta. ¿Es justo que se pueda estar gastando dinero público en lujos supérfluos, mientras se está hablando por parte del gobierno que será necesario recortar la pensiones?¿Recoge esto último la opinión de los ciudadanos de este país?¿Por qué algún miembro de nuestra sociedad puede tener derecho a disfrutar de un nuevo y flamante tren de alta velocidad, o de un lujoso y desporporcionado aeropuerto, construido con dinero público, mientras que hay otras personas que apenas sobreviven con su pensión?¿Es que acaso la sociedad con sus actuaciones, no le pone de manifiesto a los políticos que la solidaridad con los más débiles es una prioridad?¿No debería el gobierno eliminar cualquier tipo de incertidumbre acerca de que todos los que lo necesiten recibiran un subsidio por jubilación que les permitirá vivir sin lujos, pero dignamente, y que esto se hará incluso aunque haya que recortar algunos privilegios y servicios no básicos? Bajo mi criterio el gobierno debería eliminar toda incertidumbre y garantizar el pago universal de las pensiones a las personas que verdaderamente lo necesiten. También debería asegurar que el sistema sea equitativo, garantizando las mayores pensiones a quienes más lo necesiten, no a quienes han pagado un impuesto más alto durante su vida laboral. Pienso que también el gobierno debe complementar con presupuestos del Estado el pago solidario de los trabajadores, lo necesario para garantizar el pago de las pensiones, si es preciso detrayendo los fondos públicos de otros gastos menos necesarios. El gobierno debería articular políticas que corrijan el envejecimiento de la población fomentando el apoyo a las familias, favoreciendo las ayudas económicas directas y mejorando el trato fiscal. En este último aspecto reconociendo en el pago del impuesto sobre la renta, la verdadera renta disponible por cada miembro de la unidad familiar, y no con deducciones de la base imponible y de la cuota íntegra. Por otro lado, también son importantes las ayudas no económicas, garantizando la conciliación de la familia con los horarios laborales, y ofreciendo servicios de atención y cuidado de los niños para que los padres puedan despempeñar su trabajo. Estos servicios también tiene una rentabilidad positiva para el resto de la sociedad ya que son generedores de actividad económica y por tanto, de empleo y bienestar. En definitiva, el principio sobre el que se fundamenta es que los niños de hoy son los que pagarán las pensiones del futuro. Algunos expertos sugieren que la edad de jubilación debe ser libre a partir de un mínimo, y que en lugar de permitirse las jubilaciones anticipadas, se puede favorecer la contratación de personas mayores de cincuenta y cinco años con reducciones en el pago de la cotización a la seguridad social. La experiencia de estas personas constituyen un capital muy valioso que la sociedad no debe perderse. Pero sobre todo el gobierno debe ser austero e invertir el dinero recaudado con los impuestos, sólo en aquellas políticas y alternativas que proporcionen siempre la máxima rentabilidad social y generen la máxima riqueza económica. Una economía eficiente, es una economía generadora de riqueza, y por tanto, habrá más para repartir entre todos. Todo gobierno debe tener lo que los economistas conocen como función de bienestar. Se trata de un modelo que recoge la preferencias de los ciudadanos. Si algún gobierno tiene duda de que nuestra población es solidaria, y que prefiere que se pague una pensión a que se construya un aeropuerto de lujo innecesario, dispone de los medios para consultar y descubrir realmente dónde prefiere el ciudadano que se invierta el dinero público.