El Sistema Electoral en Canarias favorece el insularismo y empobrece a la población

El viernes pasado en un acto presidido por el Rector de la Universidad de las Palmas y donde estuvo presente también la Presidenta del Parlamento de Canarias se presentó el libro Textos para la Reforma Electoral de Canarias. La obra ha sido coordinada por Vicente Mújica presidente del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, y Gerardo Pérez profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Como citó el profesor Gerardo Pérez la obra es un trabajo científico en el que han participado profesores de varias universidades españolas entre los que me encuentro. La pregunta con la que comienzo mi reflexión en el capítulo Efectos del Sistema Electoral en Canarias sobre la Economía y el Bienestar es si ¿rigen en Canarias los principios básicos de unión, libertad, solidaridad, e igualdad de oportunidades? La respuesta es que el sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad y la barreras electorales del treinta por ciento insular y del seis por ciento autonómico parece que lo impiden.

La circunscripción insular convierte en la práctica el Parlamento de Canarias en una cámara de representación territorial que favorece el insularismo desde su concepción, ya que induce a los ciudadanos a pensar que el representante electo de su isla tendrá como prioridad defender sus derechos antes que los de otra isla, lo que va en contra de la unión de todos los canarios, fomenta la división y la lucha territorial por el poder. Por otro lado, el artificial e hipotético equilibrio en el número de diputados entre provincias impuesto con la triple paridad refuerza aún más la división entre los canarios. Los diputados tienen además un objetivo de segundo orden, después de defender los intereses de su isla deberán defender también los intereses de su provincia.

Finalmente, las barreras electorales, insular del treinta por ciento, y autonómica del seis por ciento, han generado que muchos ciudadanos no puedan tener representada su voz en el Parlamento de Canarias, reduciendo además en consecuencia la pluralidad política. La aparición de nuevos partidos en el espectro político de nuestro país favoreció en las elecciones autonómicas del pasado Mayo del 2015 la división del voto y la pluralidad política fruto de la evolución y maduración de nuestra sociedad. Esta situación dejó obsoletas las barreras electorales ya que mientras que en las elecciones autonómicas de 2011 en todas islas, al menos un partido político superó la barrera insular del treinta por ciento en número de votos, en 2015, sólo la superaron en La Gomera la Agrupación Socialista La Gomera, y en El Hierro Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente. El primero con un 0,55% de los votos emitidos en toda Canarias obtuvo tres representantes en la cámara, y el segundo con un 0,26% dos representantes.

La barrera del seis por ciento autonómico dio lugar a que el partido político Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía con 54.375 votos (un 5,84% de los emitidos a en toda Canarias) no accediera a tener representación como ya saben todos. La combinación de ambas barreras electorales impidió también que en Gran Canaria más de setenta y dos mil votos válidos (en torno a un 20%) no fueran tenidos en cuenta en la configuración del Parlamento (todos datos disponibles en el ISTAC).

Las barreras generaron algunos efectos inauditos como el fue el caso del diputado que alcanzó a obtener por Gran Canaria el partido político Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario en la cámara autonómica con menos votos que el partido Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía.

Ese diputado fue crucial para que Coalición Canaria ganara las elecciones y en consecuencia la presidencia del gobierno al Partido Socialista Obrero Español que obtuvo quince diputados frente a los dieciséis de Coalición Canaria, a pesar de que esta coalición fue la tercera fuerza más votada en las islas.

En definitiva el sistema electoral canario basado en la circunscripción insular, la triple paridad y las altas barreras de acceso al Parlamento, perjudica a la mayoría de los ciudadanos de Canarias favoreciendo la concentración del poder en manos de unos pocos. Conduce ineludiblemente al refuerzo de la concepción de territorio fragmentado, y a la concepción insularista de que todo lo que queda fuera de la isla es otro territorio, favoreciendo entre los ciudadanos de Canarias el pensamiento de que hay que luchar por lo nuestro, lo de nuestra isla. Y eso nos perjudica a todos porque implica división de recursos, y decisiones políticas que no tienen como objetivo el bienestar común de todos los ciudadanos canarios.

La división política resta bienestar y crecimiento económico porque favorece que se tomen decisiones donde prevalecen los equilibrios territoriales ¿Dónde quedó el sentimiento de unidad de “somos siete en un mismo mar”? Sólo con un Parlamento y un Gobierno de Canarias que garantice la representatividad de las preferencias de los ciudadanos, la pluralidad política, la eficiencia, y la transparencia en la gestión política, es posible alcanzar un crecimiento económico sostenido a largo plazo que sea fuente de bienestar social y equidad para todos los ciudadanos.

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