¿Puede El Sistema Electoral en Canarias estar perjudicando a los habitantes de las islas periféricas?

El aumento de representatividad de los ciudadanos de las islas pequeñas en el Parlamento de Canarias se justificó en su momento para compensar el coste de la doble insularidad que soportan los habitantes de las islas pequeñas. El Centro de Estudios Económicos Tomillo1 cuantificó en 2008 el coste de la ultra periferia de Canarias respecto al continente europeo para las empresas no agrarias en algo más de 5.988 millones de euros. Como cita el informe el sobrecoste de la ultra periferia recae principalmente sobre la actividad empresarial de las islas capitalinas, aproximadamente en un 82%, debido a la concentración de la actividad empresarial. El resto en torno a 907,8 millones corresponde a las islas no capitalinas. La partida principal identificada fue el sobrecoste del transporte de las mercancías que representan el 48,8% del total.

Por tanto, en la medida en que se consiga reducir los tiempos de desplazamientos y las tarifas que pagan los ciudadanos y empresas para moverse y mover sus mercancías, se acortan las distancias entre las islas y se reduce la doble insularidad como consecuencia de la disminución del coste de transporte. El resto de dificultades que puede tener un habitante de una isla periférica son los mismos que puede tener cualquier otro ciudadano canario que vive en los principales núcleos de población, o los particulares de núcleos menos poblados dentro de las islas capitalinas.

El exceso de representatividad que la Ley Electoral Canaria otorga a los ciudadanos de las islas no capitalinas en el Parlamento de Canarias lastra la economía del archipiélago porque las inversiones de gasto público tienen como fin en ocasiones conseguir un equilibrio territorial en lugar de resolver las verdaderas necesidades de la sociedad canaria en su conjunto. No invertir adecuadamente el gasto público donde realmente es necesario puede también perjudicar a las islas no capitalinas.

¿Resuelve mejor la doble periferia de la Gomera o El Hierro invertir en una carretera o un paseo marítimo en esa isla en lugar de invertir en un puerto en Tenerife si el objetivo es mejorar el coste del transporte interinsular? ¿Puede ser que mejorar una carretera en Tenerife beneficie más a los habitantes de la Gomera o de El Hierro, que hacerlo en una carretera poco frecuentada en su propia isla? La inversión en la isla no periférica puede ser más rentable si eso sirve para que se reduzcan los costes de transporte de los productos que tienen como destino la Gomera o El Hierro, o para que los que se exportan alcancen más rápidamente los grandes núcleos de población de las islas donde van a ser consumidos. Aunque el territorio esté fragmentado, en muchas ocasiones no es posible aislar los efectos de una inversión pública entre diferentes islas.

Una mala política regulatoria o de inversión de un gobierno puede convertir a una industria en poco competitiva, conducir a políticas proteccionistas, generar un coste sobre los ciudadanos y alejarnos de los países y sociedades más progresistas. Recuperar la distancia se hace a veces misión imposible porque las políticas se enquistan. Para Barro y Sala-i-Martin (2004)2, las pequeñas diferencias en tasas de crecimiento acumuladas en períodos de cuarenta años o más tienen importantes efectos en las condiciones de vida de las personas. Muchas veces lo habitual es observado por los ciudadanos y políticos como normal, pero no quiere decir que sea la mejor opción para el bienestar de todos.

Una muestra de las malas políticas que sufrimos en las islas es que en el primer trimestre de 2015 la tasa de paro en las islas superó el 30%, sólo por debajo de Andalucía y Ceuta. En ese período 343.500 personas estaban sin empleo según la encuesta de población activa[1]. En 2013 la renta media por persona en Canarias era de 9.313 euros al año y el 21% de la población tenía una renta inferior a 450 euros al mes. Como referencia, la renta media en España en 2013 fue de 15.635 euros, en la Europa de los veintiocho, 17.617 euros al año (fuente INE).

Para Acemoglu y Robinson (2012)4, Los países crecen en bienestar social a medida que sus instituciones son más inclusivas y democráticas ya que la riqueza se reparte de manera más igualitaria. El motivo es porque se crean más oportunidades para todos los ciudadanos. Pero además el éxito de las políticas de los gobiernos en términos de bienestar y crecimiento no está sólo condicionado por la pluralidad política, además el gobierno debe ser fuerte, de manera que sea capaz de defender el interés común de los ciudadanos. Un gobierno dividido por intereses territoriales o étnicos, y el canario lo está por motivos territoriales, es un gobierno débil que busca constantemente los equilibrios entre los diferentes grupos de poder. De esta manera el objetivo deseable de ejecutar políticas en defensa del interés común se sustituye por la búsqueda de equilibrios de los intereses de los grupos de influencia.

El sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad, y las barreras electorales, genera la formación de un Parlamento fragmentado con una escasa pluralidad política y un gobierno débil dividido por los intereses territoriales que favorecen el insularismo y los grupos de influencia extractivos, económicos y territoriales. Esto unido a la escasa representatividad de los ciudadanos en la Cámara sesga las decisiones de políticas públicas en las islas, y limita el desarrollo económico y del bienestar social de los canarios, y así se ha puesto de manifiesto en la evolución de los índices de desigualdad y de la renta per cápita de las islas. En la década de los años setenta antes de la implantación de la triple paridad, el índice de Theil (indicador usado para medir la desigualdad) para Canarias estaba por debajo de la media española, en el 2003 las islas ya estaban por encima de la media nacional y con el peor valor de todas las comunidades autónoma como ponen de manifiesto en su trabajo Goerlich, F.J. y Villar, A. (2009)3. También en ese período Canarias fue la segunda comunidad autónoma donde menos ha creció la renta per cápita.

El sistema electoral en Canarias debe evolucionar para superar la división territorial y favorecer la representatividad de las preferencias de los ciudadanos en las decisiones de políticas públicas sociales y económicas que se toman en el Parlamento y en el Gobierno de Canarias. Lo deseable es la defensa del interés común y para ello no es necesario que exista una sobrerrepresentación de los habitantes de las islas periféricas en nuestro parlamento donde no sólo se toman decisiones económicas.

La solución para garantizar la eficiencia y eficacia del gasto público pasa necesariamente por eliminar la discrecionalidad en las inversiones introduciendo racionalidad económica mediante la evaluación de las políticas públicas. De esta forma de garantiza que se invierte donde realmente es necesario y deseable de manera objetiva. El coste de la doble insularidad, motivo por el que se justifica por algunos representantes políticos el equilibrio territorial en la formación del Parlamento de Canarias y en consecuencia del gobierno de las islas, puede ser resuelto con políticas de financiación específicas como puede ser, por ejemplo, un fondo de cohesión destinado a que siempre se garanticen las necesidades de los habitantes de las islas periféricas en términos de igualdad a cualquier otro habitante de una isla no periférica. Por otro lado, resulta determinante la regulación de los mercados interinsulares de transporte, garantizando la competencia cuando sea posible, y regulando de manera que los precios, la cantidad y calidad de los servicios se ajusten al óptimo social.

Referencias

  1. Centro de estudios Tomillo (2010): Cuantificación de los costes de la Ultraperiferia en Canarias. www.cet.es.
  2. Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X. (2004): Economic Growth. The MIT Press.
  3. Goerlich, F.J. y Villar, A. (2009): Desigualdad y Bienestar Social. FBBVA.
  4. Acemoglu, D. And Robinson, J. (2012): Power Prosperity and Poverty Why Nations Fail?. Crown Business.

Texto extraído del capítulo 8 del libro Textos para la Reforma Electoral de Canarias. http://www.servicios.ulpgc.es/publicaciones/JPortal25/images/noticias/2016/ReformaElectoralDigital.pdf

El Sistema Electoral en Canarias favorece el insularismo y empobrece a la población

El viernes pasado en un acto presidido por el Rector de la Universidad de las Palmas y donde estuvo presente también la Presidenta del Parlamento de Canarias se presentó el libro Textos para la Reforma Electoral de Canarias. La obra ha sido coordinada por Vicente Mújica presidente del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, y Gerardo Pérez profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Como citó el profesor Gerardo Pérez la obra es un trabajo científico en el que han participado profesores de varias universidades españolas entre los que me encuentro. La pregunta con la que comienzo mi reflexión en el capítulo Efectos del Sistema Electoral en Canarias sobre la Economía y el Bienestar es si ¿rigen en Canarias los principios básicos de unión, libertad, solidaridad, e igualdad de oportunidades? La respuesta es que el sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad y la barreras electorales del treinta por ciento insular y del seis por ciento autonómico parece que lo impiden.

La circunscripción insular convierte en la práctica el Parlamento de Canarias en una cámara de representación territorial que favorece el insularismo desde su concepción, ya que induce a los ciudadanos a pensar que el representante electo de su isla tendrá como prioridad defender sus derechos antes que los de otra isla, lo que va en contra de la unión de todos los canarios, fomenta la división y la lucha territorial por el poder. Por otro lado, el artificial e hipotético equilibrio en el número de diputados entre provincias impuesto con la triple paridad refuerza aún más la división entre los canarios. Los diputados tienen además un objetivo de segundo orden, después de defender los intereses de su isla deberán defender también los intereses de su provincia.

Finalmente, las barreras electorales, insular del treinta por ciento, y autonómica del seis por ciento, han generado que muchos ciudadanos no puedan tener representada su voz en el Parlamento de Canarias, reduciendo además en consecuencia la pluralidad política. La aparición de nuevos partidos en el espectro político de nuestro país favoreció en las elecciones autonómicas del pasado Mayo del 2015 la división del voto y la pluralidad política fruto de la evolución y maduración de nuestra sociedad. Esta situación dejó obsoletas las barreras electorales ya que mientras que en las elecciones autonómicas de 2011 en todas islas, al menos un partido político superó la barrera insular del treinta por ciento en número de votos, en 2015, sólo la superaron en La Gomera la Agrupación Socialista La Gomera, y en El Hierro Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente. El primero con un 0,55% de los votos emitidos en toda Canarias obtuvo tres representantes en la cámara, y el segundo con un 0,26% dos representantes.

La barrera del seis por ciento autonómico dio lugar a que el partido político Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía con 54.375 votos (un 5,84% de los emitidos a en toda Canarias) no accediera a tener representación como ya saben todos. La combinación de ambas barreras electorales impidió también que en Gran Canaria más de setenta y dos mil votos válidos (en torno a un 20%) no fueran tenidos en cuenta en la configuración del Parlamento (todos datos disponibles en el ISTAC).

Las barreras generaron algunos efectos inauditos como el fue el caso del diputado que alcanzó a obtener por Gran Canaria el partido político Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario en la cámara autonómica con menos votos que el partido Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía.

Ese diputado fue crucial para que Coalición Canaria ganara las elecciones y en consecuencia la presidencia del gobierno al Partido Socialista Obrero Español que obtuvo quince diputados frente a los dieciséis de Coalición Canaria, a pesar de que esta coalición fue la tercera fuerza más votada en las islas.

En definitiva el sistema electoral canario basado en la circunscripción insular, la triple paridad y las altas barreras de acceso al Parlamento, perjudica a la mayoría de los ciudadanos de Canarias favoreciendo la concentración del poder en manos de unos pocos. Conduce ineludiblemente al refuerzo de la concepción de territorio fragmentado, y a la concepción insularista de que todo lo que queda fuera de la isla es otro territorio, favoreciendo entre los ciudadanos de Canarias el pensamiento de que hay que luchar por lo nuestro, lo de nuestra isla. Y eso nos perjudica a todos porque implica división de recursos, y decisiones políticas que no tienen como objetivo el bienestar común de todos los ciudadanos canarios.

La división política resta bienestar y crecimiento económico porque favorece que se tomen decisiones donde prevalecen los equilibrios territoriales ¿Dónde quedó el sentimiento de unidad de “somos siete en un mismo mar”? Sólo con un Parlamento y un Gobierno de Canarias que garantice la representatividad de las preferencias de los ciudadanos, la pluralidad política, la eficiencia, y la transparencia en la gestión política, es posible alcanzar un crecimiento económico sostenido a largo plazo que sea fuente de bienestar social y equidad para todos los ciudadanos.

¿Deben gobernar en España las listas más votadas?

Artículo publicado en el diario.es 27 febrero 2016

Esta semana he tenido la gran oportunidad de participar en la novena liga de debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria coordinando a mis alumnos de tercer curso del Grado de Economía. Como dijo uno de los miembros de la organización, nuestra universidad es pionera en España de un modelo heredado directamente de las universidades americanas y siempre ha tenido participaciones destacadas en la liga nacional. La pregunta sobre la que giraba el debate fue: ¿deben gobernar en España la listas más votadas?

Dentro de la sala donde se celebraban los debates, el sorteo definía la postura a defender por cada uno de los dos equipo que se enfrentaban. En los pasillos, el debate continuaba, y todos dábamos nuestros argumentos a nivel individual, sin desvelar, claro, los argumentos secretos de nuestro equipo. Lo cierto es que fuera de los debates sólo coincidí con personas que defendían el no a la pregunta planteada por los organizadores. Todos estábamos de acuerdo además que esa era la postura más cómoda. Afortunadamente a nuestro equipo, Economistas con derecho, a opinar se supone, le tocó defender el no en más de una ocasión, y éstos fueron los argumentos basados en la Economía del Bienestar con los que arrancaban en esos casos nuestras intervenciones:

España es un país con poca experiencia democrática, y aunque no es cierto que siempre haya habido bipartidismo, sí es cierto que desde 1977 hasta ahora sólo han habido dos partidos mayoritarios en cada legislatura, lo que ha simplificado la formación de los gobiernos, y ha generado que éstos hayan sido monocolor y además coincidentes con la lista más votada. De manera que hasta ahora siempre ha ocurrido que los partidos políticos que han ganado las elecciones generales han conseguido formar gobierno y gobernar en solitario nuestro país.

Sin duda ha influido por un lado, la falta de educación política de nuestra sociedad, y por otro, en mayor medida, es una consecuencia de la ley electoral española. La ley electoral porque promueve una elección de representantes en el Congreso de los Diputados con una asignación territorial de los representantes por provincias, y además con listas cerradas. Eso explica la abultada diferencia de escaños en las pasadas elecciones generales, entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, treinta y uno, a pesar de la escasa diferencia de votos, alrededor de 340.000, 22,01% frente a 20,66%. Y el caso flagrante de Unidad Popular que con algo más de 923.000 votos sólo obtuvo dos escaños. En cambio al partido Nacionalista Vasco con algo más de 301.000 votos se le asignaron seis escaños. Ezquerra Republicana obtuvo nueve escaños con algo más de 599.000 votos.

Con esto lo que quiero poner de manifiesto es que en muchas ocasiones la lista más votada no tiene porqué ser siempre la lista con mejor representatividad de escaños en un Parlamento. De hecho en la pasadas elecciones autonómicas en Canarias Coalición Canaria, el partido con más escaños, en el parlamento de Canarias fue el tercero más votado. Precisamente este elemento de falta de representatividad de las cámaras autonómicas y nacional es lo que muchos partidos políticos, analistas y representantes cívicos están reivindicando que debe ser corregida.

 

Lo cierto es que lo deseable, y por otro lado lo único demostrable matemáticamente, es que un gobierno siempre debe buscar como objetivo la maximización del bienestar social, o lo que es lo mismo, el interés común de todos los ciudadanos. El crecimiento económico debe ser siempre un objetivo subsidiario del bienestar social. Y esto sólo es posible conseguirlo si un gobierno tiene en cuenta en sus políticas públicas la intensidad de las preferencias de los ciudadanos, pero no sólo de sus votantes, de todos los ciudadanos. Por eso se llama Gobierno de España, el gobierno de todos los españoles. Para todos es más fácil entender este concepto cuando vemos al presidente de nuestro país o a algún miembro de su gobierno fuera de nuestras fronteras. En ese momento entendemos que su función es representarnos a todos, no sólo a sus votantes. El gobierno ejecuta, el parlamento legisla.

Por eso la respuesta de nuestro equipo en la liga de debate universitaria, fue que no necesariamente la lista más votada debe gobernar un país. Debe gobernar un país un gobierno que tenga la capacidad para representar el interés común de todos los ciudadanos. Un gobierno debe tener la capacidad de confluencia, de generar acuerdos, de facilitar los encuentros programáticos. Eso no quiere decir que los partidos políticos que lo apoyen estén de acuerdo en todo, el debate parlamentario dilucidará las confluencias entre partidos que no siempre tendrán que ser los mismos.

Un gobierno que gobierna a base de rodillo ya sea en solitario o en coalición, no garantiza el bienestar común porque está dejando fuera de sus políticas las preferencias de muchos ciudadanos. Aunque a veces lo puede parecer, la política de un país no es una competición de estrategias donde gana quien sea mejor estratega y en consecuencia se lleva los honores. Un buen ejemplo de cómo debe actuar un presidente la dio el premio nobel de la paz, el señor Nelson Mandela. En los objetivos de sus políticas trató de integrar siempre a todos los ciudadanos, tanto los que le habían votado como los que no. No hacerlo hubiera significado repetir lo mismo que hicieron con la población de color en su país y en contra de lo que había luchado toda su vida.

Si estuviera dentro de un congreso, y el sistema me permitiera emitir mi voto libremente, y no bajo la disciplina de un partido político, votaría a un presidente integrador, que tuviera como objetivo mejorar la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos de su país. Tendría que ser un gobierno independiente de que sus políticas no consigan crecimiento económico a costa de desigualdad. Un gobierno debe garantizar siempre la unión, la solidaridad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.

¿Tendrán el éxito las propuestas de los partidos políticos que se presentan a elección el próximo veinticuatro de mayo?

¿Hace falta algo más?¿Es verdad que el sistema no funciona como dicen muchos ciudadanos?¿Qué determina que un país sea pobre o rico? La respuesta es democracia, el grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones, su nivel de politización determina el éxito de las propuestas políticas, por muy buenas que sean.

Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Why Nations Fail? Explican que el éxito o el fracaso en términos de bienestar de un país está en función de su nivel de democracia, del grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones. ¿Realmente rigen en nuestro país los principios básicos de Libertad, Igualdad de Oportunidades, Solidaridad, Unión? En 1995 Mouro en su trabajo Corruption and Growth demostró econométricamente la correlación positiva que existe entre el nivel eficiencia de la burocracia de un país y su estabilidad política. Encontraron que los países más pobres eran siempre  más corruptos y políticamente más inestables. La corrupción repercute negativamente en la tasa de inversión de un país, lo que se acompaña de menor crecimiento económico, menor empleo, menores ingresos para las administraciones públicas, peores servicios, peores políticas redistributivas y en definitiva, mayor desigualdad. La corrupción me apuntilló una buena amiga hace unos días genera falta de confianza, alimenta la economía sumergida, daña la imagen exterior y reduce las inversiones.

¿Es garantía de bienestar la disponibilidad de recursos naturales? Un político canario muy destacado, y respetado, me comentó el caso de Guinea Ecuatorial: con sólo 1,7 millones de habitantes, produjo según BP Statistical Review 283.000 barriles de petróleo en 2012. Su renta per cápita en 2013 según el Banco Mundial fue 20.581 dólares. Sin embargo el 77% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Guinea ocupa el puesto 136 en el índice de desarrollo humano de la ONU y el 190 en el ranking de libertades políticas y derechos www.freedomhouse.org.

Acemoglu y Robinson destacan en su libro que los países crecen en bienestar a medida que sus instituciones son más inclusivas y democráticas. Es decir, en la medida que son más representativas de las preferencias de los ciudadanos. El motivo es que la riqueza se reparte de manera más igualitaria y se crean más oportunidades para todos los ciudadanos. En cambio cuando en un país las élites extractivas, o grupos de poder son muy influyentes sobre los gobiernos, los países son más pobres. Como también explicó un gran amigo, se forman clases sociales no permeables que favorecen la desigualdad. En nuestro país ocurre así. Muchas familias hacen esfuerzos muy importantes para garantizar una educación y formación de calidad a sus hijos, y muchas veces sus esfuerzos no se ven recompensados con posiciones acordes en la sociedad. En nuestro país funciona mejor las relaciones sociales y familiares que la meritocracia lo que resulta desolador. Muchos analistas han calificado a España como el capitalismo de amiguetes.

Carmelo León y Jorge Araña en su trabajo Relación entre Corrupción y Satisfacción han estimado un coste de la corrupción en España de hasta 39.500 millones de euros al año. En particular Canarias es la Comunidad con el mayor coste per cápita, 79,07 euros al mes. La media del país la fijaron en 69,5 euros al mes. El mayor coste total lo encontraron en Andalucía. La consecuencia de nuevo es la desigualdad, así, España es el país de la OCDE donde más ha crecido el índice de Gini entre 2007 y 2012, por encima de Irlanda y Grecia que son los que nos siguen a continuación.

Víctor la Puente en su blog concluye que la principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Aunténticas redes clientelares esperando a que un partido gane las elecciones. La politización de las instituciones. Lo que conocemos todos como las famosas puertas giratorias, los consejos de administración cargados de políticos con escasa o nula capacidad de gestión. Como comentó un compañero la clase política ha invadido espacios que no le corresponden y debe achicarse, no puede ocupar el espacio que le corresponde a la sociedad civil. Las empresas públicas y las instituciones de gestión deben estar manejadas por profesionales. No es necesario un político en un cargo de gestión. Nos beneficia más a todos que una empresa pública la gestione un experto. El contenido político debe venir desde más arriba solo con la definición de los objetivos que se deben perseguir con su gestión.

¿Qué ocurre en Canarias, por qué nuestras tasas tan altas de precariedad económica? Las respuestas más destacadas: un exceso de burocracia ineficiente, una ley que paraliza la oferta turística, exceso de politización de las instituciones y una muy restrictiva ley electoral. ¿Qué se debe hacer de manera urgente en Canarias para establecer el entorno adecuado para la ejecución de las mejores propuestas de los partidos políticos en estas elecciones? Revisión de la composición y funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias, para transformarla en una agencia despolitizada y transparente, que cumpla la función de velar por la legalidad vigente y por los intereses reales de los ciudadanos. Modificar nuestra ley electoral y reducir la barrera de acceso al Parlamento de Canarias, por medio de la habilitación de una única barrera electoral limitada al ámbito insular, con un corte del tres por ciento de los votos válidamente emitidos y corregir la representación democrática de los canarios en su Parlamento. Revisar y refundar la normativa turística y finalmente también establecería como prioridad la evaluación socioeconómica de grandes inversiones y políticas públicas con trasparencia.