¿Puede El Sistema Electoral en Canarias estar perjudicando a los habitantes de las islas periféricas?

El aumento de representatividad de los ciudadanos de las islas pequeñas en el Parlamento de Canarias se justificó en su momento para compensar el coste de la doble insularidad que soportan los habitantes de las islas pequeñas. El Centro de Estudios Económicos Tomillo1 cuantificó en 2008 el coste de la ultra periferia de Canarias respecto al continente europeo para las empresas no agrarias en algo más de 5.988 millones de euros. Como cita el informe el sobrecoste de la ultra periferia recae principalmente sobre la actividad empresarial de las islas capitalinas, aproximadamente en un 82%, debido a la concentración de la actividad empresarial. El resto en torno a 907,8 millones corresponde a las islas no capitalinas. La partida principal identificada fue el sobrecoste del transporte de las mercancías que representan el 48,8% del total.

Por tanto, en la medida en que se consiga reducir los tiempos de desplazamientos y las tarifas que pagan los ciudadanos y empresas para moverse y mover sus mercancías, se acortan las distancias entre las islas y se reduce la doble insularidad como consecuencia de la disminución del coste de transporte. El resto de dificultades que puede tener un habitante de una isla periférica son los mismos que puede tener cualquier otro ciudadano canario que vive en los principales núcleos de población, o los particulares de núcleos menos poblados dentro de las islas capitalinas.

El exceso de representatividad que la Ley Electoral Canaria otorga a los ciudadanos de las islas no capitalinas en el Parlamento de Canarias lastra la economía del archipiélago porque las inversiones de gasto público tienen como fin en ocasiones conseguir un equilibrio territorial en lugar de resolver las verdaderas necesidades de la sociedad canaria en su conjunto. No invertir adecuadamente el gasto público donde realmente es necesario puede también perjudicar a las islas no capitalinas.

¿Resuelve mejor la doble periferia de la Gomera o El Hierro invertir en una carretera o un paseo marítimo en esa isla en lugar de invertir en un puerto en Tenerife si el objetivo es mejorar el coste del transporte interinsular? ¿Puede ser que mejorar una carretera en Tenerife beneficie más a los habitantes de la Gomera o de El Hierro, que hacerlo en una carretera poco frecuentada en su propia isla? La inversión en la isla no periférica puede ser más rentable si eso sirve para que se reduzcan los costes de transporte de los productos que tienen como destino la Gomera o El Hierro, o para que los que se exportan alcancen más rápidamente los grandes núcleos de población de las islas donde van a ser consumidos. Aunque el territorio esté fragmentado, en muchas ocasiones no es posible aislar los efectos de una inversión pública entre diferentes islas.

Una mala política regulatoria o de inversión de un gobierno puede convertir a una industria en poco competitiva, conducir a políticas proteccionistas, generar un coste sobre los ciudadanos y alejarnos de los países y sociedades más progresistas. Recuperar la distancia se hace a veces misión imposible porque las políticas se enquistan. Para Barro y Sala-i-Martin (2004)2, las pequeñas diferencias en tasas de crecimiento acumuladas en períodos de cuarenta años o más tienen importantes efectos en las condiciones de vida de las personas. Muchas veces lo habitual es observado por los ciudadanos y políticos como normal, pero no quiere decir que sea la mejor opción para el bienestar de todos.

Una muestra de las malas políticas que sufrimos en las islas es que en el primer trimestre de 2015 la tasa de paro en las islas superó el 30%, sólo por debajo de Andalucía y Ceuta. En ese período 343.500 personas estaban sin empleo según la encuesta de población activa[1]. En 2013 la renta media por persona en Canarias era de 9.313 euros al año y el 21% de la población tenía una renta inferior a 450 euros al mes. Como referencia, la renta media en España en 2013 fue de 15.635 euros, en la Europa de los veintiocho, 17.617 euros al año (fuente INE).

Para Acemoglu y Robinson (2012)4, Los países crecen en bienestar social a medida que sus instituciones son más inclusivas y democráticas ya que la riqueza se reparte de manera más igualitaria. El motivo es porque se crean más oportunidades para todos los ciudadanos. Pero además el éxito de las políticas de los gobiernos en términos de bienestar y crecimiento no está sólo condicionado por la pluralidad política, además el gobierno debe ser fuerte, de manera que sea capaz de defender el interés común de los ciudadanos. Un gobierno dividido por intereses territoriales o étnicos, y el canario lo está por motivos territoriales, es un gobierno débil que busca constantemente los equilibrios entre los diferentes grupos de poder. De esta manera el objetivo deseable de ejecutar políticas en defensa del interés común se sustituye por la búsqueda de equilibrios de los intereses de los grupos de influencia.

El sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad, y las barreras electorales, genera la formación de un Parlamento fragmentado con una escasa pluralidad política y un gobierno débil dividido por los intereses territoriales que favorecen el insularismo y los grupos de influencia extractivos, económicos y territoriales. Esto unido a la escasa representatividad de los ciudadanos en la Cámara sesga las decisiones de políticas públicas en las islas, y limita el desarrollo económico y del bienestar social de los canarios, y así se ha puesto de manifiesto en la evolución de los índices de desigualdad y de la renta per cápita de las islas. En la década de los años setenta antes de la implantación de la triple paridad, el índice de Theil (indicador usado para medir la desigualdad) para Canarias estaba por debajo de la media española, en el 2003 las islas ya estaban por encima de la media nacional y con el peor valor de todas las comunidades autónoma como ponen de manifiesto en su trabajo Goerlich, F.J. y Villar, A. (2009)3. También en ese período Canarias fue la segunda comunidad autónoma donde menos ha creció la renta per cápita.

El sistema electoral en Canarias debe evolucionar para superar la división territorial y favorecer la representatividad de las preferencias de los ciudadanos en las decisiones de políticas públicas sociales y económicas que se toman en el Parlamento y en el Gobierno de Canarias. Lo deseable es la defensa del interés común y para ello no es necesario que exista una sobrerrepresentación de los habitantes de las islas periféricas en nuestro parlamento donde no sólo se toman decisiones económicas.

La solución para garantizar la eficiencia y eficacia del gasto público pasa necesariamente por eliminar la discrecionalidad en las inversiones introduciendo racionalidad económica mediante la evaluación de las políticas públicas. De esta forma de garantiza que se invierte donde realmente es necesario y deseable de manera objetiva. El coste de la doble insularidad, motivo por el que se justifica por algunos representantes políticos el equilibrio territorial en la formación del Parlamento de Canarias y en consecuencia del gobierno de las islas, puede ser resuelto con políticas de financiación específicas como puede ser, por ejemplo, un fondo de cohesión destinado a que siempre se garanticen las necesidades de los habitantes de las islas periféricas en términos de igualdad a cualquier otro habitante de una isla no periférica. Por otro lado, resulta determinante la regulación de los mercados interinsulares de transporte, garantizando la competencia cuando sea posible, y regulando de manera que los precios, la cantidad y calidad de los servicios se ajusten al óptimo social.

Referencias

  1. Centro de estudios Tomillo (2010): Cuantificación de los costes de la Ultraperiferia en Canarias. www.cet.es.
  2. Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X. (2004): Economic Growth. The MIT Press.
  3. Goerlich, F.J. y Villar, A. (2009): Desigualdad y Bienestar Social. FBBVA.
  4. Acemoglu, D. And Robinson, J. (2012): Power Prosperity and Poverty Why Nations Fail?. Crown Business.

Texto extraído del capítulo 8 del libro Textos para la Reforma Electoral de Canarias. http://www.servicios.ulpgc.es/publicaciones/JPortal25/images/noticias/2016/ReformaElectoralDigital.pdf

El Sistema Electoral en Canarias favorece el insularismo y empobrece a la población

El viernes pasado en un acto presidido por el Rector de la Universidad de las Palmas y donde estuvo presente también la Presidenta del Parlamento de Canarias se presentó el libro Textos para la Reforma Electoral de Canarias. La obra ha sido coordinada por Vicente Mújica presidente del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, y Gerardo Pérez profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Como citó el profesor Gerardo Pérez la obra es un trabajo científico en el que han participado profesores de varias universidades españolas entre los que me encuentro. La pregunta con la que comienzo mi reflexión en el capítulo Efectos del Sistema Electoral en Canarias sobre la Economía y el Bienestar es si ¿rigen en Canarias los principios básicos de unión, libertad, solidaridad, e igualdad de oportunidades? La respuesta es que el sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad y la barreras electorales del treinta por ciento insular y del seis por ciento autonómico parece que lo impiden.

La circunscripción insular convierte en la práctica el Parlamento de Canarias en una cámara de representación territorial que favorece el insularismo desde su concepción, ya que induce a los ciudadanos a pensar que el representante electo de su isla tendrá como prioridad defender sus derechos antes que los de otra isla, lo que va en contra de la unión de todos los canarios, fomenta la división y la lucha territorial por el poder. Por otro lado, el artificial e hipotético equilibrio en el número de diputados entre provincias impuesto con la triple paridad refuerza aún más la división entre los canarios. Los diputados tienen además un objetivo de segundo orden, después de defender los intereses de su isla deberán defender también los intereses de su provincia.

Finalmente, las barreras electorales, insular del treinta por ciento, y autonómica del seis por ciento, han generado que muchos ciudadanos no puedan tener representada su voz en el Parlamento de Canarias, reduciendo además en consecuencia la pluralidad política. La aparición de nuevos partidos en el espectro político de nuestro país favoreció en las elecciones autonómicas del pasado Mayo del 2015 la división del voto y la pluralidad política fruto de la evolución y maduración de nuestra sociedad. Esta situación dejó obsoletas las barreras electorales ya que mientras que en las elecciones autonómicas de 2011 en todas islas, al menos un partido político superó la barrera insular del treinta por ciento en número de votos, en 2015, sólo la superaron en La Gomera la Agrupación Socialista La Gomera, y en El Hierro Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente. El primero con un 0,55% de los votos emitidos en toda Canarias obtuvo tres representantes en la cámara, y el segundo con un 0,26% dos representantes.

La barrera del seis por ciento autonómico dio lugar a que el partido político Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía con 54.375 votos (un 5,84% de los emitidos a en toda Canarias) no accediera a tener representación como ya saben todos. La combinación de ambas barreras electorales impidió también que en Gran Canaria más de setenta y dos mil votos válidos (en torno a un 20%) no fueran tenidos en cuenta en la configuración del Parlamento (todos datos disponibles en el ISTAC).

Las barreras generaron algunos efectos inauditos como el fue el caso del diputado que alcanzó a obtener por Gran Canaria el partido político Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario en la cámara autonómica con menos votos que el partido Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía.

Ese diputado fue crucial para que Coalición Canaria ganara las elecciones y en consecuencia la presidencia del gobierno al Partido Socialista Obrero Español que obtuvo quince diputados frente a los dieciséis de Coalición Canaria, a pesar de que esta coalición fue la tercera fuerza más votada en las islas.

En definitiva el sistema electoral canario basado en la circunscripción insular, la triple paridad y las altas barreras de acceso al Parlamento, perjudica a la mayoría de los ciudadanos de Canarias favoreciendo la concentración del poder en manos de unos pocos. Conduce ineludiblemente al refuerzo de la concepción de territorio fragmentado, y a la concepción insularista de que todo lo que queda fuera de la isla es otro territorio, favoreciendo entre los ciudadanos de Canarias el pensamiento de que hay que luchar por lo nuestro, lo de nuestra isla. Y eso nos perjudica a todos porque implica división de recursos, y decisiones políticas que no tienen como objetivo el bienestar común de todos los ciudadanos canarios.

La división política resta bienestar y crecimiento económico porque favorece que se tomen decisiones donde prevalecen los equilibrios territoriales ¿Dónde quedó el sentimiento de unidad de “somos siete en un mismo mar”? Sólo con un Parlamento y un Gobierno de Canarias que garantice la representatividad de las preferencias de los ciudadanos, la pluralidad política, la eficiencia, y la transparencia en la gestión política, es posible alcanzar un crecimiento económico sostenido a largo plazo que sea fuente de bienestar social y equidad para todos los ciudadanos.

¿Deben gobernar en España las listas más votadas?

Artículo publicado en el diario.es 27 febrero 2016

Esta semana he tenido la gran oportunidad de participar en la novena liga de debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria coordinando a mis alumnos de tercer curso del Grado de Economía. Como dijo uno de los miembros de la organización, nuestra universidad es pionera en España de un modelo heredado directamente de las universidades americanas y siempre ha tenido participaciones destacadas en la liga nacional. La pregunta sobre la que giraba el debate fue: ¿deben gobernar en España la listas más votadas?

Dentro de la sala donde se celebraban los debates, el sorteo definía la postura a defender por cada uno de los dos equipo que se enfrentaban. En los pasillos, el debate continuaba, y todos dábamos nuestros argumentos a nivel individual, sin desvelar, claro, los argumentos secretos de nuestro equipo. Lo cierto es que fuera de los debates sólo coincidí con personas que defendían el no a la pregunta planteada por los organizadores. Todos estábamos de acuerdo además que esa era la postura más cómoda. Afortunadamente a nuestro equipo, Economistas con derecho, a opinar se supone, le tocó defender el no en más de una ocasión, y éstos fueron los argumentos basados en la Economía del Bienestar con los que arrancaban en esos casos nuestras intervenciones:

España es un país con poca experiencia democrática, y aunque no es cierto que siempre haya habido bipartidismo, sí es cierto que desde 1977 hasta ahora sólo han habido dos partidos mayoritarios en cada legislatura, lo que ha simplificado la formación de los gobiernos, y ha generado que éstos hayan sido monocolor y además coincidentes con la lista más votada. De manera que hasta ahora siempre ha ocurrido que los partidos políticos que han ganado las elecciones generales han conseguido formar gobierno y gobernar en solitario nuestro país.

Sin duda ha influido por un lado, la falta de educación política de nuestra sociedad, y por otro, en mayor medida, es una consecuencia de la ley electoral española. La ley electoral porque promueve una elección de representantes en el Congreso de los Diputados con una asignación territorial de los representantes por provincias, y además con listas cerradas. Eso explica la abultada diferencia de escaños en las pasadas elecciones generales, entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, treinta y uno, a pesar de la escasa diferencia de votos, alrededor de 340.000, 22,01% frente a 20,66%. Y el caso flagrante de Unidad Popular que con algo más de 923.000 votos sólo obtuvo dos escaños. En cambio al partido Nacionalista Vasco con algo más de 301.000 votos se le asignaron seis escaños. Ezquerra Republicana obtuvo nueve escaños con algo más de 599.000 votos.

Con esto lo que quiero poner de manifiesto es que en muchas ocasiones la lista más votada no tiene porqué ser siempre la lista con mejor representatividad de escaños en un Parlamento. De hecho en la pasadas elecciones autonómicas en Canarias Coalición Canaria, el partido con más escaños, en el parlamento de Canarias fue el tercero más votado. Precisamente este elemento de falta de representatividad de las cámaras autonómicas y nacional es lo que muchos partidos políticos, analistas y representantes cívicos están reivindicando que debe ser corregida.

 

Lo cierto es que lo deseable, y por otro lado lo único demostrable matemáticamente, es que un gobierno siempre debe buscar como objetivo la maximización del bienestar social, o lo que es lo mismo, el interés común de todos los ciudadanos. El crecimiento económico debe ser siempre un objetivo subsidiario del bienestar social. Y esto sólo es posible conseguirlo si un gobierno tiene en cuenta en sus políticas públicas la intensidad de las preferencias de los ciudadanos, pero no sólo de sus votantes, de todos los ciudadanos. Por eso se llama Gobierno de España, el gobierno de todos los españoles. Para todos es más fácil entender este concepto cuando vemos al presidente de nuestro país o a algún miembro de su gobierno fuera de nuestras fronteras. En ese momento entendemos que su función es representarnos a todos, no sólo a sus votantes. El gobierno ejecuta, el parlamento legisla.

Por eso la respuesta de nuestro equipo en la liga de debate universitaria, fue que no necesariamente la lista más votada debe gobernar un país. Debe gobernar un país un gobierno que tenga la capacidad para representar el interés común de todos los ciudadanos. Un gobierno debe tener la capacidad de confluencia, de generar acuerdos, de facilitar los encuentros programáticos. Eso no quiere decir que los partidos políticos que lo apoyen estén de acuerdo en todo, el debate parlamentario dilucidará las confluencias entre partidos que no siempre tendrán que ser los mismos.

Un gobierno que gobierna a base de rodillo ya sea en solitario o en coalición, no garantiza el bienestar común porque está dejando fuera de sus políticas las preferencias de muchos ciudadanos. Aunque a veces lo puede parecer, la política de un país no es una competición de estrategias donde gana quien sea mejor estratega y en consecuencia se lleva los honores. Un buen ejemplo de cómo debe actuar un presidente la dio el premio nobel de la paz, el señor Nelson Mandela. En los objetivos de sus políticas trató de integrar siempre a todos los ciudadanos, tanto los que le habían votado como los que no. No hacerlo hubiera significado repetir lo mismo que hicieron con la población de color en su país y en contra de lo que había luchado toda su vida.

Si estuviera dentro de un congreso, y el sistema me permitiera emitir mi voto libremente, y no bajo la disciplina de un partido político, votaría a un presidente integrador, que tuviera como objetivo mejorar la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos de su país. Tendría que ser un gobierno independiente de que sus políticas no consigan crecimiento económico a costa de desigualdad. Un gobierno debe garantizar siempre la unión, la solidaridad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.

El “Caramelo” del Estado del Bienestar y las Malas Políticas Públicas

Artículo publicado en el diario.es

El “caramelo”del Estado del Bienestar que algunos políticos venden se relaciona con prestaciones sociales, servicios públicos, financiación de políticas sanitarias, educativas, pensiones, etc. Muchos gobiernos hacen depender este tipo de políticas y el bienestar de los ciudadanos del crecimiento económico y muchos se apoyan en la realidad económica internacional para ocultar las limitaciones de su capacidad de gestión.

En esta línea las políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico han tenido en España efectos importantes en la distribución de la riqueza y el bienestar. En pleno período de crisis económica, el impacto más fuerte lo ha recibido el mercado laboral que soporta una de las tasas más altas del mundo de cuota de la seguridad social[1], lo que ha arrastrado al resto de cifras de desigualdad y bienestar social. No hay que olvidar que la tasa de desempleo evolucionó hasta situarse en el 25% en 2014, la segunda peor de la Unión Europea, muy alejada de la media situada en el 10,3%.

La pérdida de empleo y la renegociaciones salariales ha supuesto una reducción drástica de la renta para muchas personas[2].Según Molina (2015)[3] con datos de Global Wealth Data Book, en España el uno por ciento más rico de la población acumula algo más del 27,2% de la riqueza, el siguiente 9% acumula el 28,7%[4]. Según la OCDE España fue el país donde más creció la desigualdad medida a través del índice de Gini entre 2007 y 2011, antes y después de impuestos[5]. En el mismo informe se recoge también que en ese período el 10% de la población más pobre de nuestro país experimentó la mayor pérdida de renta de toda la OCDE entorno al 12,9%. Según la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España[6] entre 2008 y 2011 la mediana (es decir el punto medio) de la renta de las familias en España se ha reducido un 8,6%, entorno a 2.400 euros menos al año.

¿El aumento de la concentración de la riqueza y la pérdida de bienestar en España ha estado motivada exclusivamente por la crisis económica? No, no es así, el proceso de concentración de la riqueza no se explica exclusivamente por la crisis surgida a partir del año 2008. Incluso en los períodos en que en nuestro país no ha habido crisis y ha habido tasas de crecimiento abultadas, las políticas públicas y la evolución de la economía han hecho perder bienestar a los ciudadanos y han favorecido la concentración de la riqueza. Este efecto se ha acentuado más en la séptima legislatura que finalizó en el 2004. La octava legislatura se caracterizó por una ligera recuperación de los principales indicadores. El informe del Consejo Económico y Social del año 2013, pone de manifiesto que la media real de los salarios presentó crecimientos negativos o muy modestos incluso en las etapas de crecimiento económico. La razón principal es por el aumento de la contratación temporal.

¿Por qué ocurre esto en nuestro país?¿Cuáles son los factores que lo explican?

El bienestar social está vinculado sin duda con la renta disponible de los ciudadanos, y cómo está distribuida, pero no exclusivamente, además también está vinculado a la eficiencia de la participación de un gobierno en la vida pública. La toma de decisiones de políticas públicas no es inocua para el bienestar social. Cualquier decisión de gasto público no genera el mismo impacto sobre la economía y la sociedad. Las buenas políticas generan crecimiento y bienestar social, las malas políticas pobreza y desigualdad.

La intervención de un gobierno en una economía cumple dos funciones: en primer lugar corregir las alteraciones de la equidad en la distribución de la riqueza, y en segundo lugar, corregir los fallos de mercado garantizando la prestación de bienes y servicios en condiciones de eficiencia asignativa como mecanismo para garantizar bienestar social y un crecimiento económico equilibrado. Un gobierno que no articule políticas eficientes correctoras en este sentido está condicionando de manera definitiva el bienestar de los ciudadanos.

La corrección de fallos de mercado requiere por ejemplo, proteger de manera efectiva a los consumidores del exceso de poder de mercado de las empresas en los mercados donde se proveen bienes necesarios y relevantes para la sociedad. Aunque la producción pública puede ser una opción, no es estrictamente necesaria ya que regulando de manera adecuada los precios un gobierno puede generar que en esos mercados se alcancen equilibrios de precios y cantidad producida similar a la que se produciría con la producción pública. Proteger a los ciudadanos del poder de mercado de las empresas supondrá que se pueda acceder a precios más bajos y a mejor calidad del servicio. Precios más bajos supone que los ciudadanos paguen menos por bienes y servicios que tienen un impacto importante en su cesta de la compra, y en consecuencia es equivalente para muchas familias a recibir un aumento de salario, una subida de su pensión o la recepción de cualquier subsidio. Un bien necesario por ejemplo para los ciudadanos es la electricidad, según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea donde las familias paga el precio más alto por la energía eléctrica, después Dinamarca, Alemania e Irlanda[7].

La eficiencia de las intervenciones públicas está también relacionado con la gestión de los fondos públicos. Los fondos públicos no son gratis, tienen un coste de oportunidad, han sido detraídos de la iniciativa de inversión privada y de los bolsillos de las familias, no invertirlos adecuadamente supone dejar de financiar otras políticas públicas que hubieran podido generar una rentabilidad superior para todos los ciudadanos. Veamos un ejemplo de lo que ha pasado en nuestro país con la inversión en el ferrocarril de alta velocidad: como recogen en su trabajo Albalate y Bel (2015)[8] España es el segundo país del planeta después de China en número de kilómetros de ferrocarril de alta velocidad, 2500 kilómetros construidos, y el primero en número de kilómetros por habitante, 54 kilómetros por cada millón de habitantes. Pero en cambio en 2013 sólo lo usaron 25,3 millones de pasajeros, frente a los 330 millones de Japón, los 125 de Francia, o los 420 millones de China en 2012. Mientras que en Japón hay 158.121 pasajeros por kilómetros de red, en Francia 61.394, en China, 37.950, en España la cifra sólo llega a 10.120 pasajeros por kilómetro. Por su parte Betancor y Llobet (2015)[9] hacen un análisis de los cuatro corredores de alta velocidad en funcionamiento en España a finales de 2013 y obtienen como resultado que las inversiones no han sido rentables ni financieramente, porque sus ingresos no llegan a cubrir los costes de la inversión; ni socialmente, porque los beneficios sociales tampoco los superan. En consecuencia la única explicación que encuentran a las inversiones es el posible rédito político que se han podido obtener los gobiernos y que coincide como señalan los autores con la ausencia de estudios de análisis evaluación socioeconómica publicados por el ministerio para justificar las inversiones.

Una mala política regulatoria de un gobierno puede convertir a una industria en poco competitiva, conducir a políticas proteccionistas, generar un coste sobre a los ciudadanos y alejarnos de los países y sociedades más progresistas. Una política de derroche de los fondos públicos genera un coste de oportunidad muy alto y una deuda que no genera rentabilidad en términos de bienestar social.

Recuperar la distancia se hace a veces misión imposible porque las políticas se enquistan. Para Barro y Sala-i-Martin (2004), las pequeñas diferencias en tasas de crecimiento acumuladas en períodos de cuarenta años o más tienen importantes efectos en las condiciones de vida de las personas. Muchas veces lo habitual es observado por los ciudadanos y políticos como normal, pero no quiere decir que sea la mejor opción para el bienestar de todos.

[1] https://manuelromerohernandez.wordpress.com/category/pensiones/

[2] http://www.eurostat.com

[3] http://economistasfrentealacrisis.com/elecciones-y-desigualdad/

[4] http://economistasfrentealacrisis.com/elecciones-y-desigualdad/

[5] http://www.oecd.org/els/public-pensions/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm

[6]http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/14/Ene/Fich/be1401-art2.pdf

[7] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6849826/8-27052015-AP-EN.pdf/4f9f295f-bb31-4962-a7a9-b6c4365a5deb

[8] http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2015/dt-2015-02.pdf

[9] http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-08.pdf

Propuestas para un Sistema de Pensiones que garantice la equidad.

Artículo publicado en eldiario.es el 21 Septiembre 2015.

Estaba previsto que el sistema de pensiones en España sustentado sobre las rentas del trabajo quedara obsoleto y cayera en una situación de déficit conforme aumentara el número de personas dependientes. La crisis económica ha acelerado este proceso y en los últimos cuatro años el gobierno ya ha dispuesto de 34.000 millones de euros del Fondo de Reserva de Pensiones y reducido sustancialmente su saldo hasta dejarlo en sólo 41.634 millones a final de 2014. La previsión del gobierno es que hasta al menos 2020 los ingresos sigan siendo insuficientes para cubrir el pago de las pensiones en nuestro país, lo que requiere de medidas inmediatas que puedan tener repercusiones a medio plazo y solvente la insostenibilidad del sistema.

La respuesta del gobierno ha sido elevar la edad de jubilación en dos años y aprobar la ley 23/2013 que se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. El nuevo sistema hace depender la revalorización de las pensiones del equilibrio financiero entre ingresos y gastos, lo que quiere decir que si se mantiene la actual legislación al menos hasta el 2020 las pensiones recibirán una subida del 0,25% a todos los pensionistas por igual.

¿Dónde están las causas de este desajuste? En primer lugar, la caída de la actividad económica a partir de 2009 llevó a una importante reducción de las rentas del trabajo, la fuente en exclusiva de la recaudación para el pago de las pensiones. En 2008 el número de asalariados en nuestro país alcanzó la cifra de 19,3 millones de trabajadores y su salario medio en 2010 llegó a ser 19.113 euros anuales. En 2012 el número de trabajadores había caído a 17,1 millones  y su salario medio se quedó en 18.601 euros anuales (datos del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España). La consecuencia es que cayó la recaudación por cotización a las seguridad social y fue la primera vez que el gobierno tuvo que disponer del Fondo de Reserva para el pago de pensiones.

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en España generó que en 2012 el 20,47% de los asalariados recibieron una renta anual inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional. La retribución anual media de este importante grupo de trabajadores fue 1.834 euros brutos en un año. La precariedad de los ingresos de los trabajadores ese año se puso de manifiesto en que el 20% de los asalariados sólo sumaron el 2% de los ingresos totales por cuenta ajena. En ese mismo período el 44% de la población trabajadora recibió un salario inferior a 11.277 euros brutos anuales, el 13,78% del total de la renta generada por el trabajo en España (www.ine.es). Esas son las personas que pagan una parte importante de la pensiones de nuestro país, algunas de más de 2500 euros anuales.

La reducción de los salarios se explica en parte también por el progresivo aumento de la contratación a tiempo parcial, el 12,3% de los contratos en 2006 se convirtió en el 17,7% en 2013. Lo que se tradujo también en un una reducción en el número de horas contratadas de 40,2 horas en 2011 a 39,9 horas en 2013 para los varones (www.ine.es).

Por otro lado, el número de pensionistas, pensiones y su cuantía no ha dejado de crecer en ningún momento. En 2014 el número de pensiones abonadas superó los nueve millones, mientras que el número de pensionistas es ligeramente inferior, estuvo cerca de los ocho millones y medio. Aunque ambas cifras tienen una tasa anual de crecimiento similar, en el entorno del 1,5%, la tasa de crecimiento del gasto ha alcanzado cifras superiores al 4% durante algunos años. En 2014 el gobierno la redujo considerablemente, pero aún así estuvo por encima del 2,5%.

El gasto total anual en pensiones llega a alcanzar el 10% del producto interior bruto de nuestro país. La partida más importante corresponde al pago de las pensiones por jubilación, que suponen aproximadamente un 69% del gasto total. En 2013 el importe medio de la pensión por jubilación estaba en el orden de 980 euros mensual. La siguiente partida en importancia de gasto corresponde a las pensiones por viudedad que representan más de un 18% del gasto total. En Diciembre de 2014 el 44% de los pensionistas recibieron una pensión inferior a 700 euros al mes (datos del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España).

No hay que olvidar que las pensiones en España es un sistema de reparto, conocido también como sistema solidario. Los trabajadores aportan una parte de su salario, conocida en nuestro país como cotización a la Seguridad Social, que se usa para financiar el pago a las pensionistas actuales. En contra de lo que muchos piensan el Estado no retiene parte del salario a los trabajadores para devolvérselo con intereses en forma de pensión. Si fuera así, y se limitara a devolver las aportaciones individuales con intereses, muchas personas recibirían al final de su vida laboral una pensión sustancialmente inferior a la que está prevista. Veamos un ejemplo:alguien que contribuye durante 35 años de su vida laboral con 1.000 euros mensual, que corresponde aproximadamente a la contribución máxima, habría realizado una aportación de 381.000 euros en unidades corrientes (asumiendo una tasa de inflación del 2% y tasa de descuento del 1,5%). Si como le reconoce la ley recibiera una renta de 2.560 euros mensual durante 20 años, recibiría 623.000 euros en unidades corrientes, casi el doble de su aportación.

El actual sistema de pensiones en España da lugar a situaciones que son contradictorias y opuestas a lo que debería ser una política de redistribución de la renta. La razón es que el subsidio es percibido independientemente del nivel de renta del pensionista, de manera que muchas personas a las que realmente no les haría falta una subvención del Estado para mantener su poder adquisitivo la perciben igualmente. Al contrario de lo que debería ser una política pública que debe ir destinada a cubrir la incapacidad de una persona para obtener renta que garantizarle una subsistencia digna por su edad u otro motivo, ocurre que con el actual sistema individuos con un mayor nivel de renta reciben mensualmente del Estado un subsidio mayor que otros más necesitadas con un nivel de renta inferior. Esto es así debido a que la estructura del sistema actual de cálculo del subsidio por jubilación asegura que las personas que más impuestos pagaron porque tenían una renta del trabajo mayor, serán también las que más subsidio recibirán del Estado, independientemente de su capacidad de renta actual. Las pensiones es una política fundamental a la que el Estado no debe ni quiere renunciar. Si se consulta a los ciudadanos estos la situarán con toda certeza como una prioridad en sus preferencias. Con la actual legislación la actualización de las pensiones y la viabilidad financiera del sistema depende de la recaudación del impuesto de cotización a la seguridad social.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad, la pérdida de poder adquisitivo, el envejecimiento de la población, y el aumento de la esperanza de vida son los factores que definitivamente dejan obsoleto el sistema en España. El sistema debe ser modificado para garantizar su viabilidad financiera y el carácter equitativo que debería tener esta política pública. La respuesta de muchos economistas y del gobierno ha sido frenar el número de pensionistas retrasando la edad de jubilación. Esa solución perjudica a todos los ciudadanos en general, pero sobre todo a los que tienen empleos repetitivos y físicos que sufren un mayor deterioro. Sólo es un parche que no resuelve las dificultades de financiación del sistema ni su equidad.

Otros factores también ponen de manifiesto que el sistema necesita una reforma: en primer lugar, el grupo de expertos al que el gobierno ha encargado el informe para la reforma del sistema fiscal en España ha puesto de manifiesto que la cotización a la seguridad social es un impuesto poco equitativo en su recaudación y que debe evolucionar para integrar progresividad en el tipo de gravamen. Con el sistema actual un trabajador del régimen general que gana el salario mínimo paga en concepto del impuesto de la cotización a la seguridad social un tipo impositivo real del 33%. En cambio para un trabajador con un ingreso 10 veces superior proporcionalmente su tipo de gravamen real  supone sólo el 15,6%. El motivo es que ambos pagan un 28,3%, pero el primero sobre una base que superior a su salario (753 euros en 2014) y el segundo sobre una base que sustancialmente inferior a su salario (3.606 euros anuales en 2014)

A pesar de que el sistema de pensiones contributivas en España es una política de estado solidaria, recae enteramente en el mercado de trabajo, y no siempre en sentido estricto los beneficiarios de la pensiones serán personas que hayan sido asalariados, como puede ser el caso de las pensiones por viudedad o favor familiar. Por lo que no se justifica que un impuesto finalista como este se recaude exclusivamente sobre ese mercado.

El impuesto de cotización a la seguridad social además, grava un mercado muy sensible en nuestro país como es el mercado laboral. Hay que recordar que la tasa de paro ha alcanzado límites inverosímiles e insostenible, el 26%, y en algunas comunidades autónomas ha superado el 30%, muy superior a la media de la Unión Europea. España con un 28,3% es de los países de la OCDE con los tipo más altos del impuesto que tiene la media en el 19,6%. Muy superior a Francia con un tipo del 16,7% o EEUU con el 10,4%. Sin duda se trata de un impuesto que esta introduciendo ineficiencias importantes en el mercado laboral y es un factor que también contribuye a explicar los diferenciales de tasa de desempleo que siempre ha existido en España. En países como Islandia, Noruega, Irlanda, Portugal, o el Reino Unido no existe un impuesto a las rentas del trabajo por este motivo aunque sí aportaciones del Estado al pago de pensiones. En Australia, Dinamarca o México, por ejemplo, sólo existe un sistema privado de pensiones (datos de la OCDE).

Lo óptimo sería que la política se financiara de los ingresos del Estado como se hacen con  las carreteras, la sanidad, o la educación. Se trata de una política pública que es prioritaria para los ciudadanos por lo que su financiación debe ser prioritaria también. La eliminación total o parcial de manera selectiva de la cotización a la seguridad social para las rentas más bajas supone una pérdida de ingresos para el Estado que puede ser recuperada por diferentes vías.

En primer lugar el gobierno puede recuperar parte de la pérdida de recaudación a través del IRPF. Si el trabajador reclama a la empresa su salario bruto tras la desaparición de la cuota de la seguridad social en el momento de su declaración del IRPF su base imponible será mayor y como consecuencia la cuota resultante en su liquidación del impuesto será también mayor. En este momento los trabajadores estarán tributando y en consecuencia aportando al pago de las pensiones bajo el paraguas de un impuesto progresivo y con un carácter más redistributivo que la cotización a la seguridad social. De manera que las rentas más altas tendrán una aportación mayor. Si las empresas deciden retener el ahorro de costes y no invertir en aumentos de la producción ese ahorro permanecerá en su cuenta de resultados y el Estado podrá recuperar una parte vía impuesto de sociedades. No parece que una empresa decida aumentar la contratación del número de directivos porque se reduzca el pago de su coste de la seguridad, pero sí cabe esperar que el efecto sobre la contratación sea mayor en las rentas del trabajo más bajas donde el impuesto puede superar el 30% del coste laboral. Ya sea con nuevos contratos o aumentando las horas contratadas a los trabajadores ya existentes.

Es también en este segmento del mercado donde más economía sumergida existe, que junto con los autónomos de ingresos bajos serían también grandes beneficiados. Esta política también es un incentivo a la iniciativa empresarial al eliminarse el coste fijo que se les impone independientemente de los ingresos en el inicio de la actividad.

El efecto dependerá de las condiciones específicas de cada empresa, si ésta emplea su ahorro de coste para rebajar los precios de sus productos y ganar en competitividad cabe esperar que aumente su demanda, por lo que necesitará contratar más horas de trabajo para atenderla. En ese caso el efecto también se hará notar en sus clientes. No cabe esperar tampoco una respuesta homogénea de las empresas en esta línea, dependerá en primer lugar de la importancia del gasto en mano de obra en sus estructuras productivas, y de la estructura de los mercados en los que venden sus productos. Si las empresas operan en mercados altamente competitivos ya sean nacionales o extranjeros sí cabe esperar que bajen sus precios para aumentar sus ventas. Si los mercados son poco competitivos ese efecto se irá diluyendo.

La pérdida de ingresos por cotización a la seguridad social puede ser compensada con políticas fiscales finalistas en políticas y servicios que aunque son importantes para la sociedad ocupan una posición inferior en las preferencias de los ciudadanos. Sin duda los ingresos del Estado son limitados, y en consecuencia, si lo que los ciudadanos desean es que se financie esta política deberá ser a costa de que se paguen otras. En este sentido existen muchas oportunidades que pueden ayudar también a introducir eficiencia en la economía. En muchos países por ejemplo, es habitual que se pague por el uso de las carreteras u otras infraestructuras. Esto tiene varias ventajas: ajusta el gasto público a las verdaderas necesidades de la demanda. Nadie duda de que haya que pagar una tasa por el uso de un aeropuerto, o por el uso del metro o incluso de un autobús público, por qué no debería pagarse también por una carretera. De Rus y Romero (2004) en su trabajo demuestran como incluso en carreteras donde hay congestión el pago de un canon en función del tráfico puede ser suficiente.

En nuestro país queda mucho por hacer aún en inspección fiscal. Según un informe de Funcas la pérdida de recaudación anual por economía sumergida asciende a 31.000 millones de euros. Por otro lado el aumento de la esperanza de vida hace inviable financieramente el actual sistema de jubilación ya que supone más años para las arcas del Estado. Según el trabajo de Wang et al (2012) la esperanza de vida ha aumentado de 56,4 a 67,5 años para los hombres y de 61,2 a 73,3 años para la mujeres en los últimos 40 años. Para los niños recién nacidos la esperanza de vida aumenta una media de 3 a 4 años en cada decenio. Conforme aumenta la esperanza de vida también aumenta la calidad y las condiciones físicas. Una opción es hacer flexible el mantenerse en el mercado de trabajo de manera voluntaria y permitir la recepción de una pensión por jubilación del Estado de manera parcial en función de la renta.

Por otro lado, la política del pago de pensiones debe cambiar e introducir racionalidad en su gestión. La política debe garantizar un subsidio social que debe tener como fin compensar la falta de poder adquisitivo de las personas que por motivos de edad y físicos no pueden realizar un trabajo para garantizar su subsistencia. En consecuencia debería integrarse con la política de dependencia y el someter su pago a la disponibilidad de renta de los beneficiarios. El subsidio más alto debería ser destinado a la persona con más necesidades por su dependencia y por su nivel de renta.

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tendrán el éxito las propuestas de los partidos políticos que se presentan a elección el próximo veinticuatro de mayo?

¿Hace falta algo más?¿Es verdad que el sistema no funciona como dicen muchos ciudadanos?¿Qué determina que un país sea pobre o rico? La respuesta es democracia, el grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones, su nivel de politización determina el éxito de las propuestas políticas, por muy buenas que sean.

Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Why Nations Fail? Explican que el éxito o el fracaso en términos de bienestar de un país está en función de su nivel de democracia, del grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones. ¿Realmente rigen en nuestro país los principios básicos de Libertad, Igualdad de Oportunidades, Solidaridad, Unión? En 1995 Mouro en su trabajo Corruption and Growth demostró econométricamente la correlación positiva que existe entre el nivel eficiencia de la burocracia de un país y su estabilidad política. Encontraron que los países más pobres eran siempre  más corruptos y políticamente más inestables. La corrupción repercute negativamente en la tasa de inversión de un país, lo que se acompaña de menor crecimiento económico, menor empleo, menores ingresos para las administraciones públicas, peores servicios, peores políticas redistributivas y en definitiva, mayor desigualdad. La corrupción me apuntilló una buena amiga hace unos días genera falta de confianza, alimenta la economía sumergida, daña la imagen exterior y reduce las inversiones.

¿Es garantía de bienestar la disponibilidad de recursos naturales? Un político canario muy destacado, y respetado, me comentó el caso de Guinea Ecuatorial: con sólo 1,7 millones de habitantes, produjo según BP Statistical Review 283.000 barriles de petróleo en 2012. Su renta per cápita en 2013 según el Banco Mundial fue 20.581 dólares. Sin embargo el 77% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Guinea ocupa el puesto 136 en el índice de desarrollo humano de la ONU y el 190 en el ranking de libertades políticas y derechos www.freedomhouse.org.

Acemoglu y Robinson destacan en su libro que los países crecen en bienestar a medida que sus instituciones son más inclusivas y democráticas. Es decir, en la medida que son más representativas de las preferencias de los ciudadanos. El motivo es que la riqueza se reparte de manera más igualitaria y se crean más oportunidades para todos los ciudadanos. En cambio cuando en un país las élites extractivas, o grupos de poder son muy influyentes sobre los gobiernos, los países son más pobres. Como también explicó un gran amigo, se forman clases sociales no permeables que favorecen la desigualdad. En nuestro país ocurre así. Muchas familias hacen esfuerzos muy importantes para garantizar una educación y formación de calidad a sus hijos, y muchas veces sus esfuerzos no se ven recompensados con posiciones acordes en la sociedad. En nuestro país funciona mejor las relaciones sociales y familiares que la meritocracia lo que resulta desolador. Muchos analistas han calificado a España como el capitalismo de amiguetes.

Carmelo León y Jorge Araña en su trabajo Relación entre Corrupción y Satisfacción han estimado un coste de la corrupción en España de hasta 39.500 millones de euros al año. En particular Canarias es la Comunidad con el mayor coste per cápita, 79,07 euros al mes. La media del país la fijaron en 69,5 euros al mes. El mayor coste total lo encontraron en Andalucía. La consecuencia de nuevo es la desigualdad, así, España es el país de la OCDE donde más ha crecido el índice de Gini entre 2007 y 2012, por encima de Irlanda y Grecia que son los que nos siguen a continuación.

Víctor la Puente en su blog concluye que la principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Aunténticas redes clientelares esperando a que un partido gane las elecciones. La politización de las instituciones. Lo que conocemos todos como las famosas puertas giratorias, los consejos de administración cargados de políticos con escasa o nula capacidad de gestión. Como comentó un compañero la clase política ha invadido espacios que no le corresponden y debe achicarse, no puede ocupar el espacio que le corresponde a la sociedad civil. Las empresas públicas y las instituciones de gestión deben estar manejadas por profesionales. No es necesario un político en un cargo de gestión. Nos beneficia más a todos que una empresa pública la gestione un experto. El contenido político debe venir desde más arriba solo con la definición de los objetivos que se deben perseguir con su gestión.

¿Qué ocurre en Canarias, por qué nuestras tasas tan altas de precariedad económica? Las respuestas más destacadas: un exceso de burocracia ineficiente, una ley que paraliza la oferta turística, exceso de politización de las instituciones y una muy restrictiva ley electoral. ¿Qué se debe hacer de manera urgente en Canarias para establecer el entorno adecuado para la ejecución de las mejores propuestas de los partidos políticos en estas elecciones? Revisión de la composición y funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias, para transformarla en una agencia despolitizada y transparente, que cumpla la función de velar por la legalidad vigente y por los intereses reales de los ciudadanos. Modificar nuestra ley electoral y reducir la barrera de acceso al Parlamento de Canarias, por medio de la habilitación de una única barrera electoral limitada al ámbito insular, con un corte del tres por ciento de los votos válidamente emitidos y corregir la representación democrática de los canarios en su Parlamento. Revisar y refundar la normativa turística y finalmente también establecería como prioridad la evaluación socioeconómica de grandes inversiones y políticas públicas con trasparencia.

Canarias dispone de recursos para generar bienestar social para todos.

La economía canaria se apoya en su industria turística basada principalmente, en un turismo de sol y playa que aporta el 51,2% del producto interior bruto de las islas, un 20,8% del empleo directo y un 10,4% de empleo indirecto. Sin embargo, a pesar de que en 2014 Canarias recibió casi trece millones de turistas, la tasa de paro en las islas superó el 30% en el primer trimestre de 2015, sólo superada por Andalucía y Ceuta. En particular 343.500 personas están aún sin empleo según la encuesta de población activa. Esto genera una espiral de precariedad y pobreza que afecta a los canarios y que nos dejó en 2013 con una renta media por persona de 9.313 euros al año, y al 21% de la población con una renta inferior a 450 euros al mes. Como referencia, la renta media en España en 2013 fue de 15.635 euros, en la Europa de los veintiocho, 17.617 euros al año. Todos son datos del Instituto Canario de Estadística y del Eurostat.

¿Cómo es posible que esto ocurra en Canarias a pesar de la fuerte demanda turística? Porque no es posible, ni tampoco deseable, que una sola industria solvente por sí sola la economía de un país, y eso ocurre también en las islas. En 2013 nos visitaron 12,1 millones de turistas que dejaron un gasto en destino de 4.076 millones de euros. En 2014 nos visitaron 800.000 turistas más, y el gasto aumentó sólo en 144 millones de euros. De hecho supuso que entre ambos períodos el gasto diario por persona y día bajase de 38 a 36 euros aproximadamente. De nuevo, todos son datos del Instituto Canario de Estadística.

¿Por qué ocurre esto?¿Por qué el gasto es tan bajo? En primer lugar porque Canarias como destino turístico compite con destinos peninsulares como Andalucía, Valencia, Cataluña, Baleares y con destinos internacionales como Turquía, Grecia o Francia, y lo hace con un producto relativamente homogéneo y poco diferenciado, el sol y la playa. Entre los competidores de las islas cabe destacar el caso de la Riviera Turca como destino que en la última década ha aumentado fuertemente su demanda hasta los 37 millones de turistas. 20 millones más sólo en diez años (información obtenida del informe CAPTE sobre la competitividad turística en Canarias). Además Turquía cuenta con una coste de mano de obra más bajo, con infraestructuras modernas y con ayudas estatales al transporte, por lo que se convierte en un nuevo y fuerte competidor.

¿Qué se puede hacer para aumentar la generación de riqueza en las islas? Para garantizar un futuro sostenible es necesario sumar nuevos pilares a la economía de las islas que generen riqueza y que sean capaces de absorber la población que no tiene acceso al empleo. Esto debe hacerse a partir de los pilares que ya existen, turismo en industria canaria, y contando con los recursos que disponemos, territorio, clima y nuestro valiosísimo capital humano. Empeñarse en generar riqueza solo bajo el modelo de un turismo de masas requiere aumentar mucho en volumen y en consecuencia también dotar de más servicios públicos costosos, casi trece millones de turistas que también demandan carreteras, servicios sanitarios, agua potable, generan residuos y consumen electricidad que en Canarias depende en un 94% del petróleo para su generación. Además requiere una ocupación intensiva del territorio.

La clave está en integrar en nuestra demanda también a un turista con mayor perfil de gasto. Pero para ello no basta con políticas de promoción en ferias y campañas con el eslogan por todos conocidos: Canarias es el paraíso. ¡De verdad Canarias tiene que ser un paraíso! El turista que nos visita quiere vivir una experiencia, si realmente somos un paraíso seremos capaces de hacer realidad ese eslogan y ofertar una verdadera experiencia a los que nos visitan. En definitiva ofrecerles un producto diferenciado y así incidir en el perfil de gasto del turista atrayendo visitantes a nuestras islas con mayor capacidad de gasto. Cuando alguien visita Las Galápagos vive una experiencia única y por ello está dispuesto a pagar un precio superior. Cuando se visita París o Nueva York, la experiencia es única, no hay otra ciudad igual. Cuando se visita Holanda, ocurre otro tanto de lo mismo.

Para que las islas se conviertan en una experiencia disponemos de recursos naturales y culturales que lo permitirían, de hecho en algunas islas ya es así. Sobre todo en las islas de mayor población es imprescindible en primer lugar, renovar la oferta turística en gran parte obsoleta y que está condicionando también la demanda que nos visita. Pero además el turista cuando pone el pie fuera del hotel en el que está alojado, debe poder encontrar una oferta complementaria que se corresponda con la imagen de marca #CanariasElParaiso. Esto requiere recuperar y potenciar el entorno medioambiental y la biodiversidad marina y terrestre: Intervenir en el territorio para darle valor y ganar turistas de mayor valor.

Las acciones sobre el entorno natural y de la biodiversidad terrestre suponen en muchas islas la recuperación de la flora y la fauna mediante acciones directas de reforestación, selvicultura, limpieza y adecentamiento de caminos y barrancos que genera por sí mismo un tejido industrial de pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra. Esto es posible hacerlo con una política fiscal finalista de bajo impacto y con garantías totales de transparencia del gasto. La experiencia en tierra al turista requiere también que se complemente la oferta turística con infraestructuras urbanísticas de calidad y una oferta colateral de servicios que lo acompañe, también servida por pequeñas y medianas empresas intensivas en empleo.

Lo mismo ocurre con la recuperación de los entornos marinos con acciones dirigidas principalmente a protegerlo de la acción del hombre para que éste se recupere por sí solo. La protección se consigue en primer lugar, controlando los vertidos al mar de depuradoras, desaladoras y polígonos industriales que pueden generar concentración de nutrientes que terminan alterando la biodiversidad marina. La concentración de medusas es un ejemplo del impacto global de este tipo de efectos. Y en segundo lugar reservando determinadas áreas principalmente de la pesca no profesional, un 60% del total en la actualidad. La disponibilidad de un ecosistema marino protegido y rico en flora y fauna tiene beneficios directos: en el Hierro, por ejemplo, la reservas pesqueras han permitido la recuperación y potenciación de la flora y fauna marina, haciendo compatible la existencia de la industria artesanal pesquera, y la explotación turística de los fondos marinos del Hierro colocando a esta isla en destino de referencia a nivel europeo en submarinismo y fotografía submarina.

Además de la pesca artesanal y las actividades deportivas vinculadas, un mar limpio y protegido como recurso ofrece también otras alternativas de desarrollos de industria como es el caso de la producción pesquera en cautividad. En las islas, la combinación del recurso mar y capital humano altamente cualificado vinculado a la universidad, puede dar lugar a sinergias entre iniciativa privada y de investigación desde nuestras universidades que permitan el desarrollo de una industria competitiva a nivel internacional. El capital humano es aportado desde las universidades con biólogos, graduados en Ciencias del Mar e ingenieros, que puedan colaborar desde la investigación. El Gobierno de Canarias es un agente fundamental en el desarrollo de esta sinergia porque tiene a su alcance la posibilidad de establecer el marco legal adecuado con el desarrollo de una ley de mecenazgo que lo favorezca. Esta era una de las conclusiones del reciente debate desarrollado en Twiter y promovido desde las dos Universidades canarias disponible en #CanariasIDi .

La Investigación, el desarrollo y la innovación también están presentes en los procesos de recuperación de los ecosistemas naturales terrestres. No sólo consiste en plantar árboles, también resulta indispensable la investigación para conseguir los resultados óptimos y garantizar el equilibrio natural de los ecosistemas. Por otro lado, las islas como parte integrante de la Macaronesia disponen de una rica biodiversidad que es foco de atracción también para el mercado vinculado a la investigación científica.

Esas son las líneas en el entorno pero, ¿que se puede hacer para mejorar la calidad de la oferta turística? Sin duda la oferta obsoleta debe ser renovada, pero la experiencia en Canarias demuestra que por sí sola no es capaz de modernizarse. Además hay un elemento crucial, en muchos lugares la infraestructura obsoleta ocupa las mejores parcelas, las más atractivas de cara al empresario por estar mar cercanas al mar, las que en caso de que pudieran recuperarse generarían la máxima rentabilidad empresarial y social. De poco sirve construir nuevas instalaciones alojativas turísticas en parcelas no ocupadas y ya calificadas, si para acceder al mar y a las playas es necesario atravesar una barrera de infraestructura hotelera y urbanística obsoleta.

Hace unos días pude sentarme con un gestor hotelero que ha conseguido superar la actual e ineficiente maraña burocrática y ya consigue de manera inminente renovar su oferta alojativa transformando su actual establecimiento turístico en un hotel que duplica sus ingresos diarios por persona. Con el mismo número de plazas hoteleras su rentabilidad financiera se va a duplicar. Pero además, nos beneficiamos todos los canarios con su decisión porque su cliente pasa a ser un turista con un perfil de gasto mayor, cuando pisa fuera del hotel también deja mucho más dinero en los establecimientos que visita y en los servicios que contrata. Su hotel, de mayor categoría también es más intensivo en empleo.

¿Pero con que dificultades se ha encontrado para alcanzar esa renovación? En primer lugar, una maraña administrativa que le ha llevado seis años superar. En segundo lugar, una legislación excesivamente intervencionista que ve limitada y dirigida desde el gobierno actual su decisión empresarial de inversión y que lo somete a un mercadeo de camas. En tercer lugar el sobrecoste de la rehabilitación que puede estar entorno al treinta por ciento frente a una nueva construcción según lo expertos. Y finalmente, la atomización de la propiedad.

¿Qué se puede hacer desde el Gobierno de Canarias para facilitar la modernización y rehabilitación? En primer lugar, incidir en la maraña burocrática de manera clara y decisiva para transformarla en proactiva y facilitadora de la inversión. En segundo lugar haciendo desaparecer el mercadeo de camas, el empresario es quien mejor puede tomar la decisión de en qué, y cómo invertir. Porque es quien mejor conoce sus recursos económicos y a los clientes a los que desea dirigirse.

Finalmente, es necesario darle a los inversores una pértiga económica potente que les permita a los empresarios turísticos superar los otros dos obstáculos. Esa pértiga consiste en una bonificación fiscal lo suficientemente potente para que las empresas puedan sobrepasar ambos cortes. Una posibilidad podría ser una bonificación fiscal temporal del impuesto de sociedades que fuera asumida desde el gobierno central como contraprestación a la deuda económica con las islas que se ha tasado en 800 millones de euros. Otra alternativa podría ser a través de una bonificación del IGIC temporal hasta que el empresario recupere su inversión que se podría hacer a coste a coste cero para la tesorería pública canaria. Ese es el empujón directo que necesita nuestra principal industria para empezar a cambiar la calidad de su oferta y sumar pilares al bienestar social de nuestras islas.