La Nueva Coyuntura Económica Mundial del Siglo XXI, Un Nuevo Marco Socioeconómico

Artículo publicado en www.Eldiario.es  .16 Julio de 2014

Entre 1960 y 2011, la población mundial ha pasado de 3,1 mil millones a 7 mil millones de habitantes, la perspectivas de la Organización de las Naciones Unidas en su informe World Population Prospects sobre el estado de la población mundial, es que en 50 años más la población mundial superará los 10 mil millones de habitantes. De manera paralela a la población ha crecido también la demanda de bienes y servicios, motivada además por un cambio en los patrones de consumo. Sólo hay que pensar en cuál era nuestra cesta de consumo en los años sesenta y setenta, y cuál es ahora. Para muchos países bienes y servicios que hace cincuenta años no formaban parte de la cesta de la compra, ahora se califican como de primera necesidad.
La calificación de bienes necesarios depende también del país en el que nos encontremos. Por ejemplo como referencia, según datos del Banco Mundial, en países como Malawi, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Madagascar, Uganda o Etiopía, menos de un veinticinco por ciento de la población tiene acceso a la electricidad. En países como Haití, Sudán Eritrea, Camboya, Zimbawe, Angola, Yemen o Nigeria el porcentaje no alcanza el cincuenta por ciento. En países como India, Indonesia, Nicaragua, Guatemala, Sudáfrica, Filipinas, Senegal, entorno al quince, treinta por ciento de la población no tiene acceso a esta fuente de energía.
En contraposición, en los países más desarrollados estos patrones ha llevado a una parte de la población a situaciones extremas con la adquisición de bienes que nunca utilizará. En ocasiones se adquieren bienes que cubren necesidades creadas artificialmente por las políticas de marketing de las empresas. En otros casos, se renueva bienes injustificadamente, de nuevo por una cuestión de imagen. Muchos se adquieren bienes que ofrecen prestaciones que nunca se utilizarán. En definitiva, en los países más desarrollados una parte de la población en algún momento cae en la trampa del derroche de recursos.
Es importante entender que cualquier bien o servicio tiene una traducción en recursos que son obtenidos de la naturaleza. De esta manera, la adquisición de cualquier tipo de bienes y servicios implica la obtención y consumo de recursos naturales que serán empleados en su producción y en el tratamiento de los desechos generan. Algunos de estos recursos naturales son renovables, otros no. Los renovables los reproduce la naturaleza, siempre que para su obtención y consumo se respete la tasa de regeneración biológica. Por ejemplo, puede regenerase un bosque, o un banco pesquero si cortan los árboles y se pesca de manera sostenible. El viento y el sol también son fuentes de recursos renovables, en este caso infinitos.
Sin embargo, la mayoría de los recursos naturales empleados en la producción de bienes y servicios, y en el tratamiento de los residuos generados, no son renovables. Se encuentran depositados en algún lugar del planeta, y una vez sean extraídos en su totalidad, simplemente se agotarán, o al menos dejará de ser rentable su extracción. El caso del petróleo es muy particular, la presencia en los procesos productivos de cualquier bien o servicio, y en general en nuestra vida diaria es muy alta, y la posibilidad de sustitución baja. Aunque la tecnología ha avanzado para generar procesos productivos más eficientes que elevan la producción de bienes y servicios con la misma cantidad de factores productivos, el aumento de la población, por un lado, y, los patrones de consumo de los países más desarrollados por otro, ha elevado considerablemente la demanda mundial de recursos naturales.
Un grupo de científicos ha definido La Huella Ecológica como la cantidad de recursos necesarios para cubrir la demanda de bienes y servicios de un individuo, y para absorber los desechos generados con su consumo, usando como base la tecnología actual. Por otro lado, la Biocapacidad de un país se define como su capacidad en función de la tecnología actual para producir bienes y servicios y para absorber sus desechos. La unidad de medida de la Huella Ecológica per cápita es el número de hectáreas que necesita un individuo para mantener su nivel de consumo actual, tanto para la producción de los bienes y servicios que consume, como para el tratamiento de los desechos que genera. La Biocapacidad per cápita mide el número de hectáreas que le corresponde para este fin.
A principio de los sesenta cada habitante del planeta disponía de una biocapacidad media de 3,7 hectáreas. El aumento de la población mundial y el agotamiento de algunas fuentes de recursos renovables y no renovables ha reducido la biocopacidad per cápita a 1,8 en el 2007. En cambio, la huella ecológica media del planeta, a pesar de las mejoras tecnológicas y a consecuencia del cambio en las pautas de consumo, ha aumentado de 2,4 en el año 1961 hasta 2,7 en el año 2007 (www.footprintnetwork.org). Esto quiere decir que en 2007 el planeta tenía un déficit ecológico (diferencia entre la biocapacidad y la huella ecológica) de -0,9. Es decir, en términos medios harían falta 0,9 hectáreas más por habitante para cubrir la demanda de bienes y servicios del planeta y tratar sus residuos. Algunos países como Estados Unidos con un déficit ecológico de -4,1 necesitan salirse de sus fronteras para poder mantener su nivel de consumo. Lo mismo ocurre con Reino Unido (-3,6), Alemania (-3,2), España (-3,8), Japón (-4,1), Corea del Sur (-4,5), China (-1,2) y una muy larga lista de países desarrollados. Sólo unos pocos países como Brasil y otros países sudamericanos, Rusia, Australia, Finlandia, Canadá, o la República Democrática del Congo y algunos de sus vecinos africanos aportan positivamente al consumo mundial de recursos naturales.
Esto implica en primer lugar, que una parte de la población mundial que principalmente reside en los países desarrollados está consumiendo los recursos que le corresponden, por paridad y también por frontera política, a una parte de la población que vive en algunos países menos desarrollados. En segundo lugar, la población actual del planeta consume recursos renovables y no renovables a un ritmo que no les corresponde y que generará irremediablemente escasez para las generaciones futuras. El nivel de consumo actual no sólo supone el agotamiento de los yacimientos como por ejemplo, el petróleo, sino que además generan un deterioro en muchos casos no recuperables de recursos renovables como por ejemplo los bancos pesqueros, los bosques, etc. El alto consumo de recursos está generando además importantes cambios en el clima que acentúan esa pérdida.
Algunos de estos países no han experimentado la crisis económica de este siglo y, han crecido, y siguen creciendo, a tasas importantes. Son los emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como países BRICS. En el caso de China, por ejemplo ha tenido durante más de veinte años entre 1990 y 2012 una tasa de crecimiento medio de su PIB superior al 10% (datos del Banco Mundial). Se trata de países con importantes recursos naturales, pero sobre todo con una población alta. Juntos sumaban en 2013 algo más de 3000 millones de habitantes lo que supondrá, sin duda cuando alcancen el nivel de consumo medio de los países desarrollados, un nuevo orden socioeconómico mundial. Los países desarrollados juntos sólo suman 900 millones de habitantes.
Dentro de un mismo Estado, el patrón derivado del déficit ecológico es el mismo, y tanto en países pobres como en países ricos se está produciendo una concentración de la riqueza. En España por ejemplo, Según la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España entre 2008 y 2011 la mediana (es decir el punto medio) de la renta de las familias en España se ha reducido un 8,6%, entorno a 2.400 euros menos al año. En 2012 la cifra de desempleo alcanzó el 26% (6 millones de personas) frente al 13,9% de finales de 2008. Según Eurostat, nuestro país presenta el peor índice de concentración de la riqueza dentro de la Unión Europea situándose sólo por detrás de Letonia. La investigación de los americanos Mishel y Gee ha revelado que en los últimos 50 años en estados Unidos el salario medio en términos reales ha aumentado sólo un 4%, mientras que el salario de los trabajadores con renta más alta se ha duplicado, y triplicado en el caso del 0,1% por ciento de la población con mayor retribución.
Algunos científicos y economistas se plantean cuestiones como: ¿es el planeta es capaz de soportar ese aumento creciente de la demanda de recursos naturales. ¿Existe paridad en el consumo de recursos del planeta?¿Cómo se está distribuyendo el consumo mundial de recursos naturales?¿Qué factores condicionan el consumo de recursos naturales de la población mundial?¿Son sólo países ricos los que más consumen recursos naturales?¿Están los países ricos depredando los recursos de los pobres?¿Qué futuro espera a las próximas generaciones?¿Pueden los estados hacer frente a la demanda de sus ciudadanos actuales con sus propios recursos?¿Qué pueden hacer los gobiernos para evitar un empobrecimiento de su población y mejorar su bienestar? En definitiva, ¿estamos ante un nuevo marco socioeconómico mundial?
Estas preguntas tratarán serán contestadas en el curso La Nueva Coyuntura Económica Mundial del Siglo XXI, un Nuevo Marco Socioeconómico de la Universidad de Verano de Maspalomas 2014 (http://www.universidadveranomaspalomas.org/materias/detalle/402).

Libro Evaluación Socioeconómica y Financiera de Políticas Públicas

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Carmelo León González

             Manuel Romero Hernández

            María Victoria Ruíz Mallorquí

            Heriberto Suárez Falcón

Síntesis

Con la ejecución de las políticas públicas un gobierno persigue fundamentalmente dos objetivos, por un lado garantizar la prestación de bienes y servicios en condiciones de máxima rentabilidad socioeconómica, y por otro, corregir las alteraciones de equidad en la distribución de la riqueza. La presencia de fallos de mercado como la información imperfecta, la existencia de empresas privadas con poder de monopolio, la provisión de bienes públicos, y finalmente las externalidades, necesitan de la intervención pública para garantizar el primer objetivo de generación de bienestar social.

La políticas públicas requieren de recursos financieros para su ejecución, y la principal fuente de la que disponen los gobiernos son los impuestos. Esto supone detraer recursos de la iniciativa privada, y salvo en el caso de que se recauden para corregir externalidades, siempre generan una contracción del bienestar en los mercados de donde son detraídos. Cuando los impuestos son directos, su recaudación también implica una disminución de la renta disponible en manos privadas y consecuentemente una contracción de la economía. Es lo que se conoce como coste de oportunidad o precios sombra de los fondos públicos. Esta intervención pública está justificada si el resultado es una corrección de la distribución de la riqueza aceptable socialmente y si los fondos invertidos en el resto de políticas públicas generan un aumento de bienestar superior al coste de oportunidad de los fondos invertidos.

La evaluación socioeconómica determina el beneficio social neto de cualquier política pública financiada con fondos públicos y/o privados. Esto permite definir qué políticas sobrepasan el umbral de rentabilidad exigido a los fondos y qué alternativas son las que aportarán mayor rentabilidad a la sociedad. Se trata de una herramienta de trabajo que elimina incertidumbre y arbitrariedad, e introduce racionalidad en la inversión de fondos públicos.

La inversión de fondos públicos y privados en la ejecución de proyectos de inversión y políticas públicas tiene dos vertientes, por un lado, a nivel microeconómico, están destinados a solucionar necesidades concretas de los usuarios y empresas. Por otro, a nivel macroeconómico, la inversión en infraestructuras juega un papel determinante en la estimulación del crecimiento económico de un país o de una región económica.

Sólo invirtiendo racionalmente los recursos públicos es posible garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo del bienestar de una sociedad. El objetivo de este libro es analizar en profundidad como se evalúan las políticas con el objetivo de determinar su conveniencia socioeconómica. Acompañar la evaluación socioeconómica de un análisis financiero permitirá determinar también la viabilidad financiera de la política pública. Su ejecución está acompañada necesariamente de sus necesidades de financiación. El análisis financiero además de determinar su viabilidad financiera permitirá programar las necesidades de disponibilidad de fondos a lo largo de su vida útil.

El libro va dirigido a economistas e ingenieros con responsabilidad en la evaluación económica y financiera de proyectos de inversión y políticas públicas, y en especial proyectos y políticas donde sea necesaria una evaluación medioambiental. También puede ser usado por profesionales y académicos que deseen una guía de referencia avanzada ya que resuelve algunos aspectos menos desarrollados por la literatura.

Este trabajo realiza una aportación científica seria y rigurosa a la escasa literatura existente en España en materia de evaluación económica y financiera de proyectos de inversión y políticas públicas y complementa la escasa literatura que existente en nuestro país en esta materia.

El libro está estructurado para que pueda ser usado como una guía completa de evaluación económica. Se presenta en ocho capítulos además de una sección dedicada a la presentación de cuatro casos reales. El primer capítulo introductorio justifica la necesidad de la intervención pública para garantizar el bienestar social y define como deben seleccionarse las políticas públicas para garantizar su conveniencia socioeconómico. El segundo capítulo analiza una serie de conceptos teóricos básicos que le permitirán al lector entender cómo se mide el beneficio social de un mercado, o cómo se alcanza el nivel máximo de riqueza social en un mercado. Este capítulo analiza también qué instrumentos permiten generar financiación pública al mismo tiempo que se genera eficiencia en un mercado. Se demuestra que el esfuerzo por garantizar máximo bienestar socioeconómico debe ir enfocado no sólo a conseguir una mayor dotación presupuestaria sino también a implementar una política tarifaria que garantice una utilización eficiente de los recursos disponibles.

En el tercer capítulo se analizan los conceptos teóricos que fundamentan la cuantificación de los beneficios que genera la implementación de una política pública. Se analiza como la inversión de fondos públicos en políticas públicas buscan habitualmente solucionar problemas en el mercado donde se ejecutan, pero también cabe la posibilidad de que la intervención se realice en el mercado primario para ejercer un efecto sobre un mercado secundario. Este capítulo analiza el impacto de las políticas públicas y proyectos de inversión en mercados donde no existe competencia y donde existe la presencia de algún tipo de externalidad tecnológica.

En el cuarto capítulo se formaliza matemáticamente la estructura productiva de una empresa, formalización que es trasladable también a cualquier servicio público en general. A continuación se analiza cómo se determina el coste de oportunidad o precio sombra necesario para cuantificar el verdadero coste social de los inputs de una política pública. Finalmente, se analiza cómo deben tratarse la utilización de inputs no renovables en la implementación de políticas públicas.

Muchas políticas generan beneficios y costes que en determinados casos pueden tener un impacto relevante sobre su rentabilidad socioeconómica pero para los que no existe un mercado que refleje un valor monetario. El libro dedica dos capítulos completos a este aspecto: el capítulo quinto está dedicado a la valoración de los ahorros de tiempo y el coste de la vida, y el sexto se destina a la medición de los impactos medioambientales.

La valoración y el análisis financiero de los proyectos de inversión resultan fundamentales con independencia de que dichos proyectos sean de carácter público o privado. Este tipo de análisis permite a una empresa, ya sea privada o de capital público decidir si un proyecto es viable financieramente, y hasta qué punto requerirá de la inversión pública y privada para su puesta en funcionamiento y posterior ejecución. Con este fin en el capítulo séptimo analiza cómo debe realizarse para una política pública la elaboración de estados financieros previsionales: balances, cuentas de resultados y estado de flujos de tesorería, cómo determinar la dimensión financiera de un proyecto de inversión, y el cálculo de indicadores básicos de la viabilidad del proyecto y de su rentabilidad financiera.

En el capítulo octavo se detallan los indicadores que permiten tomar decisiones como la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, la elección entre políticas mutuamente excluyentes, la jerarquización de proyectos que compiten por financiación y finalmente la elección del instante temporal de ejecución. Finalmente se introduce el análisis de riesgo en la toma de decisiones que afectan a un proyecto de inversión. El capítulo nueve recoge cuatro casos prácticos reales que muestra la aplicación de la metodología.

Ed. Septem

Disponible en digital en:

http://www.septemediciones.es/2014/09/novedad-editorial-evaluacion.html