LA ECONOMÍA CANARIA REQUIERE UNA POLÍTICA DE REGULACIÓN DE SU INDUSTRIA TURÍSTICA

LA ECONOMÍA CANARIA REQUIERE UNA POLÍTICA DE REGULACIÓN DE SU INDUSTRIA TURÍSTICA

Artículo publicado en el diario ABC Madrid en el año 1998.

La ley de moratoria turística aprobada este año por el ejecutivo canario paraliza de forma temporal el crecimiento de las construcciones destinadas a explotación turística en el archipiélago canario. De esta moratoria se salvan las construcciones destinadas a turismo rural y las instalaciones de alta calidad siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos de equipamientos complementarios. De esta manera el gobierno paraliza un modelo de crecimiento de la industria turística con el objetivo principal de no hipotecar el futuro económico y las condiciones de vida de las islas, y conservar su principal recurso, el territorio.

La cuestión que cabe plantearse es si esta ley tiene fundamento económico que la respalde, y si la paralización de la construcción puede plantearse como una medida de equilibrio de largo plazo. Lo correcto técnicamente para responder a esta cuestión es evaluar económicamente su impacto. Para ello se comparan los beneficios y costes socioeconómicos de esta política con el objetivo de determinar su rentabilidad socioeconómica. Esto requiere de un estudio exhaustivo que no es posible resolver en un artículo de estas características, aunque sí es posible poner de manifiesto una serie de cuestiones que permitirá aclarar y encaminar los resultados esperados. Los costes de esta política deben medirse por lo que se ha dejado de ganar al paralizar el crecimiento de la oferta turística, este coste queda reflejado por el valor de la producción perdida, es decir, lo que hubiera aportado al producto interior bruto canario la expansión de la oferta turística, tanto de las empresas del sector, como de las empresas de los mercados secundarios que se han visto afectadas con la moratoria. Por otro lado, habría que contabilizar también la generación de empleo que se ha perdido. En los beneficios de esta política económica se encuentran los costes en los que no incurren las empresas del sector y todas las empresas afectadas de los mercados secundarios, es decir, los costes de los edificios turísticos, los costes de todo tipo de instalaciones que no se han llevado a cabo por esta política, como muelles deportivos, campos de golf, etc.

Pero además la industria turística genera un coste para las administraciones locales y otras empresas públicas y privadas que prestan servicios relevantes. Para la administraciones públicas porque el hecho de que la demanda se desplaza al lugar de la producción, obliga a financiar nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, puertos, servicios de transporte público (en muchos casos deficitarios), hospitales, centros de salud, servicios administrativos y judiciales, que se adapten a la población real de las islas (la población turística extranjera flotante está en torno al veinticinco por ciento de la de derecho, que no llega a dos millones). También genera costes para otras empresas que prestan servicios relevantes porque obliga a invertir en centrales térmicas para generar energía eléctrica, o a invertir en plantas potabilizadoras de agua para producir agua potable, o porque obliga a invertir en plantas de depuración de aguas residuales, etc.

La industria turística también genera costes externos importantes a la sociedad canaria en general como: la mayor presión demográfica genera un mayor deterioro de un ecosistema sensible, mayor congestión en las carreteras, en los servicios sanitarios, en el tratamiento de los residuos sólidos, tanto los propios turistas como la construcción de nuevas instalaciones generan residuos sólidos que tienen un coste importante de almacenamiento en unas islas con un territorio limitado. Finalmente el crecimiento de la oferta turística se hace en muchos casos en territorio sin construir lo que genera un coste importante sobre los recursos naturales que son la garantía de las condiciones de vida y de las generaciones futuras, pero también garantía del crecimiento económico futuro de las islas. Es importante aclarar no puede hablarse de demanda turística en un sentido homogéneo. La industria se ha diversificado en los últimos años con el fin de adaptarse al perfil de los consumidores, lo que ha dado lugar a diferentes mercados entre los que destaca por su importancia, el turismo rural, el turismo de alto poder adquisitivo, y el turismo tradicional que constituye la principal demanda de las islas. Los costes externos más importantes son los que generan éste último mercado debido a su tamaño y también a sus características. Los estudios económicos realizados por expertos en el sector demuestran que las políticas expansivas de la demanda turística generan una rentabilidad socioeconómica positiva.

Si bien esta afirmación es necesario matizarla: en primer lugar, esto es así siempre que en el precio de mercado de los bienes y servicios esté recogido el coste total social, que incluye el coste de las externalidades. Por otro lado, no hay garantía de que la generación de beneficio social se distribuya de forma equitativa entre los habitantes de las islas. Incluso puede ocurrir que el efecto sea el contrario, es decir, que esos resultados positivos queden en manos de un sector, y que, para que ese beneficio social se genere se deba hacer a costa de que los residentes soporten el coste de las externalidades que genera esta industria. Esto pone de manifiesto que si la propia industria turística soporta el coste social en el que incurren con su producción, es decir el coste de la producción más el coste de todos los efectos externos que generan, el mercado se autorregula en cuanto a su dimensión sin necesidad de que intervenga el gobierno más que para articular las medidas que garanticen que esto se cumpla. Por tanto, en estas condiciones cualquier expansión de la demanda turística promovida por la iniciativa privada, o incluso por políticas públicas asegura la generación de una rentabilidad socioeconómica positiva.

El principio económico que garantiza estas condiciones de mercado está presente en las políticas de tarificación de la Comisión Europea en otras industrias, cada agente económico debe pagar en función del coste que ocasiona. Aunque en los últimos años algunos economistas han adoptado el concepto de crecimiento sostenible o desarrollo sostenible para justificar y demandar la intervención del gobierno con el objetivo de regular la producción turística, prefiero hablar de intervención del gobierno para garantizar la internalización de los efectos externos que genera la industria, de manera que se garanticen situaciones de máximo bienestar y crecimiento económico. Cada mercado tiene su tamaño óptimo, y este tipo de políticas garantizan que el mercado por sí sólo es capaz de alcanzarlo.

La política del gobierno canario de paralizar el crecimiento de la oferta turística pone de manifiesto que el modelo de turismo de masas ha llegado en las islas a un nivel donde el aumento de la renta nacional que aportaría el crecimiento de este mercado no parece que llegue a cubrir los costes sociales que genera, como así lo evidencia el nivel actual de ocupación y alteración del territorio, de congestión presente en la carreteras que requieren nuevas ampliaciones, sobre todo en los municipios turísticos de Gran Canaria y Tenerife, congestión de servicios sanitarios, generación de residuos sólidos y aguas residuales que deben ser tratados, saturación de los canales de distribución eléctrica que ha generado cortes de energía en el sur de Tenerife, etc. Aunque la ley de moratoria es una medida temporal de limitación de la oferta turística articulada por el gobierno canario, su consolidación puede plantear serios problemas de eficiencia. La limitación artificial de la producción turística, artificial porque no es el propio mercado quien la define, no garantiza que la industria pague por el coste que ocasiona. Por otro lado, las condiciones cambiantes de la demanda y su heterogeneidad chocan con la inflexibilidad de este tipo de políticas.

Finalmente la moratoria genera rentas extraordinarias y pone en ventaja a las empresas que ya están dentro del sector, lo que no garantiza que las empresas que constituyan el sector a largo plazo sean las más eficientes, y por tanto, las que sean susceptibles de generar mayor riqueza a la economía canaria. Las políticas de regulación del sector deben ir encaminadas a repercutir el verdadero coste que genera la industria, de manera que éste quede reflejado en el precio final que se cobra al turista y que por tanto, adapte su consumo al coste real del servicio que recibe. Aquel famoso eslogan publicitario de los años setenta que demandaba ahorro energético, usted puede pagarlo, pero España no, se repite ahora en la economía canaria con la dimensión que ha alcanzado el turismo tradicional en las islas, debido a que los costes sociales que genera el sector son tan altos, que, tanto la economía canaria, como el territorio, debido su limitación física, no pueden soportarlos. El gobierno debe garantizar que el interés privado no hipoteque la conservación del principal recurso de la islas, el territorio, ni tampoco el crecimiento de la economía canaria como garantía de futuro para las generaciones presentes y futuras.

Realmente vivimos una crisis o un cambio de modelo, ¿qué opciones tiene España?

Artículo publicado en http://www.CanariasAhora.com  23 Enero 2012

El consumo de bienes y recursos lleva aparejado la generación de energía, por diferentes motivos: para la obtención de los recursos de la naturaleza, para su transformación, para su transporte, para su comercialización e incluso para su consumo. La emisión de CO2 puede ser utilizada como una aproximación de la utilización de energía, y del consumo de recursos naturales. Según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (www.iea.org) en el 2009 dos tercios de la emisión de CO2 fueron responsabilidad sólo de diez países en este orden: China, EEUU, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Canadá, Corea y Reino Unido, que en conjunto representan sólo un 45% de la población mundial. El caso de EEUU es destacado, con un 5% de la población mundial fue responsable del 18% de las emisiones de CO2. China con un 20% de la población total generó un 22% de la emisiones. En contraste, India con un 17% de la población mundial aportó un 5% de la emisión de CO2. Por sectores, la producción de energía eléctrica y calefacción son los responsables del 41% de las emisiones, el transporte el 23% y la industria el 20%. En España las fuentes renovables aportaron el 11,3% de la energía, la nucleares el 12,2%, el gas y el petróleo el 70,8%, finalmente el carbón aporta algo más del 6%.

La previsión de la Agencia Internacional de la Energía es que la demanda mundial de energía aumente hasta un 36% entre 2008 y 2035. Este crecimiento estará concentrado en un 93% en países no miembros de la OCDE, liderados fundamentalmente por China e India. En el caso de China, mientras que en el año 2000 su consumo de energía primaria era la mitad que la de Estados Unidos, ya en el 2009 su demanda superó a la americana. Para entender el alcance que esto puede tener y las consecuencias sociopolíticas hay que tener en cuenta que la población de China es de 1339 millones de habitantes muy superior a la de Estados Unidos (308 millones de habitantes), y la de la Unión Europea (501 millones de habitantes) juntos.

Estos datos muestran cómo se concentra el consumo de recursos naturales en nuestro planeta, y pone de manifiesto como la población de los países más ricos consumen los recursos de los más pobres, de manera insolidaria empleándolos en la satisfacción de necesidades no indispensables para la vida. La cuestión es que a este ritmo de crecimiento no hay recursos suficientes para todos en el planeta, pero no parece que el modelo vaya a cambiar. Por tanto, ¿cómo se ubicaran las intenciones de consumo de los nuevos países emergentes? La respuesta es que no hay normas que ordenen estas intenciones, tampoco es posible imponerlas. La realidad es que tampoco existen los derechos adquiridos para acceder al banquete de la distribución de la riqueza mundial, por lo que es posible que algunos países tengan pierdan su posición actual a favor de algunos emergentes.

La globalización implica apertura de mercados. Las economías abiertas aportan bienestar porque permiten aprovechar las ventajas comparativas de algunas economías en la producción de bienes y servicios. Sin embargo, lo que para algunos países puede resultar una gran ventaja porque se les abre nuevos mercados, para otros es una amenaza debido a que sus productos son poco competitivos en calidad y costes de producción. Básicamente hay tres tipos de modelos que permiten a los países generar poder adquisitivo para adquirir recursos, bienes y servicios en el mercado internacional. En primer lugar, se puede llegar a ser una economía con ventaja comparativa si se dispone de factores productivos baratos que permita vender sus productos en el mercado internacional a precios más bajos, y que atraiga inversiones internacionales. Es el caso por ejemplo, de algunos países asiáticos que se han beneficiado de disponer de una mano de obra barata. Una segunda opción es la capacidad de innovación. Los países más innovadores ganan ventaja comparativa y consiguen vender sus productos ofreciendo más calidad, se aprovechan de la reserva de mercados derivadas de sus patentes, y también tienen la posibilidad de ofrecer precios más bajos, si la innovación conduce a mejorar la productividad. Es el caso de los países más desarrollados como Alemania, Japón, Estados Unidos. Progresivamente China también se une a este tren. La innovación en la producción y utilización de la energía también reduce sus necesidades de recursos energéticos para abastecerse y por tanto abarata los procesos productivos. Finalmente, los países que posean los recursos naturales, adquieren la capacidad de compra con su venta, necesaria para emplearla en el mercado internacional de bienes y servicios. Es el caso de países como Noruega, o los estados productores de petróleo.

Mientras no haya un cambio tecnológico relevante que abarate la energía, la demanda creciente de recursos conducirá inevitablemente a un aumento del coste de las materias primas, entre las que está el principal recurso energético, el petróleo. El primer aviso de la que se avecina se observó en Julio del 2008 cuando el precio del barril escaló hasta 146 dólares el barril (www.iea.org) . Aunque seis meses más tarde bajó estrepitosamente hasta 35 dólares, el efecto sobre muchos estados desarrollados fueron tasas de crecimiento bajas, estancamiento, y hasta recesión en aquellos que tuvieron que adoptar medidas más restrictivas de gasto público. Desde ese momento la tasa de crecimiento del precio del crudo ha sido progresiva hasta alcanzar los 100 dólares actuales, lo que nos sitúa de nuevo a la altura del final del primer trimestre del 2008. La tasa de crecimiento esperada por la Agencia Internacional de la Energía para este año es del 9,4%, y para los próximos cinco años del 54,88%.

Los precios altos del petróleo se traducen de manera directa y escalonada, en un aumento de precios del resto de productos de la economía, sobretodo, el efecto es más importante en los más necesarios ya que son habitualmente los que tienen menos margen. Este efecto se tradujo en una escalada de la inflación y de manera inmediata en la aparición de las políticas monetarias constrictivas aplicadas por los bancos centrales. La tasa de crecimiento del PIB del 2007 en España fue del 3,8%, la del 2008 0,9%. Se corresponden con un tipo del euribor en el 2007 del 3,9%, y en Julio del 2008 alcanzó el 5,4%. En ese año también arrancó la crisis financiera. Entre otros motivos, porque quienes tenía que pagar no podían soportar los tipos tan altos, y porque los bienes que habían ofrecido en garantía habían sido sobrevalorados y no permitían cubrir sus impagos. Esto, unido a que la financiación pública se ha desviado a la recapitalización de los bancos y no al sector productivo, ha dado lugar a que algunos países europeos no han conseguido recuperar las cifras positivas de su crecimiento económico.

¿Pero que países son los que no están viviendo en crisis?, precisamente aquellos que cumplen con alguno de los tres modelos citados anteriormente, los países con reservas de recursos naturales, los que disponen de un proceso productivo de bajo coste, fundamentalmente por el coste de la mano de obra, y los países con más capacidad de innovación y menos dependientes del petróleo para la producción de energía. Así por ejemplo, no hay crisis para los países BRICS han hecho crecer su producto interior bruto en el 2010 a pasos de gigante, estos son: Brasil 7,5%, Rusia 4,0%, India 9,7%, China 10,3%, Sudáfrica 2,8%. Tampoco Estados Unidos, que creció un 2,9%, Alemania 3,6%, Francia 1,5%, Korea del Sur 6,1%, o Japón 5,1% (Fuente www.worldbank.org ). Si bien es cierto que algunos analistas pueden justificar la diferencias entre el crecimiento de EEUU y el de algunos países europeos debido a que mientras que el Banco Central Europeo insistía en mantener tipos altos para contener la inflación, la Reserva Federal ofrecía dinero público gratis; el entorno macro al que se han enfrentado todos los estado miembros es similar. O no?, la respuesta es no. España se sitúa sólo detrás de Irlanda, Italia, Portugal y Bélgica, con una dependencia energética del petróleo cercana al 80%, mientras que la media europea es del 54%.

¿Cuál es nuestro futuro?

Depende de las políticas públicas de nuestro gobierno. En primer lugar debe decir la verdad, y esta es que ya no hay crisis internacional, pero que nuestro país sí está en crisis. La población debe saber que estamos ante un cambio de modelo. Ahora le toca el turno a algunos países, que hasta ahora estaban fuera, convertirse en nuevos comensales del gran banquete de los recursos, y de los bienes y servicios, y a otros que han tenido gobiernos no diligentes y derrochadores, abandonar su lugar como comensales.

¿Qué políticas se deben articular en nuestro país para evitar la expulsión del grupo de privilegiados? En primer lugar, el primer horizonte cierto es que en 5 años el petróleo subirá más de un 50% y posteriormente tambiéncontinuará subiendo. Por tanto, cada minuto que no se ejecute una política pública que tenga como fin cierto cambiar nuestra dependencia energética de este recurso natural y de sus derivados nos cuesta dinero, nos empobrece y hace perder ventaja comparativa a nuestras empresas. Pero además la Unión Europea tiene previsto, a partir de 2013, someter a imposición las emisiones de CO2 derivadas del uso del petróleo y de sus derivados, lo que agravará este efecto. Sin duda, los dirigentes comunitarios saben que una manera de hacer más competitivas sus economías es reducir la dependencia energética del petróleo incentivando el abandono de su utilización. Teniendo en cuenta que cada minuto perdido tiene un coste, una buena manera de favorecer el cambio de modelo energético podría ser utilizar los ingresos obtenidos de la recaudación por CO2 para favorecer el uso de energías alternativas al petróleo que reduzcan nuestra dependencia energética.

Hay tres maneras de mantenerse en el tren del desarrollo económico en una economía global. En primer lugar disponiendo de reservas importantes de recursos naturales, preferiblemente energéticos, disponiendo de una mano de obra barata y de los incentivos fiscales adecuados que atraiga la inversiones de capital extranjero a producir en nuestro país. O bien, convertirnos en un país innovador y altamente eficiente, productiva y energéticamente. En el vagón de primera donde van los países con recursos no podemos subirnos, no al menos con la tecnología que existe hoy día. En el vagón donde van los países con un coste de la mano de obra barata tampoco, y además tampoco es lo deseable. Por tanto, el único vagón donde todavía podemos disputar algún asiento es donde van los países con mayor capacidad de innovación. Son países que sin disponer de recursos energéticos para autoabastecerse, y sin disponer de una mano de obra barata, ni mucho menos, han conseguido ser líderes de la economía mundial al ser capaces de ofrecer bienes y servicios innovadores y fuertemente demandados por el resto de la industria y la población mundial. Y es importante destacar que no son países con un coste de la mano de obra barata, pero en cambio, sí cualificada y con procesos productivos eficientes. Y para esto sí disponemos del recurso necesario, el capital humano. Pero sin embargo, la miopía política nos aleja lamentablemente de esta situación, al menos las cifras son muy reveladoras: en 2006 España invirtió un 1,2% del PIB en innovación, frente a la media del 2% de la Unión Europea, el 2,98 de Japón, o el 2,8 de EEUU. Y aunque con el esfuerzo de todos, nuestro sistema educativo es capaza de generar el potencial humano necesario para la innovación, la falta de visión hace que acaben siendo aprovechados por otros países.

Finalmente austeridad y recorte del gasto público no son sinónimos. La austeridad si implica la ausencia de derroche. La austeridad implica que deban ejecutarse sólo las políticas públicas que aporten una rentabilidad socioeconómica positiva. El recorte del gasto es positivo si se elimina el derroche. Pero en ningún caso se deben dejar de ejecutar políticas públicas que generen una rentabilidad socioeconómica positiva porque en ese caso estaríamos dejando de ganar riqueza. A ninguna empresa se le ocurre no ejecutar un negocio seguro que le vaya a proporcionar una rentabilidad positiva superior al mínimo exigido a sus inversiones.

Un Sistema de Pensiones Avanzado que favorezca la Solidaridad y la Equidad

Artículo publicado en www.CanariasAhora.com Febrero 2010    No hay duda de que la población de nuestro país es solidaria, lo demuestra su comportamiento. La gran mayoría aporta parte de su renta a causas solidarias. Muchas personas también aportan su esfuerzo, dentro y fuera de nuestro país, para ayudar a otras personas que lo necesitan. Nadie duda que una persona que pierde su trabajo deba recibir un subsidio de desempleo si no dispone de otra fuente de ingresos, así como, que sea estrictamente necesario que se pague un subsidio a las personas dependientes, como se reconoce en la ley de dependencia. Muchas personas dedican su tiempo a cuidar de familiares enfermos, conozco el caso de madres que han dejado su trabajo para cuidar de sus hijos. Todos nos sorprendemos, y muy a menudo nos resulta incomprensible, que algunos de nuestros mayores no reciban pensiones que les permitan tener una vida digna, ¿es posible que alguno sea una madre que no cotizó porque decidió permanecer en casa a cuidar de su familia? Básicamente hay dos sistemas de pensiones: por un lado en algunos países, preferiblemente los de cultura anglosajona, podemos encontrar los sistemas de capitalización que garantiza que cada persona recupera sus aportaciones individuales al final de su vida laboral. Como alternativa, el modelo centroeuropeo está basado en un sistema de reparto, conocido también como sistema solidario. Las personas trabajadoras aportan una parte de su salario, conocida en nuestro país como cotización a la Seguridad Social, que se usa para pagar el subsidio por jubilación a las personas mayores de sesenta y cinco años, que por ley no se encuentran en edad de trabajar. En contra de lo que se piensa de forma general, en nuestro país el Estado no retiene parte del salario a los trabajadores para devolvérselo con intereses en forma de pensión, lo hace para pagar las pensiones de las personas actualmente jubiladas, por eso es un sistema solidario. Si no fuera así, y se limitara a devolver las aportaciones individuales con intereses, muchas personas recibirían una pensión inferior a la que está prevista al final de su vida laboral. Algunos países como Suecia combinan ambos sistemas. Actualmente nuestro sistema de pensiones es autosuficiente, y además, genera superávit, lo que unido a las aportaciones del Estado fruto del pacto de Toledo, ayuda a crear un fondo que servirá de colchón en el futuro. Este fondo permitirá seguir pagando las pensiones cuando el sistema deje de autofinanicarse. En España hay cuatro personas en disponibilidad de trabajar por una persona mayor de sesenta y cinco años, lo que permite que con las aportaciones que los primeros realizan se pueda pagar los subsidios por jubilación de los segundos. Según algunos expertos la situación de superávit puede cambiar en sólo diez años debido al envejecimiento de la población. La relación entre el número de tarbajadores y de pensionistas se reducirá y pasaremos a una situación de déficit, donde la recaudación del Estado será inferior a los pagos de las pensiones. En el año 2050 se espera que la relación sea de 1 pensionista por 1,8 trabajadores. Nadie puede predecir con certeza cuando se dará esta situación debido a que los ingresos fluctúan con la situación económica del país. Una situación económica de crisis reduce el empleo y por tanto los ingresos, una situación de crecimiento económico eleva el número de trabajadores con empleo y por tanto, eleva los ingresos del Estado por este concepto. Por otro lado, no cabe duda que la economía buscará sus propios equilibrios. La propia población pensionista demandará servicios que generará de demanda de trabajo que podría ser cubierta con inmigración. El sistema de pensiones presenta además otras peculiaridades: La pensión es un subsidio más, que en este caso el Estado paga a las personas mayores de sesenta y cinco años. Aunque no siempre ha sido así, actualmente, la ley establece que la persona debe haber hecho aportaciones al Estado por un mínimo de quince años. El importe de la pensión está en función de salario de cada trabajador. Por otro lado, la aportación de cada persona a la Seguridad Social no es voluntaria. En definitiva, esto convierte las aportaciones en un impuesto, que como el impuesto sobre la renta para un trabajador, también está en función de su salario. El pago a la Seguridad Social es un caso excepcional de fiscalidad finalista. Es decir, el impuesto que se recauda, con la denominación de cotización a la Seguridad Social, se utiliza exclusivamente para pagar las pensiones. Y esto es particularmente excepcional en nuestro sistema fiscal, porque lo habitual es que los impuestos se implanten con un fin puramente recaudatorio. Por ejemplo, el impuesto sobre el combustible no se usa para construir carreteras, se usa para financiar en general las políticas del gobierno. Por tanto, la pensión por jubilación es una subvención, que por costumbre, y porque así la ley lo establece, por ahora, cada persona recibe en función de cuál ha sido su salario durante los últimos años de su vida laboral. El objetivo es cubrir la pérdida de poder adquisitivo de las personas que por su edad no pueden trabajar. Pero se da la cicunstancia de que este subsidio, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, es percibido independientemente del nivel de renta del pensionista. De manera que muchas personas a las que realmente no les haría falta una subvención del Estado para mantener su poder adquisitivo la perciben igualmente. En particular, la estructura del sistema actual de cálculo del subsidio por jubilación asegura que las personas que más renta del trabajo percibieron serán también las que más subsidio recibirán del Estado. De manera que puede darse el caso de que una persona, a pesar de disponer de un patrimonio generador de renta, porque por ejemplo, disponga de propiedades que le renten un alquiler, porque posean una empresa que le aporte beneficios, o porque posea diferentes tipos de valores que le generen rendimientos, además pueda estar percibiendo un subsidio alto, mucho más alto que muchas otras personas para las que la pensión es su única fuente de ingresos. Les invito a pensar en lo siguiente: la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece de forma solidaria que las personas con mayor renta deben aportar más al Estado. La escala, aunque con saltos, es progresiva con un máximo. Es un sistema que tiene como finalidad introducir equidad al redistribuir la riqueza de un país. Nadie en nuestro país, por costumbre, y por solidaridad, lo pone en duda. Tampoco en ningún caso, se da una situación, de nuevo por costumbre y por solidaridad, en la que, por ejemplo, una persona que paga un treinta por ciento de su renta se le pueda ocurrir, y ni siquiera pensar, que porque paga más impuesto que su vecino, que puede estar aportando sólo un veinte por ciento de su renta, tenga derecho a percibir más servicios que éste. Es decir, que pueda tener derecho a situarse delante en la listas de espera de la sanidad pública, a tener un carril privilegiado en las carreteras, a tener mejores servicios en la urbanización en la que vive, etc. La pregunta que les propongo nos hagamos todos es la siguiente: ¿por qué entonces a esa misma persona la ley le asigna el derecho a percibir una subvención mayor que la de su vecino? La respuesta que se me ocurre es porque simplemente por costumbre así es como se ha hecho. También les invito a autocontestarse las siguientes preguntas: ¿es solidario que una persona que tiene un patrimonio que le proporciona una renta alta, perciba también del estado un subsidio que puede ser muchas veces superior al que reciben otras personas que carecen en la mayoría de otras fuentes de renta. ¿Es justo que se pueda estar gastando dinero público en lujos supérfluos, mientras se está hablando por parte del gobierno que será necesario recortar la pensiones?¿Recoge esto último la opinión de los ciudadanos de este país?¿Por qué algún miembro de nuestra sociedad puede tener derecho a disfrutar de un nuevo y flamante tren de alta velocidad, o de un lujoso y desporporcionado aeropuerto, construido con dinero público, mientras que hay otras personas que apenas sobreviven con su pensión?¿Es que acaso la sociedad con sus actuaciones, no le pone de manifiesto a los políticos que la solidaridad con los más débiles es una prioridad?¿No debería el gobierno eliminar cualquier tipo de incertidumbre acerca de que todos los que lo necesiten recibiran un subsidio por jubilación que les permitirá vivir sin lujos, pero dignamente, y que esto se hará incluso aunque haya que recortar algunos privilegios y servicios no básicos? Bajo mi criterio el gobierno debería eliminar toda incertidumbre y garantizar el pago universal de las pensiones a las personas que verdaderamente lo necesiten. También debería asegurar que el sistema sea equitativo, garantizando las mayores pensiones a quienes más lo necesiten, no a quienes han pagado un impuesto más alto durante su vida laboral. Pienso que también el gobierno debe complementar con presupuestos del Estado el pago solidario de los trabajadores, lo necesario para garantizar el pago de las pensiones, si es preciso detrayendo los fondos públicos de otros gastos menos necesarios. El gobierno debería articular políticas que corrijan el envejecimiento de la población fomentando el apoyo a las familias, favoreciendo las ayudas económicas directas y mejorando el trato fiscal. En este último aspecto reconociendo en el pago del impuesto sobre la renta, la verdadera renta disponible por cada miembro de la unidad familiar, y no con deducciones de la base imponible y de la cuota íntegra. Por otro lado, también son importantes las ayudas no económicas, garantizando la conciliación de la familia con los horarios laborales, y ofreciendo servicios de atención y cuidado de los niños para que los padres puedan despempeñar su trabajo. Estos servicios también tiene una rentabilidad positiva para el resto de la sociedad ya que son generedores de actividad económica y por tanto, de empleo y bienestar. En definitiva, el principio sobre el que se fundamenta es que los niños de hoy son los que pagarán las pensiones del futuro. Algunos expertos sugieren que la edad de jubilación debe ser libre a partir de un mínimo, y que en lugar de permitirse las jubilaciones anticipadas, se puede favorecer la contratación de personas mayores de cincuenta y cinco años con reducciones en el pago de la cotización a la seguridad social. La experiencia de estas personas constituyen un capital muy valioso que la sociedad no debe perderse. Pero sobre todo el gobierno debe ser austero e invertir el dinero recaudado con los impuestos, sólo en aquellas políticas y alternativas que proporcionen siempre la máxima rentabilidad social y generen la máxima riqueza económica. Una economía eficiente, es una economía generadora de riqueza, y por tanto, habrá más para repartir entre todos. Todo gobierno debe tener lo que los economistas conocen como función de bienestar. Se trata de un modelo que recoge la preferencias de los ciudadanos. Si algún gobierno tiene duda de que nuestra población es solidaria, y que prefiere que se pague una pensión a que se construya un aeropuerto de lujo innecesario, dispone de los medios para consultar y descubrir realmente dónde prefiere el ciudadano que se invierta el dinero público.